La consellera Marián Cano reclama una fiscalidad que «acompañe y no castigue» al tejido productivo valenciano. Lo hizo ante empresarios y sin anunciar una sola medida concreta.
La titular de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana —el ejecutivo autonómico— intervino el martes en el Encuentro Comunidad Valenciana que EXPANSIÓN celebra por su 40 aniversario, en el espacio Bellver Blue Tech Zone de Oropesa del Mar, en la provincia de Castellón. Entre el público, la vicealcaldesa del municipio, Araceli de Moya, y el presidente de la patronal castellonense, Luis Martí, junto a directivos de Porcelanosa, Consum y KPMG.
«La capacidad para atraer inversiones, generar actividad empresarial, incorporar innovación y competir en un entorno global será determinante», dijo. Y después llegó la frase que su gabinete convertirá en titular: una fiscalidad «que acompañe y no castigue». Sobre cómo se traduce eso en tipos y en decretos, ni una palabra.
Conviene precisar de qué se habla. La Generalitat no decide sobre el IRPF estatal ni sobre el IVA, pero sí sobre el tramo autonómico del IRPF, sobre sucesiones y donaciones, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre tasas propias. Ahí es donde cabe una rebaja. Y ahí, de momento, no hay texto publicado en el DOGV.
Tampoco es una idea nueva. La propia consellera situó la rebaja de la presión fiscal entre las herramientas con las que el Consell —el gobierno de la Generalitat, equivalente autonómico del Consejo de Ministros— quiere «acompañar a las empresas», en la misma frase que la inversión en infraestructuras críticas. El qué no cambia; cambia el dónde: un foro de alcance estatal, con patrocinadores y con un auditorio que escucha promesas fiscales cada semana.
Una rebaja fiscal se mide en el DOGV y en los presupuestos, no en un escenario con logo de patrocinadores: falta la letra pequeña.
Una fiscalidad que no castigue, pero sin una sola cifra
El diagnóstico que se escuchó en Oropesa del Mar no fue triunfalista. Javier Quiles, de Consum, denunció una «hiperregulación brutal» y reclamó más suelo industrial: «No es admisible que un proyecto tarde décadas en llevarse a cabo». Miguel Ángel Paredes, socio de KPMG, pidió «repensar la estructura fiscal» y «velocidad en la respuesta de las administraciones». La queja no era el tipo; era la maraña.
La consellera respondió con el argumento conocido: el papel de la administración es «acompañar y facilitar la transformación desde la libertad económica». Menos intervención, más colaboración público-privada. Pero el anuncio de simplificación llegó sin calendario y sin paquete normativo. Ni en el discurso ni, según lo difundido de la jornada, en el resto del encuentro.
Los datos con los que se justifica el discurso
El sustrato empírico lo puso la directora de EXPANSIÓN, Ana I. Pereda: la Comunitat crecerá un 2,9% este año frente al 2,6% nacional, y el PIB del segundo trimestre avanzó un 0,8% intertrimestral. En empleo, octubre dejó 40.833 afiliados más que el mes anterior, hasta 2,345 millones de trabajadores: un 1,77% de subida frente al 0,83% del conjunto de España.
Son buenas cifras. Y son, justamente, las que complican el argumento fiscal. La Comunitat ya crece por encima de la media sin haber aprobado la rebaja que se reclama. Queda la pregunta de qué parte de ese dinamismo es política económica y qué parte es la inercia de una economía abierta y exportadora, como la describió la propia consellera.
El contrapunto lo puso Silvestre Segarra, consejero delegado de Porcelanosa, la cerámica de Villarreal que facturó 863 millones en el último ejercicio. Espera un crecimiento «muy moderado» en un año «complicado», con Francia, Reino Unido y Estados Unidos en retracción. Para la energía, apostó por estudiar hornos de tecnología mixta, gas y electrificación. Las peticiones más repetidas no fueron tipos más bajos, sino menos incertidumbre.
El Escenario Valenciano
La secuencia política se lee rápido. El Consell de Pérez Llorca —Juanfran Pérez Llorca es president de la Generalitat desde diciembre de 2025— ha hecho de la rebaja fiscal una seña de identidad compartida con Vox. Cada comparecencia económica sirve para recordarlo. Pero entre el marco mental y el decreto hay un trecho que se recorre en las Corts Valencianes (el parlamento autonómico, 99 escaños), y ahí el PP necesita a su socio para cualquier mayoría.
La oposición de PSPV y Compromís tiene en este asunto una función más de fiscalización que de bloqueo: su margen está en las comisiones y en las preguntas al Consell. Mientras, el debate de fondo sigue siendo la infrafinanciación valenciana, que no se resuelve con un tipo más bajo.
Y hay una derivada nacional. La fiscalidad autonómica funciona como escaparate de competencia entre comunidades del PP, y cada anuncio se lee en Madrid dentro de un discurso más amplio. Al mismo tiempo, la reforma de la financiación autonómica sigue pendiente en el Congreso de los Diputados. Sin financiación, el margen fiscal propio es estrecho. El precedente de la pasada crisis, con autonomías que rebajaron impuestos y después ajustaron servicios, sirve de recordatorio.
La próxima cita es presupuestaria: cualquier rebaja tiene que aterrizar en unas cuentas que pasan por las Corts y que se negocian dos veces, en el Consell y en el grupo parlamentario. Hasta entonces, la frase de Marián Cano seguirá siendo lo que fue el martes: una declaración de intenciones.
Ficha del Caso
- El caso: La consellera de Industria, Marián Cano, defiende en un foro empresarial de Oropesa del Mar una fiscalidad que «acompañe y no castigue» el crecimiento valenciano, sin concretar medidas.
- Datos importantes: Crecimiento previsto del 2,9% frente al 2,6% nacional; 40.833 afiliados más en octubre hasta 2,345 millones; Porcelanosa facturó 863 millones en el último ejercicio.
- Resumen: El Consell de Pérez Llorca mantiene el discurso de la rebaja fiscal como seña de identidad del pacto PP-Vox, pero cualquier medida deberá pasar por las Corts y por el trámite presupuestario.
