El TSJ de la Comunidad Valenciana suspende los servicios mínimos del 40% fijados por la Generalitat para la huelga de ITV de este 11 de noviembre. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima de forma parcial las medidas cautelarísimas promovidas por UGT País Valencià y reduce la cobertura obligatoria a la atención de vehículos de emergencia que requieran una inspección perentoria. El auto no anula la resolución administrativa: la deja sin efecto en el porcentaje de plantilla mientras se sustancia el recurso.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha resuelto el tribunal? La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la cautelarísima de UGT y suspende los servicios mínimos del 40% para la huelga de ITV del 11-N.
- ¿Qué base jurídica aplica? Artículo 135 de la Ley 29/1998 (medida cautelar inaudita parte por urgencia) y artículo 28.2 de la Constitución, con la doctrina constitucional del servicio esencial y del mínimo imprescindible.
- ¿Qué impacto tiene? Los mínimos quedan reducidos a ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad; la resolución del 6 de noviembre sigue vigente pero inaplicable en su porcentaje y el auto es recurrible en apelación.
El antecedente: la resolución del 6 de noviembre y el recurso sindical
El conflicto arranca en la resolución de 6 de noviembre de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, que fijó unos servicios mínimos de hasta el 40% máximo de la plantilla en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos ante la convocatoria de huelga del 11-N. Contra esa ordenación autonómica, UGT País Valencià promovió medidas cautelarísimas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, según la nota difundida por el gabinete de comunicación del CGPJ.
La vía procesal elegida es la del artículo 135 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que permite al órgano judicial adoptar medidas cautelares sin audiencia previa de la Administración cuando concurran razones de especial urgencia. La tutela se articula, por tanto, antes de cualquier pronunciamiento sobre el fondo y con vigencia estrictamente provisional. La Sala no declara la nulidad de los mínimos: los deja sin efecto durante la tramitación del recurso contencioso-administrativo.
El fallo: del 40% de plantilla a la atención exclusiva de emergencias
El auto suspende los servicios mínimos de hasta un 40% máximo de la plantilla y los limita únicamente a la atención de vehículos de emergencia —ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad— que requieran una inspección perentoria. La estimación es parcial, no total: el tribunal no declara la inexistencia de servicios mínimos, sino que corrige su extensión y su ámbito material. La consecuencia inmediata es que la Generalitat no puede exigir durante la jornada de huelga el porcentaje de cobertura previsto en la resolución impugnada.
El pronunciamiento es cautelar y no prejuzga el resultado del proceso principal. Tampoco consta la fundamentación completa: el texto íntegro del auto no está publicado aún en el CENDOJ, de modo que no puede verificarse la ponderación concreta de intereses ni si incorpora voto particular. Las medidas cautelarisimas dictadas al amparo del artículo 135 son recurribles en apelación conforme al régimen general de recursos de la jurisdicción, sin que la interposición suspenda por sí sola lo acordado.
El tribunal no elimina los servicios mínimos: los reduce al mínimo imprescindible y desplaza la carga de la motivación hacia la Administración que los fijó.
La Doctrina del Tribunal
La resolución se inserta en la doctrina constitucional sobre servicios mínimos durante la huelga, iniciada con la STC 26/1981 y consolidada en pronunciamientos posteriores: la autoridad laboral solo puede imponer las prestaciones indispensables para asegurar el servicio esencial, con motivación suficiente y proporción entre la restricción y el fin. El artículo 28.2 de la Constitución habilita a limitar el derecho de huelga para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, no a vaciarlo mediante una cobertura que haga irrelevante la huelga. La cobertura del 40% de la plantilla exigía, bajo ese canon, una justificación reforzada que el tribunal no ha considerado acreditada en fase cautelar.
La base jurídica se completa con el artículo 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977, que impone la fijación de servicios mínimos de seguridad y mantenimiento, y con los artículos 130 y 131 de la Ley 29/1998, que exigen valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto y apreciación del periculum in mora. El artículo 135 añade el presupuesto habilitante de la urgencia, que aquí se cumple por la proximidad de la jornada de huelga. El método interpretativo es teleológico y ponderativo: no se examina la legalidad formal de la resolución, sino su incidencia real sobre el ejercicio del derecho fundamental.
El impacto jurisprudencial es acotado pero relevante para la práctica. Cada convocatoria de huelga con servicios mínimos genera litigiosidad contencioso-administrativa sumaria, y este tipo de autos opera como precedente de hecho en las impugnaciones posteriores de la misma comunidad autónoma. La proyección procesal es doble: el auto agota sus efectos con la jornada del 11 de noviembre y el recurso principal continúa su curso, con posibilidad de apelación contra la medida. La resolución definitiva que dicte la Sala sobre el fondo —y, en su caso, la que resuelva la apelación— determinará si el criterio se consolida o queda como pronunciamiento aislado.
FICHA DEL CASO
- El caso: Procedimiento contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelarísimas promovida por UGT País Valencià contra la resolución de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de 6 de noviembre que fijó los servicios mínimos de la huelga de ITV del 11 de noviembre.
- Datos importantes: Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV; estimación parcial; suspensión del porcentaje del 40% y limitación a vehículos de emergencia; artículos aplicados: 135 de la Ley 29/1998, 28.2 de la Constitución y 10.2 del Real Decreto-ley 17/1977. No consta si el auto es unánime ni su número de referencia.
- Fecha de los juicios: Resolución administrativa impugnada de 6 de noviembre de 2026; auto dictado en la víspera de la jornada de huelga, con nota del CGPJ difundida el 10 de noviembre de 2026; huelga convocada para el 11 de noviembre de 2026. No consta aún publicación en el CENDOJ.
- Personas acusadas y por qué: N/A. No existe acusación penal: se trata de un incidente cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa.
