El arroz de la Albufera se vende a 0,31 euros el kilo, menos de la mitad que hace tres años.
La voz de alarma la encendieron ayer los regantes de la Sèquia de l’Or, que han activado la recogida de firmas para convocar una junta extraordinaria. En los chats de los agricultores corre la sospecha de que el año próximo no haya cosecha. Nadie recuerda una campaña así en el humedal. El malestar atraviesa los trece municipios que rodean el lago —Cullera, Catarroja, Sueca, Algemesí, Alfafar, Silla, Albal, Sedaví, Massanassa, Sollana, Albalat de la Ribera, Beniparrell y València—, cuyos alcaldes y alcaldesas firmaron hace más de dos años en la Lonja de València un acuerdo por el equilibrio entre sostenibilidad y economía.
El kilo que se paga a 0,31 euros: la cuenta que no cierra en el arrozal
«Queremos un precio digno por nuestra cosecha; este año ha sido una barbaridad y así no cubrimos los costes de producción», explica Fernando Durà, arrocero y miembro de la comisión ejecutiva de La Unió Llauradora i Ramadera. Su organización lo resume en una frase que estos días se repite en los márgenes de los campos: «Si no hay arroz, no hay parque natural». El parque natural de la Albufera —el humedal que aspira a ser Reserva de la Biosfera— es, literalmente, un paisaje cultivado.
Javier Matoses, agricultor de Sueca y voz de Ava-Asaja, pone cifras al desplome: si hace tres años el kilo se vendía a 0,70 euros, esta campaña se paga a 0,31. Menos de la mitad. Los costes, en cambio, no han bajado —gasoil, fertilizantes—y el mercado no ha trasladado ese aumento al productor. En los lineales del supermercado, eso sí, el kilo arranca en 1,15 euros. Las estimaciones de la organización sitúan las pérdidas de los arroceros valencianos por encima de los 16 millones de euros en esta campaña. Las cifras no cierran por ningún lado.
El primer síntoma visible está en Silla. Allí los principales maquinistas, «hartos de perder dinero», según Ava-Asaja, han decidido devolver las tierras que tenían arrendadas: en torno a 2.000 parcelas, más del 60% de la superficie arrocera del término municipal. José Vicente Mas, delegado de la organización, explica que la situación es mala en todo el humedal, pero peor allí porque, al estar en zonas más hondas, bombear el agua de los campos al lago cuesta casi 100 euros por hectárea y año.
El arroz no es solo un cultivo en la Albufera: es la mano que cada año poda el humedal y lo mantiene abierto al agua y a las aves.
Silla devuelve sus parcelas: la primera grieta del humedal
El efecto dominó preocupa más que el dato puntual. Si los campos se abandonan, el humedal pierde el manejo que lo sostiene: la inundación controlada, el rastrojo, el ciclo del agua que hace posible la vida del lago. Ahora los propietarios, pequeños y poco mecanizados, tendrán que elegir entre seguir cultivando por su cuenta o dejar el arrozal. La decisión sobre la suelta de aguas de la próxima campaña está en el aire: los arroceros de la zona norte del parque se reunirán en las próximas semanas para decidir si la realizan o no. Es el gesto más barato del calendario agrícola y, a la vez, el que abre o cierra el año.
Donde el sector señala la causa está fuera de la Comunitat: en la entrada masiva de importaciones de países terceros que saturan el mercado europeo. «Es lo que más daño está haciéndonos, por eso queremos una compensación», insiste Durà. La Unió reclama a la Comisión Europea que reconozca la perturbación de mercado, limite importaciones e intervenga precios; Ava-Asaja añade que otros arroces entran en la UE sin las garantías alimentarias que aquí se exigen. El Consell pide al Gobierno central que active las cláusulas de salvaguarda y recuerda que el Ministerio denegó la autorización excepcional de fitosanitarios solicitada desde la Generalitat.
La Conselleria de Agricultura, que dirige Miguel Barrachina, detalla lo que ya llega: cada hectárea de arroz recibe unos 1.200 euros de media dentro de la PAC; 6,8 millones anuales compensan el cultivo en zonas de alto valor ecológico; 400.000 euros se han invertido en la campaña de control del cucat del arroz; y 175.000 euros acaban de concederse a la Denominación de Origen Arròs de València. Ninguna de esas líneas cubre la brecha del precio, responden los agricultores, que piden una línea excepcional de ayudas directas para poder afrontar la siembra del año que viene.
El Escenario Valenciano
La política valenciana mira el arrozal con incomodidad creciente. El Consell (el gobierno de la Generalitat Valenciana, que preside Juanfran Pérez Llorca) sostiene que el sector «es auxiliado» y reparte responsabilidades hacia Madrid, mientras PP y Vox gobiernan sin una línea de ayudas directas comprometida para la próxima siembra. La oposición de PSPV y Compromís tiene aquí un terreno poco habitual: un conflicto económico con epicentro rural donde el discurso de la sostenibilidad y el del precio se cruzan. Y los trece ayuntamientos que firmaron en la Lonja, de distinto color político, siguen siendo el único marco estable de interlocución.
La dimensión estatal no es un adorno. España comparte con Italia y Grecia el mismo problema de precios y de importaciones, y lo que se decida en Bruselas —perturbación de mercado, salvaguardas, aranceles— marcará la viabilidad del cultivo en toda la fachada mediterránea. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene sobre la mesa la petición de cláusulas de salvaguarda y ya dijo no a los fitosanitarios excepcionales. En paralelo, la etiqueta libra su propia batalla: la Denominación de Origen es hoy la única herramienta que separa el grano local del que llega sin trazabilidad.
El calendario inmediato es corto. Primero, la junta extraordinaria que activan los regantes de la Sèquia de l’Or. Después, la asamblea del norte del parque sobre la suelta de aguas. Y en el horizonte, la siembra de 2027, que solo existirá si alguien puede pagar las semillas. Un cultivo que sostiene un parque natural no se mide en kilos, se mide en paisaje, y ese paisaje todavía puede decidirse en una reunión de regantes.
Ficha del Caso
- El caso: Los arroceros de la Albufera alertan de una crisis de rentabilidad sin precedentes que amenaza el cultivo y, con él, el equilibrio del humedal que aspira a ser Reserva de la Biosfera.
- Datos importantes: El kilo se paga a 0,31 euros frente a los 0,70 de hace tres años; pérdidas estimadas superiores a 16 millones de euros; 2.000 parcelas devueltas en Silla, más del 60% del término; 1.200 euros por hectárea de la PAC y 175.000 euros para la DO Arròs de València.
- Resumen: El sector reclama a la Generalitat ayudas directas para la próxima siembra y al Gobierno central y a Bruselas que frenen las importaciones, mientras la decisión sobre la suelta de aguas queda pendiente.
