Trump abrió el domingo la puerta a una amnistía migratoria al admitir en «60 Minutes» que sus deportaciones son «demasiado duras».
Qué dijo Trump, qué dijo Mullin el lunes y qué no existe
La entrevista se emitió el domingo por la noche en CBS. El presidente de Estados Unidos no presentó un plan. No fijó un umbral de años, no enumeró requisitos, no describió procedimiento alguno. Se limitó a hablar con simpatía de los trabajadores de hotel y de jardinería que llevan diez o quince años en el país y a reconocer que su política de deportación le parecía «demasiado dura». En boca de Trump, eso es una cesión retórica de tamaño considerable.
El lunes llegó el freno. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo que la amnistía estaba fuera de cuestión. Stephen Miller, el hombre que ha diseñado la política migratoria de esta administración, mantiene la línea dura que defiende desde hace una década. Ninguno de los dos desmintió al presidente. Solo dibujaron una frontera que él había dejado difusa.
El sobresalto tiene que ver con lo que se prometió: la mayor operación de deportación de la historia americana. Sobre esa promesa se construyó buena parte de la coalición que hoy gobierna. Y esa coalición lleva cuarenta años oyendo la palabra amnistía como sinónimo de derrota. La prensa conservadora americana lo ha escrito esta semana sin anestesia: «ya hemos visto esta película». Washington no firma intenciones.
El precedente de 1986: 2,7 millones de legalizados y una promesa de control incumplida
En 1986, el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), el último gran pacto migratorio del país. Legalizó a unos 2,7 millones de personas sin papeles. A cambio, prometió sanciones para los empresarios que contrataran a indocumentados y un sistema serio de verificación de empleo. La legalización se ejecutó. La verificación, no. La población en situación irregular bajó a unos 1,9 millones en 1988 y volvió a crecer hasta unos 12,4 millones en 2007.
La amnistía de 1986 legalizó a 2,7 millones de personas y prometió una verificación laboral que nunca llegó. Cuatro décadas después, Washington vuelve a vender la misma entrada.
Conviene saber qué falló. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno americana documentó después debilidades graves en el control del empleo y en la inspección de los centros de trabajo. El mensaje que quedó fue el inverso del que se había vendido: quien entraba o se quedaba podía confiar en que una ley acabaría reconociéndolo. Ese incentivo no cabe en una estadística, pero ignorarlo es imprudente. Según el relato de la columna de Blaze Media, que cita a CNN y a Telemundo, en los días previos había caravanas en marcha desde Honduras y El Salvador con esa expectativa.
California es la otra mitad de la lección. La amnistía del 86 creó un electorado nuevo; los investigadores han detectado más participación hispana y más cargos electos en las comunidades afectadas. La proposición 187 de 1994, que pretendía negar servicios públicos a los indocumentados, acabó movilizando a una generación entera. Hoy el estado es un bastión demócrata sin discusión. La legalización no explica todo lo que pasó allí. Forma parte de la historia que lo explica. La política tiene memoria.
La Lógica de Washington
La lectura desde dentro es más terrenal. Trump no necesita un proyecto de ley para ordenar el mensaje: le basta con ocupar el centro del plato en la televisión generalista y en horario estelar. «60 Minutes» no es un plató cualquiera; es el escaparate donde el público moderado se forma una opinión. Y ahí el presidente habló para dos públicos a la vez, sin comprometerse con ninguno.
La coalición que lo sostiene es una suma frágil: el votante de la América industrial que exige mano dura, el empresario de la construcción y la hostelería que no encuentra trabajadores, y un electorado hispano que se mueve entre ambos. Una legalización limitada a quienes llevan una década es la única pieza que contenta al segundo grupo sin romper del todo con el primero. Y no es una idea nueva: Ronald Reagan firmó la amnistía del 86 y George H. W. Bush aprobó otra ley de inmigración en 1990.
Trump ya lo intentó en enero de 2018. Ofreció un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de dreamers a cambio del muro. El Congreso lo enterró en quince días. Los números de esta semana —el mal resultado electoral que la propia prensa conservadora atribuye al Partido Republicano— añaden la presión que entonces faltaba. O la quitan, según se mire.
Para España, el umbral de años importa menos que la señal. Estados Unidos es el primer destino de la inversión española fuera de la Unión Europea, y las filiales son el canal sensible. Ferrovial ejecuta obra pública en Texas, Virginia y Carolina del Norte con plantillas que dependen de la mano de obra disponible. ACS, a través de Turner, es uno de los grandes contratistas del país. Meliá opera hoteles en Miami y Orlando. Construcción, hostelería, logística y servicios , justo los sectores donde la inmigración pesa más.
España tiene además su propia memoria del asunto: la regularización de 2005 afloró alrededor de 700.000 expedientes y sigue siendo el episodio que se invoca en cualquier debate migratorio europeo. Madrid no va a pronunciarse sobre un texto que no existe. Pero las capitales europeas leen estas señales con atención, porque de ellas dependen la cooperación en visados, las readmisiones y los controles de origen.
¿Y ahora qué? Cualquier legalización necesitaría 60 votos en el Senado por el filibusterismo, el mecanismo que obliga a esa mayoría cualificada para cerrar el debate y bloquea la mayoría simple de 51. No hay texto, no hay fecha y no hay ni una nota oficial que describa un procedimiento. Lo que hay es una frase en televisión y dos portavoces corrigiéndola al día siguiente. Si no hay papel, no hay amnistía. El riesgo para la Casa Blanca es simétrico: si concreta demasiado, pierde al ala dura; si no concreta nada, la base recordará la entrevista.
Ficha del Caso
- El caso: Trump calificó en «60 Minutes» sus deportaciones de «demasiado duras» y dejó abierta una legalización parcial para quienes llevan más de diez años en EE. UU. El lunes, Seguridad Nacional la declaró fuera de cuestión.
- Datos clave: Sin plan escrito ni criterios de elegibilidad. El precedente de 1986 legalizó a 2,7 millones de personas; la población irregular pasó de 1,9 millones en 1988 a 12,4 millones en 2007.
- Para España: afecta a filiales como Ferrovial, ACS o Meliá, expuestas a los sectores que emplean mano de obra inmigrante. Ninguna decisión ejecutiva antes de que arranque el año legislativo.
