La agenda de vivienda de Sumar afronta el 29N con una paradoja: su gran legado legislativo es exactamente lo que está en juego.
La crisis residencial es ya el primer problema para los españoles según el CIS. Y el Gobierno de coalición ha respondido con una máquina de producir normativa: 47 normas con rango de ley en materia de vivienda entre junio de 2018 y octubre de 2026. De ellas, 40 fueron reales decretos ley, el 85%. Un ministerio creado en 2023 para la ocasión y un ritmo legislativo sin parangón en cualquier otra área de la administración.
El resultado, en cambio, admite discusión. La brecha entre hogares creados y viviendas edificadas no ha dejado de crecer. El Banco de España cifra en 750.000 los inmuebles que faltan hoy, y en 2028 el déficit llegará al millón. Las rentas medias del alquiler han subido el doble que los salarios en la última década; la compraventa se ha encarecido 3,6 veces más. Ese es el terreno sobre el que se libra la campaña.
La regulación del alquiler y el parque público: el marco que Sumar pone en juego
El punto de tensión más evidente está en el alquiler. Jorge Galindo, director de EsadeEcPol, describe un colapso de la oferta disponible, acentuado desde los decretos de vivienda. La cronología es elocuente: los decretos se anunciaron en enero de 2025 y el Ejecutivo tardó casi dos años en aprobarlos; la dependencia de Junts y del PNV dejó todo en un limbo. El desahucio de Maricarmen forzó un último intento. JxCat los tumbó. De ahí al 29N.
Para Sumar, la secuencia no es un accidente parlamentario sino la demostración de una tesis: la regulación del alquiler existe mientras exista la mayoría que la sostiene. La ley estatal de Vivienda —con las zonas tensionadas, el índice de referencia, los límites a la actualización anual, y la potestad de declarar áreas tensionadas— sigue en vigor, pero su desarrollo depende de quién gobierne tras el 29N. Una de las normas decaídas aguarda convalidación en la Diputación Permanente. Ese trámite menor es, en realidad, el último gesto de una legislatura agotada.
La regulación del alquiler no se deroga con un decreto: se desactiva dejando de aplicarla, y eso solo lo puede hacer el próximo Gobierno.
Ahí aparece la dimensión que menos se discute en los platós. La agenda de vivienda de Sumar no es un programa abstracto: es un conjunto de instrumentos que ya están en el BOE y que se aplican de forma desigual según el color político de cada comunidad. Catalunya es el laboratorio y también el espejo donde el espacio se mira.
El mapa interno: dónde duele la vivienda a cada confluente
El Govern de Salvador Illa se ha alineado con el Ejecutivo central y hace balance positivo de la intervención del mercado: los alquileres en zonas tensionadas catalanas subieron un 2,6% el último año, por debajo de la inflación, y la compraventa se encarece menos que en mercados comparables por la retirada de grandes fondos. Para Catalunya en Comú, ese dato es material electoral de primer orden.
La Generalitat ha añadido su propio plan para incorporar 50.000 viviendas al parque público. El sector valora el objetivo y avisa de lo obvio: construir lleva tiempo y el problema de acceso es de hoy.
En el resto del mapa, la lógica se repite con acentos distintos. Compromís tiene en el alquiler turístico su frente más visible; Más Madrid, en la tensión de una región gobernada por el PP donde el precio es el argumento de oposición más rentable; Izquierda Unida ha hecho del parque público su seña histórica, con el objetivo de acercarlo al 20% del stock recogido en el acuerdo de coalición. Nadie discrepa del fin. La discrepancia está en el instrumento y en el calendario.
El economista del IEB Jordi Jofre propone movilizar vivienda existente mientras se construye: regular el alquiler turístico con medidas fiscales —IBI, imputación de rentas en el IRPF— que desincentiven usos distintos al residencial habitual, y mejorar el transporte interurbano como política de vivienda indirecta. Galindo añade un seguro público de alquileres y un impuesto a pisos vacíos condicionado a que facilite el arrendamiento de larga duración. Dos maneras de entender el mismo problema, y dentro de Sumar conviven las dos.
El contraste de campaña ayuda a fijar posiciones. El PP promete un millón de viviendas nuevas y una ley para desalojar okupas en 48 horas; Vox apuesta por liberalizar suelo y rebajar la fiscalidad que grava la vivienda. La agenda de vivienda de Sumar se distingue por defender lo que ya existe, sin datos oficiales a cierre de edición sobre el detalle completo de su programa. La diferencia con el PP no es solo de volumen: es de quién paga la factura.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, el equilibrio se sostiene sobre una tensión no resuelta. Los socios que gobiernan territorios o aspiran a hacerlo necesitan que la regulación funcione y se note. Los que hacen oposición autonómica, como Más Madrid, necesitan además que el PSOE no rebaje el marco en los momentos delicados. Y todos comparten un riesgo: que el 29N convierta la ley estatal de Vivienda en el primer cadáver legislativo de la próxima legislatura.
Con el PSOE, la vivienda ha sido más un punto de acuerdo que de fricción, aunque con matices. La coalición comparte la autoría de las 47 normas; lo que se dirime ahora es el relato de por qué no han bastado. Sumar necesita atribuir el fallo a la falta de mayoría y a la dependencia de Junts y el PNV; el PSOE necesita demostrar que la norma funcionó donde se aplicó. Ninguno puede permitirse cargar con los 750.000 inmuebles que faltan.
La proyección no tiene margen. El 29 de noviembre se decide si la ley sigue desarrollándose o se queda en papel. Antes, la Diputación Permanente debe resolver la convalidación de una de las normas decaídas, un trámite que mide la temperatura real del Congreso saliente. Después, si el resultado no acompaña, la agenda de vivienda de Sumar dejará de ser una política pública y pasará a ser un argumento de oposición.
Ficha del Caso
- El caso: La crisis residencial como detonante del adelanto electoral del 29N y el marco en el que Sumar dirime su agenda: regulación del alquiler y parque público.
- Datos importantes: 47 normas con rango de ley en vivienda entre junio de 2018 y octubre de 2026 (40 decretos ley, el 85%); 750.000 viviendas de déficit según el Banco de España, un millón en 2028; 50.000 viviendas en el plan catalán de parque público; 2,6% de subida en zonas tensionadas catalanas el último año.
- Resumen: La ley estatal de Vivienda queda expuesta al resultado del 29N. Si cambia el Gobierno, la regulación del alquiler pierde su desarrollo reglamentario y Sumar pierde su principal credencial legislativa en la coalición.
