La Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso de una conductora con graves problemas visuales y ha declarado su incapacidad permanente total para el desempeño de su profesión habitual. La resolución reconoce el derecho a percibir una prestación equivalente al 75 por ciento de una base reguladora mensual de 865,42 euros.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha estima el recurso de una trabajadora dedicada al transporte de afectados y declara la incapacidad permanente total para su profesión habitual. La nota oficial del CGPJ no identifica el número de sentencia ni la fecha exacta de dictado.
- ¿Qué base jurídica aplica? El concepto legal del artículo 194.1 de la Ley General de la Seguridad Social, junto a la valoración conjunta de un cuadro clínico integrado por cataratas en el ojo derecho, agujero macular cerrado, ojo ambliope y cervicoartrosis.
- ¿Qué impacto tiene? Consolida el criterio de que la profesión habitual se mide por las tareas realmente ejecutadas y por sus exigencias psicofísicas, con una prestación del 75 por ciento de la base reguladora.
De la baja médica a la denegación de la prestación
La interesada desempeñaba su labor como encargada del transporte de afectados en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. El puesto exigía conducción continuada y traslado de personas dependientes, de modo que la capacidad visual operaba como requisito material de la prestación de servicios.
Tras un prolongado proceso de baja médica, la solicitud fue denegada el 29 de abril de 2024. El informe médico que sostiene la pretensión detalla un cuadro clínico compuesto por cataratas en el ojo derecho, agujero macular cerrado, ojo ambliope y cervicoartrosis. La impugnación de esa denegación ha culminado con la estimación del recurso por la Sala de lo Social.
El fallo: incapacidad permanente total y prestación del 75 por ciento
El tribunal declara la incapacidad permanente total y reconoce la prestación del 75 por ciento sobre una base reguladora de 865,42 euros mensuales. El artículo 194.1 de la LGSS define ese grado como el que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de su profesión habitual, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
La Sala no aprecia una limitación meramente transitoria o susceptible de corrección, sino un déficit visual estructural que compromete la actividad esencial del puesto. La valoración conjunta del cuadro, visual y osteoarticular, desplaza el análisis atomizado de cada dolencia considerada de forma aislada.
El fallo convierte el déficit visual estructural en el criterio decisivo de la incapacidad permanente total cuando las tareas habituales exigen conducción y vigilancia permanente.
El pronunciamiento produce efecto directo entre las partes: la trabajadora consolida el derecho a la prestación y la entidad gestora queda obligada a su abono en la cuantía fijada. La resolución no se proyecta como doctrina vinculante sobre litigios ajenos, aunque su ratio sí resulta invocable en supuestos análogos de puestos con exigencia de conducción.
Según la nota difundida por la Oficina de Comunicación del TSJ de Castilla-La Mancha, el texto íntegro de la resolución no consta aún en el CENDOJ, por lo que no puede verificarse la fundamentación jurídica literal ni el sentido de la votación.
La Doctrina del Tribunal
La resolución consolida la regla de que la profesión habitual se identifica con el puesto efectivamente desempeñado y con sus exigencias concretas, no con la categoría profesional genérica ni con el grupo de cotización. En ocupaciones que requieren conducción, el juicio sobre la incapacidad permanente total se traslada al terreno de las aptitudes psicofísicas exigibles por la normativa de seguridad vial, cuyos umbrales de agudeza visual son incompatibles con patologías maculares y con la ambliopía.
En cuanto a la base jurídica, el análisis se completa con el artículo 193.1 de la LGSS, relativo a los beneficiarios de la prestación, y con el artículo 24.1 de la Constitución, en lo que atañe a la exigencia de una valoración probatoria racional del material clínico. La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha reiterado que el enjuiciamiento debe recaer sobre el conjunto del cuadro clínico, sin que la ausencia de una dolencia aislada invalidante impida el reconocimiento cuando la suma de patologías inhabilita para el trabajo. La nota oficial omite el número de sentencia, de modo que no cabe determinar si la Sala introduce un criterio nuevo o aplica línea jurisprudencial previa.
El impacto afecta a los juzgados de primera instancia y a los juzgados de lo social que revisan denegaciones de la entidad gestora en puestos con requisitos psicofísicos. El porcentaje aplicado, superior al 55 por ciento ordinario del grado, no aparece motivado en la información oficial. La resolución es susceptible de recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, conforme a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que consten en la nota los plazos ni la firmeza del pronunciamiento.
FICHA DEL CASO
- El caso: Recurso ante la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha frente a la denegación de la incapacidad permanente solicitada por una trabajadora que prestaba servicios como encargada del transporte de afectados en una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer.
- Datos importantes: Artículos 193.1 y 194.1 de la LGSS; base reguladora de 865,42 euros mensuales; prestación del 75 por ciento. La nota del CGPJ no identifica el número de sentencia ni el sentido de la votación.
- Fecha de los juicios: Denegación administrativa de 29 de abril de 2024. No constan en la nota oficial la fecha de la vista ni la de dictado de la sentencia; la publicación en el CENDOJ está pendiente.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No se trata de un proceso penal.
