EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Caucus Progresista, casi un centenar de miembros de la Cámara y uno del Senado, ha anunciado su oposición formal al Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA), el paquete de permisos energéticos que el Senado respaldó el lunes por 73 votos a 25.
- ¿Quién está detrás? El bloque progresista, alineado con el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, frente a los senadores Sheldon Whitehouse y Martin Heinrich, que negociaron el texto con los republicanos.
- ¿Qué impacto tiene? El frenazo retrasa la reforma de la NEPA y de la Ley de Agua Limpia y deja en el aire proyectos de gasoductos y redes que tocan a filiales españolas como Avangrid (Iberdrola) o Acciona.
El Caucus Progresista ha formalizado esta semana su oposición a la ley de permisos energéticos que el Senado respaldó el lunes por 73 votos a 25.
El grupo, que reúne a casi un centenar de miembros de la Cámara y a uno del Senado, hizo pública su posición contra el Bipartisan American Affordability and Jobs Act (BAAJA, por sus siglas en inglés), el paquete que busca acortar los plazos para construir gasoductos, plantas de generación y líneas de transmisión en todo el país. El argumento central es que la reforma desmonta las herramientas con las que se fiscaliza al Gobierno en materia ambiental.
En su comunicado, los progresistas advierten de que el texto, tal y como está escrito, haría que ‘el público perdiera herramientas clave para proteger el medio ambiente y exigir responsabilidades a la administración’ ante asuntos como los centros de detención de ICE o los proyectos personales de Trump. El caucus reconoce que BAAJA incorpora medidas que él mismo ha defendido, como dar autoridad federal para aprobar líneas de transmisión, pero sostiene que eso no compensa lo que describe como un golpe a la soberanía tribal.
Hay un punto que los progresistas subrayan con insistencia: el apoyo demócrata descansa sobre ‘un acuerdo informal’ con Donald Trump para aplicar la reforma con equidad y no bloquear los parques eólicos. A su juicio, ese pacto ya está en cuestión. Esta misma semana el presidente afirmó que no permitirá nuevas turbinas eólicas y calificó el sector de ‘perdedor’.
La aritmética del Senado, en todo caso, está resuelta. El lunes por la noche la Cámara alta votó 73-25 a favor de invocar el cierre del debate (la moción que pone fin a la obstrucción parlamentaria y abre la puerta a la votación final), con una veintena de demócratas sumados al bloque republicano. Varios de esos senadores han aclarado que su voto de procedimiento no compromete el apoyo final.
De ahí ha salido una enmienda firmada por 19 senadores demócratas y liderada por Adam Schiff, que borra los cambios a la Ley Nacional de Preservación Histórica. No parece que vaya a prosperar. ‘No creo que podamos cerrar el acuerdo con los republicanos si eliminamos esa parte por completo’, ha dicho Martin Heinrich, uno de los negociadores.
La NEPA nació en 1970 firmada por un presidente republicano; medio siglo después, su letra pequeña decide dónde se construyen las redes eléctricas del país.
Qué reforma la NEPA y qué inversión espera detrás
La NEPA —la norma que firmó Richard Nixon en 1970 y que obliga al Estado a evaluar el impacto ambiental de cualquier gran obra antes de autorizarla— es el corazón del asunto. BAAJA fija plazos duros para esas evaluaciones, limita el margen de litigio posterior y unifica criterios entre agencias federales. El texto, que también toca la Ley de Especies en Peligro, la Ley de Agua Limpia, , y la Ley Nacional de Preservación Histórica, ha necesitado meses de negociación y una enmienda de última hora.
Detrás hay dinero. La reforma desbloquea gasoductos, plantas de generación y, sobre todo, líneas de transmisión que hoy se acumulan en colas de conexión de años. La demanda de los centros de datos de inteligencia artificial ha tensado una red que no da abasto en varias regiones, y el precio de la capacidad eléctrica se ha disparado en los mercados mayoristas. Construir antes dejó de ser un debate ideológico para convertirse en una urgencia de suministro.
El pulso institucional añade otra capa. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, ha señalado que el texto ‘se queda corto en varios aspectos’ y que no va a ‘sellar sin más una ley que sale del Senado’ sin una mayor participación de su bancada. Una parte de los suyos pide aparcar la negociación hasta el próximo Congreso, que se constituye en enero de 2027 y en el que los demócratas confían en tener mayoría en ambas cámaras.
La Lógica de Washington
Visto desde Washington, el debate no es si la NEPA es sagrada, sino cuántos años puede permitirse el país para decidir dónde va un cable. La coalición que sostiene BAAJA es inusual y tiene precedente. En 2022 el Congreso intentó algo parecido con el pacto entre Chuck Schumer y Joe Manchin para acelerar permisos a cambio de aprobar el gran paquete climático; aquel acuerdo naufragó en la Cámara por la oposición de los mismos progresistas que hoy frenan este texto. La Ley de Política Energética de 2005 ya había ensayado atajos parecidos. El Partido Republicano ve en BAAJA la pieza que falta para su agenda de dominio energético; un puñado de demócratas ve la única vía para electrificar el país a tiempo.
Para España el asunto no es abstracto. Iberdrola opera a través de Avangrid una de las mayores carteras de transmisión y distribución del noreste de Estados Unidos, justo el tipo de infraestructura que BAAJA quiere autorizar en meses y no en lustros. Acciona trabaja en obra civil e infraestructura hídrica y Repsol mantiene intereses en generación y gas. Si el texto se cae, esas filiales siguen jugando con las reglas antiguas: colas largas, litigios y competencia encarnizada por la capacidad de conexión.
El calendario manda. La Cámara tendría que votar antes del receso de diciembre; si no lo hace, el texto caduca con el 119º Congreso y en enero de 2027 habría que empezar de cero, con mayorías distintas y la reforma ambiental otra vez sobre la mesa. La enmienda de Schiff se votará antes, probablemente sin éxito, y servirá para medir cuántos demócratas sostienen el sí hasta el final.
El ángulo español: Avangrid, las redes y el espejo de Bruselas
La filial estadounidense de Iberdrola gestiona redes de distribución y transmisión en Nueva York, Maine y Connecticut, y es uno de los mayores operadores eólicos del país, con parques marinos en la costa este. La clave para sus números no está en la ley ambiental, sino en los plazos de conexión: cada año de retraso en una línea o en un parque encarece la inversión y aleja la rentabilidad comprometida con los reguladores estatales.
En Europa el debate corre en paralelo. Bruselas aprobó en 2024 el Reglamento de la Industria de Cero Emisiones Netas (Net-Zero Industry Act), que impone plazos máximos de autorización para proyectos estratégicos, y Madrid tramita sus propios procedimientos de acceso a la red. La diferencia es de escala: lo que decida Washington en esta legislatura fija el marco de miles de millones en infraestructura durante una década.
Ficha del Caso
- El caso: El Caucus Progresista rechaza el Bipartisan American Affordability and Jobs Act por su reforma de la NEPA y otras leyes ambientales, después de que el Senado lo respaldara por 73-25.
- Datos clave: casi 100 miembros del caucus; 20 demócratas apoyaron el cierre del debate; 19 senadores firman la enmienda de Schiff; el texto caduca con el 119º Congreso si la Cámara no vota antes de diciembre.
- Para España: Avangrid (Iberdrola), Acciona y Repsol operan en el mercado eléctrico estadounidense y dependen de los plazos de autorización que la ley pretendía recortar.
