EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno ha respaldado la huelga general del 11-N y ha programado dos Consejos de Ministros extraordinarios —el 13 y el 20 de noviembre— para aprobar por decreto ley medidas sociales de vigencia plurianual.
- ¿Quién está detrás? La Moncloa de Pedro Sánchez, con el ministro Pablo Bustinduy llamando a secundar el paro y la portavoz Elma Saiz apelando al ‘respeto’ a los sindicatos.
- ¿Qué impacto tiene? Génova lee una maniobra doble: desgastar a PP y Vox durante la campaña y dejar atado al futuro Gobierno de Feijóo con normativa de difícil reversión.
La estrategia de Moncloa con la huelga del 11-N apunta a PP y Vox y, de paso, al futuro Gobierno de Feijóo. A falta de 18 días para el 29-N, el Gobierno convierte el paro general en marco de campaña y en coartada para legislar por decreto lo que no logró pactar.
El calendario lo delata. Hasta la cita electoral quedan dos Consejos de Ministros ordinarios, pero La Moncloa ha programado dos extraordinarios: el viernes 13 de noviembre, día en que arranca la campaña, y el viernes 20, ecuador del sprint. Los decretos ley entran en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, sin esperar a la convalidación del Congreso.
El BOE como ariete: normas que sobreviven al 29-N
En las últimas semanas el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley para ampliar la protección a las familias monoparentales y numerosas con pocos recursos, y el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, con más de 750 medidas para los próximos cuatro años. El plan incorpora, por primera vez, el reconocimiento de la llamada ‘violencia política contra las mujeres’, una categoría que el PP considera un exceso ideológico de difícil encaje jurídico.
A eso se suma la inminente subida del Salario Mínimo; el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031; el II Plan de Acción de Juventud 2025-2028, que moviliza 60.000 millones; dos modalidades de incapacidad temporal con protección reforzada —trastorno menopáusico y víctimas de violencia de género—; y 201 millones de euros para vivienda de alquiler asequible.
En La Moncloa justifican la excepcionalidad con una frase que resume el método: ‘Van muchas cosas y hemos entendido que así es más operativo’. Y añaden: ‘Aprobar medidas es legal hasta el último día’. Legal, sí. Lo que no explican es por qué un Gobierno que se sabe en minoría necesita tres reuniones extraordinarias para blindar un legado que las urnas pueden desautorizar.
El jueves 12, apenas 24 horas después del paro, el Congreso prevé convalidar el llamado ‘decreto Maricarmen’ de vivienda, bautizado así por el propio Pedro Sánchez. La Moncloa fuerza la votación al amparo de su mayoría en la Diputación Permanente, el órgano que vela por las Cámaras fuera de los periodos de sesiones. Un decreto aprobado sin consenso puede ser derogado igual de rápido por el Gobierno siguiente. Mientras tanto, condiciona el marco.
Un Ejecutivo que dice respetar la huelga la usa como telón de fondo de su campaña y, a la vez, firma decretos que nadie podrá desmontar sin coste político.
La huelga como activo electoral, no como piedra en el camino
En el Gobierno no analizan el paro como un obstáculo. La lectura interna es que les favorece. Las huelgas generales, hasta ahora, se han convocado contra quien ostenta el poder: contra Felipe González, contra José María Aznar, contra José Luis Rodríguez Zapatero y contra Mariano Rajoy. Ahora, sin pudor, los socialistas sostienen en privado que esta es ‘contra la oposición’.
El propio Sánchez ha abonado esa tesis al sostener que los avances laborales llegaron porque los trabajadores ‘salieron a la calle e hicieron huelgas’, y al advertir de que los derechos ‘se pueden perder en un instante’ si el PP y Vox llegan al Gobierno. A comienzos de semana el mensaje fue explícito: la movilización del miércoles es la primera piedra de su campaña.
Los miembros del Gobierno no tendrán agenda este miércoles. ‘Por respeto’, dicen en La Moncloa, aunque la mayoría despachará en sus ministerios. Pablo Bustinduy, titular de Derechos Sociales, ha ido más lejos: hará ‘todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito’. La portavoz, Elma Saiz, ha terciado: ‘Lo relevante no es si hacemos huelga, lo relevante es respetar ese derecho’.
La movilización la convocan CCOO y UGT junto con CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, la Intersindical,, y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. El motivo declarado es el derecho a una vivienda y a salarios dignos ante el coste de la vida. La lectura que trasladan fuentes gubernamentales es otra: ‘Es una huelga diferente y así nos la tomamos’.
El Eje del Poder Popular
Génova no ha tardado en leer el movimiento. En la cúpula popular interpretan que La Moncloa ha diseñado una pinza: legislar en materia social para que el futuro Gobierno de Feijóo herede compromisos de gasto y de marco ideológico, y usar el paro del 11-N para presentar al PP como enemigo de los derechos laborales. La respuesta tiene nombre propio: la ‘renta de activación’ con la que Feijóo propone sustituir el ingreso mínimo vital y retirarla a quienes rechacen empleos sin ‘causa justificada’.
La propuesta popular no es un gesto retórico. Frente al subsidio incondicional que defiende el Ejecutivo, el PP plantea una prestación vinculada a la empleabilidad, con itinerarios de inserción y control de la formación. Es la lógica que los presidentes autonómicos populares sostienen desde hace años: la prestación como puente, no como destino.
El precedente histórico juega a favor de Génova. En 2010, la huelga general se convocó contra el Gobierno de Zapatero por la reforma laboral y el tijeretazo social; en 2012, contra el de Rajoy. En ambos casos el destinatario era el Ejecutivo. Que ahora La Moncloa sostenga lo contrario revela hasta qué punto la convocatoria está contaminada por el calendario electoral.
Queda el riesgo. Si el PP se enreda en el terreno de la vivienda o del salario mínimo, la pinza funciona. Génova lo sabe y por eso insiste en el marco constitucional: nadie en el partido ha pedido la desconvocatoria, pero sí se denuncia la utilización partidista del paro. En el Grupo Parlamentario Popular la consigna es idéntica: no entrar al trapo. Es la línea que Feijóo llevará al debate de campaña que arranca el viernes 13.
El aterrizaje territorial será decisivo. Las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP, cerca del 60% del PIB nacional, convivirán con decretos estatales que invaden competencias. Los gobiernos de Ayuso, Moreno, Mazón y Rueda miden ya el coste de aplicar un marco ideológico que no comparten, y la Conferencia Sectorial de Vivienda apunta a primer campo de batalla después del 29-N.
La lectura que hacemos es la siguiente: La Moncloa no teme a la huelga, la necesita. Necesita el ruido de los piquetes para tapar que su última arma es el BOE, y necesita, sobre todo, que el PP y Vox aparezcan en la misma foto. Génova tiene 18 días para decidir qué foto quiere dar.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: La Moncloa legisla por decreto para atar al próximo Gobierno lo que no puede defender en las urnas.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP), con la ‘renta de activación’ como bandera frente al ingreso mínimo vital.
- Próximo hito: Consejo de Ministros extraordinario del viernes 13 de noviembre y arranque de la campaña del 29-N.
