EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, llevará este viernes a la cumbre informal de líderes de la UE en Dublín el acuerdo marítimo entre Turquía y Libia, ratificado por las autoridades del este del país el 20 de octubre.
- ¿Quién está detrás? Atenas, con Chipre y Egipto alineados, frente a Ankara. La Comisión y el Consejo ya lo declararon nulo y sin efecto. La agenda oficial de la cita era la IA y Ucrania.
- ¿Qué impacto tiene? Si Grecia formaliza su petición de sanciones, el Consejo necesita unanimidad y España es la capital grande más reticente a castigar a Turquía. BBVA, dueña de Garanti BBVA, es su mayor exposición.
Mitsotakis convertirá la cumbre UE-Turquía-Grecia del viernes en Dublín en un pulso por el acuerdo marítimo entre Ankara y Libia. La reunión informal de líderes estaba diseñada para hablar de inteligencia artificial y de Ucrania. Grecia quiere que los Veintisiete respalden que el pacto es nulo y ya advierte de que, si hay escalada, pedirá sanciones.
Un corredor diagonal entre Creta y Chipre que Atenas sitúa en su zona económica exclusiva
El texto se firmó en 2019 entre Ankara y el Gobierno libio reconocido por la ONU en Trípoli, pero no fue hasta el 20 de octubre cuando las autoridades rivales del este del país lo ratificaron por unanimidad. Ese es el detalle que ha encendido todas las alarmas en Atenas: un memorando contestado se ha convertido en posición de Estado compartida por dos administraciones que se combaten sobre el terreno.
La reacción europea llegó el mismo día. La Comisión Europea y el Consejo emitieron una declaración conjunta que calificaba el acuerdo de contrario al Derecho del Mar y nulo y sin efecto. Egipto, Baréin, Chipre, Israel y Emiratos Árabes Unidos lo rechazaron en términos parecidos. Ankara, por boca de su Ministerio de Exteriores, acusó a Bruselas de asumir las posiciones ‘maximalistas e ilegales’ de griegos y chipriotas, ‘desconectadas de la realidad’.
El cable de 1.900 millones que Ankara puede convertir en arma de presión
En Dublín, Grecia no pedirá todavía un paquete de sanciones. Pedirá respaldo político por escrito y dejará constancia de que la puerta queda abierta. ‘Grecia ha declarado explícitamente que, en caso de cualquier escalada, solicitará sanciones y apoyo a la Unión Europea’, dijo la semana pasada el ministro de Exteriores, Giorgos Gerapetritis, en una entrevista televisiva.
Mitsotakis ya exhibió un mapa en la Asamblea General de la ONU de septiembre para explicar que no existe precedente de una delimitación ‘diagonal’. ‘La geografía no se puede reescribir y los derechos soberanos no se borran trazando líneas arbitrarias sobre un mapa’, dijo entonces. La frase se ha convertido en la doctrina oficial de Atenas para los próximos meses.
El problema de fondo no es cartográfico, sino eléctrico. El último informe de la Comisión sobre Turquía señala expresamente que Ankara sigue obstruyendo la interconexión eléctrica entre Grecia y Chipre, un proyecto de 1.900 millones de euros que quedó interrumpido en 2024 por el pulso entre ambos países. Hace tres meses, la francesa Meridiam se convirtió en accionista mayoritaria y esta semana un buque francés ha zarpado de Heraklion para empezar a trabajar sobre el lecho marino.
El pacto firmado en 2019 no ha cambiado; lo que ha cambiado es que ahora dos Gobiernos libios lo dan por válido y Bruselas solo tiene palabras.
Ankara no oculta su hoja de ruta. Su objetivo declarado es codificar antes de que acabe el año la doctrina Patria Azul (Mavi Vatan), la tesis que convierte el Mediterráneo oriental en área de interés vital turca. ‘En el Mediterráneo oriental, varias divergencias sobre fronteras marítimas han ampliado la brecha entre Turquía y los Gobiernos de la UE’, resume el analista de Carnegie Europe Marc Pierini. Erdoğan lo dijo en su último consejo de ministros: ‘Esperamos que respeten la voluntad conjunta de nuestro país y de Libia’.
El Eje del Poder Europeo
La geometría del asunto explica por qué la cita de Dublín puede descarrilar. París es el actor con más incentivos para endurecer el tono: Meridiam es francesa, el buque que trabaja frente a Creta es francés, y la Marina gala patrulla la zona desde 2020. Berlín, en cambio, mira hacia otra parte. Su industria automovilística y su comercio con Turquía pesan más que un mapa, y el Ejecutivo alemán ha bloqueado en el pasado cualquier lenguaje que rozara sanciones sectoriales.
Los frugales del norte (Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria) no quieren abrir un frente nuevo con un aliado de la OTAN mientras cuadran el reparto de la ayuda a Ucrania. El grupo de Visegrado tiene su propia lógica: Budapest vetaría cualquier conclusión dura contra Ankara y Varsovia solo piensa en el mar Negro. Nadie firma cheques por un mapa.
El Sur, y aquí entra España, es donde la cosa se complica. Cualquier decisión de sancionar a Turquía exige unanimidad en el Consejo, y Madrid ha sido históricamente la capital grande de la UE menos entusiasta con esa vía. La agenda positiva con Ankara que Pedro Sánchez impulsó en 2021, el papel español en el deshielo tras los terremotos de 2023 y la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022 explican esa reticencia. Detrás hay intereses concretos: BBVA controla Garanti BBVA, una filial que aporta cerca de una quinta parte del beneficio del grupo, y España es uno de los mayores inversores europeos en el país.
A eso se suma un cálculo jurídico que en La Moncloa nadie quiere romper. España no reconoce delimitaciones marítimas unilaterales, y tiene su propio contencioso atlántico con Marruecos desde que Rabat trazó en 2020 una ley de fronteras que incluía aguas frente a Canarias. Avalar que un acuerdo bilateral entre dos Estados redibuja derechos de un tercero sentaría un precedente que Madrid podría encontrarse después en el Sáhara. Ese, y no otro, es el argumento que la delegación española usará si Atenas formaliza su petición.
La lectura estratégica es incómoda para Bruselas. En 2020, durante el pulso del buque sísmico Oruç Reis, el Consejo Europeo amenazó con sanciones y acabó aplazándolas primero y diluyéndolas después en una agenda positiva que nunca se cerró. Seis años más tarde el patrón se repite: declaraciones conjuntas, calificativos jurídicos y ninguna herramienta automática. El riesgo inmediato no es una ruptura, sino la erosión; cada actor aprende que la línea roja europea se mueve.
Los hitos para medirlo son concretos. Este viernes se verá si las conclusiones informales mencionan el Mediterráneo oriental o si Ucrania y la IA se comen la cita. Después, el Consejo de Asuntos Exteriores y el Consejo Europeo de diciembre serán la prueba de si Atenas consigue al menos una frase vinculante. Y antes de fin de año Ankara quiere tener aprobada su Patria Azul, con lo que el próximo choque no será sobre un memorando de 2019, sino sobre legislación turca en vigor. El precedente de 2020 invita a la prudencia: allí donde Europa prometió castigos, acabó negociando energía.
