La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias requiere al Ayuntamiento de Yaiza contratar la demolición parcial del hotel Princesa Yaiza.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, en su sede de Las Palmas, mediante auto de 29 de octubre de 2026, requiere al Ayuntamiento de Yaiza para que contrate la redacción del proyecto y la dirección de las obras de demolición parcial del hotel Princesa Yaiza.
- ¿Qué base jurídica aplica? Ejecución de la sentencia de 31 de octubre de 2005 que anuló la licencia de obras, conforme a los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998 y al artículo 118 de la Constitución.
- ¿Qué impacto tiene? La corporación local dispone de un año para redactar el proyecto; la obligación de demoler se traslada al Ayuntamiento y la demora en ejecutar la sentencia anulatoria supera los veinte años.
El auto fue dictado por la Sección Segunda en su sede de Las Palmas y su ponente es el magistrado Óscar Bosch Benítez, presidente de la Sección.
La orden se dirige a la corporación local, en la persona de su alcalde-presidente, y le exige contratar «sin más dilación» tanto la redacción del proyecto como la dirección facultativa de las obras de demolición parcial del establecimiento, denominado originalmente Son Bou y situado en Playa Blanca, dentro del término municipal de Yaiza.
El incidente de ejecución de una licencia anulada en 2005
El pronunciamiento tiene su origen en la sentencia de 31 de octubre de 2005, que anuló la licencia de obras con la que se levantó el hotel. El número de recurso no consta en la nota difundida por la Oficina de Comunicación del TSJ de Canarias, que tampoco identifica la sección que dictó aquella resolución. Lo que sí precisa el auto ahora dictado es el título de ejecución: la anulación de la licencia urbanística, con la consecuencia de reposición de la realidad física alterada.
La Sala concede a la corporación local un plazo de un año para la redacción del proyecto. La nota del CGPJ no detalla el plazo ulterior para la ejecución material de la demolición ni el importe estimado de la contratación, extremos que el texto íntegro de la resolución deberá precisar cuando se publique en el CENDOJ.
El TSJ de Canarias traslada al Ayuntamiento de Yaiza la obligación material de ejecutar una sentencia anulatoria de licencia que acumula veintiún años de demora.
El alcance del requerimiento y los medios de ejecución forzosa
El auto identifica al alcalde-presidente como el órgano llamado a impulsar la contratación y no se limita a declarar el deber abstracto de cumplir lo juzgado. La técnica empleada es la propia de la fase de ejecución: la Sala concreta la prestación debida, la imputa a una autoridad determinada y fija un calendario, de modo que el control judicial se desplaza desde la legalidad del acto originario hacia la efectividad del fallo.
Si la contratación no se formaliza en el plazo concedido, la Sala podrá activar los medios de ejecución forzosa que la legislación de procedimiento administrativo común pone a disposición de la Administración obligada, en particular la ejecución subsidiaria (artículo 102 de la Ley 39/2015) y la multa coercitiva (artículo 103 de la Ley 39/2015), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse del incumplimiento de una resolución judicial firme.
La nota del CGPJ no indica si el auto es firme ni si ha sido recurrido. Contra las resoluciones dictadas en ejecución cabe recurso de reposición ante la propia Sala, conforme al régimen general de recursos contra providencias y autos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La Doctrina del Tribunal
El auto consolida una línea doctrinal asentada en la jurisdicción contencioso-administrativa: la Administración no puede ampararse en la complejidad técnica del proyecto, en la necesidad de contratar asistencia externa o en la condición del inmueble para mantener indefinidamente la inejecución de una sentencia anulatoria. La potestad de autotutela no exonera del deber de cumplimiento, y la demora prolongada convierte el fallo en un pronunciamiento meramente declarativo, contrario al derecho a la tutela judicial efectiva.
La base jurídica se articula en tres niveles. El artículo 118 de la Constitución impone la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes. El artículo 24.1 de la Constitución integra la ejecución en el contenido del derecho fundamental, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional. Y los artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998 habilitan al órgano judicial para adoptar las medidas necesarias hasta la completa ejecución de lo resuelto, incluida la concreción de la prestación y su imputación a una autoridad determinada.
El impacto sobre la práctica es directo. Los juzgados y salas de lo contencioso-administrativo tramitan un volumen relevante de incidentes de ejecución de sentencias urbanísticas en los que la Administración local alega imposibilidad material o falta de consignación presupuestaria. La resolución dictada en Las Palmas ofrece un patrón replicable: identificar al órgano obligado, fijar plazo para la contratación del proyecto y reservar los medios de ejecución forzosa para el supuesto de incumplimiento.
En cuanto a la proyección procesal, la demolición parcial queda supeditada a la redacción del proyecto en el plazo de un año. La corporación asume la condición de sujeto ejecutante y soporta la carga de licitar en plazo. Cualquier nueva dilación exigiría motivación reforzada ante la Sala y abriría la vía de la ejecución a costa del obligado, con repercusión patrimonial directa sobre las arcas municipales.
FICHA DEL CASO
- El caso: Incidente de ejecución de sentencia en la jurisdicción contencioso-administrativa. Objeto: anulación de la licencia de obras del hotel Princesa Yaiza (originalmente Son Bou), en Playa Blanca, y consiguiente obligación de demolición parcial.
- Datos importantes: Auto de 29 de octubre de 2026 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias; ponente, Óscar Bosch Benítez; plazo de un año para la redacción del proyecto; ejecución de la sentencia de 31 de octubre de 2005; artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998 y artículo 118 de la Constitución.
- Fecha de los juicios: Sentencia de instancia de 31 de octubre de 2005; auto de ejecución de 29 de octubre de 2026; publicación íntegra pendiente en el CENDOJ.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No existe proceso penal. El requerimiento se dirige al Ayuntamiento de Yaiza, en la persona de su alcalde-presidente, como órgano obligado al cumplimiento.
