La reforma tributaria de Colombia afronta cuatro debates definitivos y una fecha límite: el 16 de diciembre. Lo que salga de esas votaciones lo acabarán pagando también empresas españolas.
Cuatro debates y un calendario que no admite prórroga
Las comisiones económicas del Congreso de Colombia han empezado a designar a los ponentes que estudiarán y redactarán la recomendación final del articulado. Es el trámite menos vistoso y el más determinante. Ahí se decide qué artículos llegan vivos al hemiciclo y cuáles se quedan por el camino.
El recorrido no es corto: dos debates en las comisiones económicas conjuntas y dos más en las plenarias de Senado y Cámara, todo antes del 16 de diciembre. Cinco semanas para cuatro votaciones es un calendario que no admite distracciones. Y el punto de fricción está identificado: el IVA aplicado a los productos de consumo básico, según la información publicada por El Tiempo.
La oposición no llega con las manos vacías. El Partido Conservador prepara sus propias alternativas y ha avisado de que no presentará una contrarreforma, sino soluciones. En un Congreso fragmentado ese matiz pesa: no es lo mismo tumbar que enmendar.
Qué se juega España en el Congreso de Colombia
Colombia es uno de los principales destinos de la inversión española en América Latina, y no por casualidad. Telefónica, Repsol, Mapfre, Banco Santander, Acerinox y ACS llevan años operando allí, junto a decenas de compañías medianas de servicios, ingeniería y alimentación. Cualquier cambio en el impuesto de sociedades les toca el bolsillo el mismo día en que se publica en el diario oficial.
El precedente no tranquiliza. La reforma aprobada en 2022 dejó el tipo general del impuesto de sociedades en el 35 % y eliminó la deducibilidad de las regalías para el sector extractivo, una medida que golpeó de lleno a las energéticas y a la minería con capital europeo. Aquel ajuste cambió la rentabilidad de proyectos ya firmados. La pregunta ahora es si el texto que se tramita repite la fórmula.
Cuatro votaciones en cinco semanas pueden alterar el coste fiscal de una inversión extranjera durante toda una década.
Hay una segunda pieza que pasa más desapercibida y que importa igual: la ley de ajuste fiscal, el instrumento con el que el Estado cuadra lo que recauda con lo que gasta. Si esa norma recorta inversión pública, las constructoras españolas con contratos de obra e infraestructura en el país notarán el freno antes que nadie. Menos obra pública, menos pedidos.
Y luego está el asunto de fondo, el que no sale en los titulares: la percepción de seguridad jurídica. España y Colombia tienen un acuerdo bilateral de protección de inversiones, pero ningun tratado cubre el coste reputacional de una reforma que se perciba como retroactiva. Para una empresa que duda entre abrir sede en Bogotá o en Lima, el mensaje que salga de este trámite pesa más que el tipo final.
Del fiasco de la ley de financiamiento a esta encrucijada
Conviene retroceder un momento. A finales de 2024, el Congreso colombiano hundió la ley de financiamiento que debía cubrir el hueco del presupuesto. Fue un choque entre el Ejecutivo y un Legislativo que no se sentía obligado a aprobar lo que le llegaba. La reforma actual arranca con esa cicatriz, y con un Ejecutivo que ya sabe lo que cuesta perder una votación de madrugada.
El patrón se repite en la región. Las reformas fiscales latinoamericanas de los últimos años se anuncian con vocación recaudatoria, se negocian en el Congreso y acaban funcionando como un termómetro de la confianza inversora. Chile, México y Perú han pasado por variantes del mismo guion. El capital extranjero no se marcha de golpe, pero deja de ampliar. Y ahí España tiene mucho que perder: es uno de los inversores históricos en la zona.
Los próximos pasos son concretos y medibles. Primero, la composición de los ponentes: quién redacta la recomendación final dice más del resultado que cualquier discurso de plenaria. Después, la suerte del IVA a la cesta básica, que decide si la reforma es socialmente digerible o un polvorín. Y al final, el 16 de diciembre. Si el articulado no llega a tiempo, todo vuelve a empezar.
En Bogotá, las filiales españolas hacen cuentas con el articulado en la mano y los presupuestos del próximo ejercicio sobre la mesa.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Las comisiones económicas del Congreso de Colombia designan ponentes para la reforma tributaria y la ley de ajuste fiscal, que deben superar cuatro debates antes del 16 de diciembre.
- Datos importantes: Cuatro votaciones en menos de cinco semanas; el escollo central es el IVA de los productos de consumo básico. La reforma de 2022 fijó el impuesto de sociedades en el 35 %.
- Resumen: El resultado del trámite condiciona la seguridad jurídica que perciben las empresas españolas implantadas en Colombia, uno de los destinos clave de la inversión española en la región.
