La UDEF ha identificado ya 252 fincas afectadas por la presunta doble venta del patrimonio de Ávila Rojas, 242 de ellas en Granada y la Costa Tropical.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La UDEF amplía a 252 fincas el mapa de la presunta doble venta de inmuebles de Ávila Rojas que ya habían sido vendidos a particulares hace décadas.
- ¿Dónde y quién? 242 inmuebles en Granada y la Costa Tropical y una decena entre Marbella y Estepona. Instruye la causa la plaza 5 del Tribunal de Instancia de Marbella.
- ¿Qué supone para los ciudadanos? La jueza mantiene paralizadas las inscripciones registrales; las familias con escrituras sin inscribir deben revisar su situación y conservar títulos y recibos.
Una trama de 252 fincas repartidas por doce distritos registrales
El oficio ampliatorio de la UDEF, la unidad de la Policía Nacional especializada en delincuencia económica, ha seguido el rastro de los bienes por doce distritos registrales para comprobar la situación real de cada inmueble. La causa la instruye la plaza 5 del Tribunal de Instancia de Marbella por presunta estafa inmobiliaria, falsedad documental y blanqueo de capitales. Los señalados son el empresario José Ávila Rojas, el apoderado de la mercantil, el comprador del patrimonio, las empresas con las que operó y el notario que autorizó las firmas.
Los investigadores ven indicios de que la promotora granadina, que traspasó patrimonio ya vendido a particulares hace medio siglo, y el fondo de inversión que compró los inmuebles actuaron de forma «concertada y estudiada», con la «anuencia» notarial. La UDEF considera que Ávila Rojas «conocía sin lugar a dudas» que las viviendas no eran suyas y que el gestor del fondo sabía de antemano en qué estado estaba cada finca.
El número de perjudicados no equivale al de fincas. Hay al menos diez familias identificadas y tres sociedades que compraron después parte de los bienes al fondo y se han topado con dueños legítimos. Cerrar la cifra es difícil: muchas casas se adquirieron hace décadas con contratos privados o escrituras que nunca se inscribieron, y abundan las participaciones indivisas entre herederos. En Granada y la Costa Tropical ese tipo de transmisión sin registro no es una rareza en el parque residencial más antiguo.
Escrituras con datos falsos y familias tratadas como «okupas»
Las escrituras incorporaban información falsa. Afirmaban que las viviendas estaban ocupadas ilegalmente o que arrastraban deudas comunitarias y tributarias, cuando eran el domicilio de familias al corriente de pago desde hacía décadas. Los residentes contactados por la Policía disponían de títulos legítimos, algunos sin inscribir. La UDEF subraya la «inseguridad jurídica» generada: 38 de los protocolos los autorizó el mismo notario, muchos con una supuesta urgencia como coartada para eludir la comprobación de la titularidad real.
Una casa comprada hace cuarenta años con papeles privados puede acabar en manos de un fondo por una firma notarial que nunca comprobó quién vivía dentro.
El mecanismo es el otro punto que más ha llamado la atención de los agentes. Empleados vinculados al empresario investigado pedían certificaciones de dominio y cargas para provocar la cancelación por caducidad de anotaciones antiguas: aprovechaban que ciertos embargos habían superado el plazo legal para borrarlos y presentar las fincas como libres de gravámenes ante compradores de buena fe.
La operativa económica pasaba casi entera por una cuenta en Holanda, un extremo que a los investigadores les ha llamado «poderosamente la atención». También han detectado el pago de honorarios y comisiones a varios intermediarios en las propias escrituras. La venta del patrimonio se fraguó en mayo de 2025 por seis fincas de Marbella y otras propiedades sin detallar; el precio se fijó primero en 15 millones de euros y después se tasó entre uno y dos millones.
El fondo transfirió luego inmuebles a tres sociedades por 395.000, 265.000 y 195.000 euros. Al descubrir que las casas tenían dueños previos, esos empresarios han comparecido por su cuenta ante la Policía para renunciar a sus derechos y presentarse como perjudicados.
Sobre la sociedad granadina pesaba una declaración de insolvencia: en 2007 suscribió un convenio de suspensión de pagos y Ávila Rojas abrió un proceso concursal como persona física. Los activos que quedaban salieron a subasta judicial o a ventas forzosas, un goteo que se aceleró tras la condena del Caso Malaya y otras por fraude fiscal, origen de un «embargo masivo». De ahí las dudas sobre si podía disponer de ese capital inmobiliario.
La instrucción maneja además episodios de intimidación a los residentes, con supuestos agentes de policía y la figura de un falso abogado formado en Yale, extremos que aún deben acreditarse. La jueza de Marbella mantiene la medida cautelar que paraliza las inscripciones para proteger a los propietarios. La mercantil no ha respondido, por ahora, a las preguntas de este medio.
La Lectura Andaluza
El caso importa en Andalucía por tres razones. La primera es el peso del ladrillo: el parque residencial de Granada, Marbella y Estepona, en la provincia de Málaga, se ha convertido en objeto de deseo de fondos que compran carteras enteras, y la seguridad jurídica es la única garantía del pequeño propietario.
La segunda es registral. El Registro de la Propiedad depende del Estado, no de la Junta de Andalucía, que no puede intervenir en la inscripción aunque acompaña a los afectados desde los servicios de vivienda y consumo. Conviene no buscar en la ventanilla equivocada la solución a un problema de titularidad.
Hay una tercera razón, y es de andar por casa. Quien compró su vivienda en los años ochenta con un contrato privado, paga su IBI y guarda las facturas de la luz tiene pruebas para defenderse, pero solo si las conserva y las ordena. El consejo es simple: comprobar si la finca está inscrita, pedir la nota simple, guardar escrituras, recibos y certificado de empadronamiento y, ante cualquier requerimiento extraño, no firmar nada y consultar con un abogado.
Lo que viene es una instrucción larga. La causa de Marbella sigue abierta, la UDEF ha pedido profundizar en la línea del blanqueo y el número de fincas puede crecer conforme se revisen los doce distritos registrales. Las cautelares siguen vigentes: ninguna de esas 252 fincas puede inscribirse hoy a nombre de un tercero. En una tierra donde la casa es el ahorro de toda una vida, la lección es incómoda y útil a la vez: los papeles viejos valen, y mucho, cuando alguien intenta vender lo que no es suyo.
