Sílvia Orriols ha convertido la huelga general de este 11 de noviembre en un cuerpo a cuerpo con los piquetes en Ripoll. La alcaldesa de la villa condal forcejeó con manifestantes ante un supermercado abierto, denunció lesiones en las manos y reprochó al Departament d’Interior y a los Mossos d’Esquadra no haber desalojado el corte.
Hay dos relatos y los dos circulan ya con imágenes. El de la alcaldesa: una decena de personas cortó una calle, ella reclamó la intervención policial hasta cinco veces al intendente jefe de la región de Girona, avisó a la consellera Núria Parlon y, ante la falta de respuesta, se plantó en el punto para impedir que el piquete llegara al supermercado, que estaba abierto. El de los sindicatos: la primera edil buscó el choque, grabó a los manifestantes con el móvil y uno de los hombres que la acompañaban, diputado de Aliança Catalana en el Parlament, intentó dar patadas a los concentrados.
La versión policial añade el dato más incómodo para el Ayuntamiento. Los Mossos tenían orden de no desalojar. Solo hubo una actuación de orden público en toda Catalunya durante la mañana, en Tarragona, donde los agentes del ARRO desmontaron un corte. El resto del despliegue fue de Trànsit, regulando la circulación para evitar males mayores en accesos a polígonos y entradas de municipios.
El 11-N que deja una sola detención y una alcaldesa con la mano herida
El balance del día es llamativo por contraste. En toda Catalunya se practicó una única detención, la de un joven de 19 años en Barcelona por quemar un contenedor. Los piquetes se movieron sin control por el centro de la ciudad, hicieron pintadas en comercios y forzaron el cierre de varias tiendas antes de reunirse en la plaça Universitat al mediodía. La mayoría de los cortes se resolvió sin intervención. En Ripoll, mientras tanto, la alcaldesa publicaba en su cuenta una fotografía de su mano con heridas.
La propia Orriols se había encargado de marcar el terreno días antes. Descartó cualquier interés en la huelga, la calificó de ‘españolada’ y sostuvo que las órdenes transmitidas a los mandos de los Mossos ‘vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos’. El mismo mensaje que luego replicó por escrito, con la cifra de las cinco llamadas al intendente jefe y el anuncio de que llevaría el asunto a los juzgados. En Ripoll no se discutía el derecho a la huelga: se discutía quién manda en la calle.
La alcaldesa de una villa de 10.000 habitantes ha situado su disputa con Interior por encima del conflicto laboral que este miércoles paralizaba el país.
Aliança contra Interior: el pulso que rentabilizan los dos
La lectura política es otra y conviene no perderla de vista. A Orriols le interesa el cuerpo a cuerpo porque su marca política se construye exactamente ahí: en la ocupación del espacio que otros partidos dejan libre. Aliança Catalana no necesita ganar la huelga. Le basta con que la escena del forcejeo circule y con que el electorado que le votó por seguridad y orden público vea a su alcaldesa plantándose donde los antidisturbios no aparecen.
Al Departament d’Interior tampoco le va mal el marco. La consellera Parlon ha hecho de la contención policial una seña de identidad frente a los modelos de otros tiempos, y cada piquete desmontado a la fuerza habría alimentado un relato de exceso. Eso sí, la doctrina tiene un coste cuando se aplica de forma indiferente a un corte con pancarta y bengalas y a un bloqueo con comercios abiertos en medio.
El riesgo para Orriols también existe y no es menor. La alcaldesa no tiene competencia alguna sobre los Mossos d’Esquadra, ni sobre el orden público, ni sobre la apertura de un supermercado. Su papel institucional es otro. Y el vídeo difundido por los sindicatos, con el diputado de su grupo lanzando patadas, es el tipo de imagen que un adversario guarda para el momento oportuno. La causa judicial que ha anunciado puede acabar girándose contra el propio consistorio si los manifestantes identificados presentan su propia denuncia.
El precedente de la AP-7 y el coste de no decidir
Interior ya vivió un episodio parecido en noviembre de 2019, cuando los cortes de la AP-7 y de la Jonquera desbordaron los protocolos y forzaron una revisión completa del mando de orden público. Entonces el debate fue cómo desalojar. Ahora el debate es cómo no hacerlo. Son dos caras del mismo problema: una instrucción política que no se explica en público acaba interpretándose en público, y siempre en el peor sentido para quien la dicta. El Departament no ha detallado todavía el criterio que trasladó a los mandos de Girona, y esa ausencia es el verdadero agujero de la jornada.
Cabe recordar el reparto competencial, porque la confusión circula estos días. Las comunicaciones de manifestación se presentan ante la Delegación del Gobierno en Catalunya, pero la gestión del orden público y el despliegue operativo corresponden a los Mossos d’Esquadra y, por tanto, a la Generalitat. Si la orden era no intervenir, la responsabilidad política es autonómica. Si no existía tal orden y los mandos decidieron no actuar, la responsabilidad es de mando. En ninguno de los dos escenarios sale bien parada la consejera, y en los dos aparece Orriols con la mano vendada.
En esta redacción entendemos que el episodio de Ripoll dice menos de la huelga que del estado del tablero catalán. Un sindicato y una alcaldesa de extrema derecha han encontrado un terreno común involuntario: los dos necesitan que el otro sea el problema. La Generalitat, mientras, administra la ambigüedad, que es la forma más cómoda y más cara de gobernar. El pulso tiene una sede natural, la comisión de Interior del Parlament, donde Aliança ha convertido cada comparecencia en un interrogatorio. La próxima cita ya tiene tema.
