El Tribunal Supremo pregunta al TJUE si el Consorcio de Compensación de Seguros debe indemnizar un atropello intencionado sin seguro obligatorio. La Sala de lo Penal acordó por auto de 29 de abril de 2025 suspender el recurso de casación contra la condena por asesinato y elevar dos cuestiones interpretativas sobre la Directiva 2009/103/CE, en un procedimiento presidido por el magistrado Antonio del Moral García.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha acordado el tribunal? La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo suspende la casación y plantea cuestión prejudicial al TJUE mediante auto de 29 de abril de 2025.
- ¿Qué base jurídica aplica? La Directiva 2009/103/CE sobre seguro obligatorio y la definición interna de hecho de la circulación, que excluye el uso del vehículo para cometer delitos dolosos.
- ¿Qué impacto tiene? La respuesta decidirá si el Consorcio cubre daños intencionados; las cuantías pasaron de 353.448 euros a 235.632 euros en apelación.
Del jurado de Barcelona al auto de planteamiento
El sustrato fáctico lo fijó el Tribunal del Jurado. El 12 de julio de 2020, tras una pelea a las puertas de una discoteca de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), A. H. M. persiguió en coche a A. M. V., lo atropelló, dio la vuelta y volvió a arrollarlo; la víctima falleció ese mismo día. El conductor carecía de permiso y el automóvil no tenía contratado el seguro obligatorio.
La Audiencia Provincial de Barcelona, constituida en Tribunal del Jurado, condenó en septiembre de 2022 a 16 años y ocho meses de prisión por asesinato con alevosía y a cuatro meses por un delito contra la seguridad vial. La misma resolución declaró responsable civil directo al Consorcio de Compensación de Seguros, sin perjuicio de su derecho a repercutir las indemnizaciones sobre el condenado.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Cataluña confirmó la condena en marzo de 2023, aunque modificó el capítulo indemnizatorio y excluyó las compensaciones reconocidas a los abuelos. Las cuantías inicialmente fijadas en 353.448 euros quedaron reducidas a 235.632 euros.
El Consorcio formalizó recurso de casación con un argumento estrictamente jurídico: el empleo deliberado de un vehículo para cometer un asesinato no constituye un hecho de la circulación. La definición legal del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor excluye el uso del automóvil como instrumento para delinquir dolosamente contra las personas. La familia, representada por el abogado Álvaro Machado, sostiene que el derecho europeo impone una protección indemnizatoria equiparable a la de los accidentes de tráfico.
El litigio no discute la autoría del crimen, sino si la muerte dolosa causada con un vehículo integra el hecho de la circulación a efectos del seguro obligatorio.
Las dos preguntas elevadas a Luxemburgo
El auto de planteamiento formula dos interrogantes. El primero persigue dilucidar si la Directiva 2009/103/CE ya contenía, en la redacción aplicable a los hechos, la obligación de garantizar una protección equivalente a las víctimas de daños intencionados causados mediante vehículos. El segundo pregunta si un sistema estatal de ayudas a víctimas de delitos violentos puede asimilarse al seguro obligatorio cuando reduce las cuantías o excluye a determinados familiares.
La secuencia temporal condiciona la respuesta. El crimen se cometió en 2020, antes de la reforma europea de 2021, cuyo considerando noveno aborda expresamente la compensación de daños causados deliberadamente con vehículos. El tribunal español deberá precisar el texto vigente en el momento del siniestro y el margen de apreciación estatal.
El procedimiento cuenta con un antecedente que introduce incertidumbre. En sus conclusiones de julio de 2026, la abogada general Laila Medina consideró que la Directiva de 2009 no obligaba a indemnizar los daños intencionados en las mismas condiciones que un accidente de tráfico, pues la norma permite distinguir entre el uso ordinario del automóvil y su empleo deliberado para causar la muerte. Precisó que los Estados conservan libertad para articular una protección más amplia y que, si se exigiera un sistema alternativo equivalente, deberían respetarse importes mínimos y cubrirse los perjuicios morales de los familiares cercanos.
Las conclusiones no vinculan al tribunal. La última palabra corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; después, la Sala de lo Penal aplicará la interpretación al recurso de casación, que sigue suspendido. El pronunciamiento de Luxemburgo no consta publicado a fecha de hoy.
La Doctrina del Tribunal
La cuestión de fondo es la delimitación del hecho de la circulación como título de imputación del Consorcio. Si prospera la tesis de la familia, la doctrina extenderá la garantía del seguro obligatorio a los daños dolosos y situará el sistema público de ayudas como cobertura subsidiaria. Si prospera el criterio del Consorcio, se consolidará la exclusión de los delitos dolosos y estas víctimas quedarán remitidas a la legislación de ayudas a víctimas de delitos violentos.
La base jurídica es doble. La Directiva 2009/103/CE impone el aseguramiento obligatorio en su artículo 3 y fija los importes mínimos de cobertura; el derecho interno define el hecho de la circulación y atribuye al Consorcio el aseguramiento residual. El tribunal empleará un criterio teleológico de protección reforzada de la víctima, confrontado con la interpretación literal de la exclusión de los actos dolosos, y deberá resolver la eventual discordancia entre ambas normas.
El impacto excede del caso concreto y proyecta sobre reclamaciones derivadas de asesinatos, feminicidios y agresiones cometidas con vehículos como armas, en especial cuando el responsable carece de seguro y de patrimonio. No existe plazo preclusivo: la suspensión se mantiene hasta que el TJUE resuelva, momento a partir del cual la Sala de lo Penal dictará sentencia de casación y quedará fijado el criterio aplicable en los juzgados de primera instancia.
FICHA DEL CASO
- El caso: recurso de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la condena por asesinato del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Se discute la responsabilidad civil directa del Consorcio de Compensación de Seguros por un atropello intencionado con vehículo sin seguro.
- Datos importantes: auto de 29 de abril de 2025 de planteamiento de cuestión prejudicial; condena de 16 años y ocho meses por asesinato con alevosía y cuatro meses por delito contra la seguridad vial; indemnizaciones reducidas de 353.448 a 235.632 euros; Directiva 2009/103/CE. No consta número de sentencia en el CENDOJ para las resoluciones de instancia.
- Fecha de los juicios: hechos el 12 de julio de 2020; sentencia del Tribunal del Jurado en septiembre de 2022; sentencia del TSJ de Cataluña en marzo de 2023; auto de planteamiento el 29 de abril de 2025; conclusiones de la abogada general en julio de 2026; pronunciamiento del TJUE pendiente.
- Personas acusadas y por qué: A. H. M., condenado como autor de un delito de asesinato con alevosía y de un delito contra la seguridad vial vinculado a la carencia de permiso de conducir. La víctima mortal es A. M. V.
