Los vecinos de O Couto reclaman paralizar las rampas que el Concello de Ourense levanta a 40 centímetros de sus fachadas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los residentes de los portales 1 y 2 de la calle Fray Plácido Iglesias han registrado un recurso de urgencia ante la junta de gobierno local para pedir la suspensión cautelar de las rampas mecánicas.
- ¿Quién está detrás? Los vecinos del barrio de O Couto, frente al Concello de Ourense, con informes técnicos de por medio sobre accesibilidad y emergencias.
- ¿Qué impacto tiene? La calle pasaría de 4,50 metros a unos dos metros: por debajo de los 2,40 que necesita una ambulancia y de los 3,50 de la normativa contra incendios.
De 4,50 metros a un embudo de dos
El escrito, de carácter urgente, se registró ante la junta de gobierno local y afecta al tramo de la calle Fray Plácido Iglesias. Los residentes de los portales 1 y 2 piden la suspensión cautelar de la obra y la anulación de la infraestructura proyectada entre sus edificios. Su tesis es que el trazado mecánico debía continuar por Rampa de Sas, tal y como recogía el proyecto original, y no por esta calle. La discrepancia no es estética. Es de centímetros.
Las cifras del expediente explican el enfado. La rampa quedará a 40 centímetros de las fachadas y, según los vecinos, la vía pasará de 4,50 metros de ancho a un embudo insalvable de apenas dos metros. Una ambulancia necesita 2,40 metros para llegar; la normativa contra incendios exige 3,50 metros libres para los bomberos. Con dos metros disponibles, sostienen, los pacientes tendrían que ser trasladados en camilla a pie más de 20 metros y los camiones de extinción no podrían entrar.
A eso se suma el ruido, las vibraciones de la excavación, y el estado de los cimientos, que los afectados temen dañados. Advierten, además, de un problema de seguridad doméstica: el pasamanos de la infraestructura queda a la altura de una ventana situada a 2,30 metros, lo que a su juicio facilita el acceso a las viviendas. En el escrito hablan de “riesgo vital permanente” y sostienen que «este capricho de diseño puede costar vidas».
El Concello se agarra a los informes técnicos
La respuesta municipal llegó en forma de desestimación íntegra. El Concello de Ourense ha rechazado los recursos vecinales apoyándose en informes técnicos y defiende que la operatividad de los bomberos está garantizada desde los extremos de la vía. Recuerda, además, que la calle ya era peatonal y que el paso de vehículos pesados estaba cortado por seguridad escolar. Sobre las ambulancias, sostiene que pueden acercarse a los tramos iniciales y que el ancho peatonal de accesibilidad queda asegurado. Y descarta cualquier invasión del subsuelo privado: el dominio público, subraya, empieza en la línea de fachada.
Una calle de cuatro metros y medio convertida en un embudo de dos: la distancia entre la accesibilidad que se promete y la que se ejecuta se mide aquí en centímetros.
El pulso sigue abierto. Los vecinos piden una paralización cautelar del tramo mientras se resuelve el fondo del asunto; el Concello ha validado su propia solución técnica. Si la junta de gobierno local confirma la desestimación, a los residentes les quedará la vía contencioso-administrativa, un camino que en urbanismo se mide en años. La obra, mientras tanto, avanza.
El Laboratorio Gallego
Ourense funciona desde hace años como termómetro de cómo se cruzan la política autonómica y la municipal en Galicia. En el Parlamento de Galicia, el PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009, el BNG de Ana Pontón ejerce como primera fuerza de la oposición y el PSdeG busca rehacerse tras sus últimos resultados. Ese mapa no se replica en los concellos, donde los equilibrios responden a lógicas propias. Y las obras de accesibilidad son uno de los terrenos donde esas lógicas se ven con más claridad.
La lectura nacional tiene que ver con el modelo. Las rampas mecánicas, los ascensores urbanos y las obras de accesibilidad se han convertido en seña de identidad de la Galicia que se vende como ejemplo de gestión: ciudades intermedias, población envejecida y pendientes que se resuelven con ingeniería. En una provincia que el IGE sitúa entre las más envejecidas de España, la accesibilidad no es un adorno. El PP nacional ha presentado en más de una ocasión la gestión gallega como modelo de estabilidad; este expediente enseña su cara menos amable. El problema aparece cuando la solución técnica se impone sin margen al criterio de quienes viven a pie de obra: ahí el modelo deja de ser ejemplar y se convierte en un conflicto de proximidad.
El calendario manda ahora. La junta de gobierno local debe resolver el recurso de urgencia, y de su respuesta depende que el tramo se detenga o que la excavación llegue hasta la fachada. Después, si hay litigio, el asunto pasará a los juzgados de lo contencioso-administrativo. Para entonces la rampa estará, con toda probabilidad, terminada. Cuando el juez decide, la obra ya solo admite reforma. Es la paradoja de siempre, y también la prueba de que en Galicia la política se juega tanto en el Parlamento como en una acera de dos metros.
Ficha del Caso
- El caso: Los residentes de los portales 1 y 2 de la calle Fray Plácido Iglesias, en el barrio de O Couto, se oponen al tramo de rampas mecánicas del Concello de Ourense por su impacto en la anchura de la vía, la seguridad y la estructura de los edificios.
- Datos importantes: 40 centímetros hasta la fachada; la calle baja de 4,50 a unos 2 metros; 2,40 metros para ambulancias; 3,50 metros libres contra incendios; pasamanos junto a una ventana a 2,30 metros.
- Resumen: El Concello ha desestimado los recursos con informes técnicos y los vecinos apuntan a la vía contencioso-administrativa; el conflicto retrata el modelo gallego de accesibilidad urbana.
