La exalcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, junto a ocho exediles, se enfrenta a un juicio oral por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El caso, conocido como el «Caso ITV», se centra en la condonación de una deuda de más de 2 millones de euros a la empresa concesionaria de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Móstoles.
La investigación se inició tras la denuncia de un grupo de vecinos que alertó sobre posibles irregularidades en el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Móstoles con la empresa concesionaria de la ITV. El caso ha sido investigado por la Fiscalía del Área de Móstoles-Fuenlabrada, la cual ha presentado un escrito de acusación en el que reclama doce años de inhabilitación para la exalcaldesa y los exediles.
La Acusación: Un Acuerdo Ilegal y Perjudicial
La Fiscalía acusa a los exediles de un delito de prevaricación, alegando que aprobaron un acuerdo que condonaba la deuda de la empresa ITV Móstoles, SL., a pesar de contar con informes desfavorables del Interventor municipal que alertaban de la ilegalidad del mismo. El acuerdo, aprobado por la vía de urgencia, incluía una quita del 50% de la deuda, la reducción del canon anual a 60.000 euros y el aplazamiento hasta el año 2040 del resto de la deuda, sin intereses ni recargos.
Según la Fiscalía, los exediles actuaron con consciencia de la ilegalidad del acuerdo, omitiendo los informes preceptivos del Secretario General del Ayuntamiento y del Interventor, que se habían opuesto anteriormente a la propuesta. El acuerdo se basó únicamente en un informe favorable del también acusado, Francisco Javier Torner, quien no tenía facultades para emitir dicho informe.
La Fiscalía argumenta que el acuerdo ha generado un perjuicio económico al Ayuntamiento de Móstoles, ya que condonó 615.000 euros de la deuda y redujo el canon a 60.000 euros anuales. La empresa ITV Móstoles, SL., administrada por Mónica Ramírez Moreno Manzanero, se habría beneficiado de este acuerdo a sabiendas de su ilegalidad.
El Juicio Oral: Una Prueba de Fuego
El juicio oral, que se celebrará en la Audiencia Provincial de Madrid, será la ocasión para que los acusados presenten sus defensas y se determine su culpabilidad o inocencia. Las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluyendo los informes desfavorables del Interventor y la evidencia de la consciencia de ilegalidad por parte de los exediles, serán cruciales para la decisión del tribunal.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la ley en la gestión pública. La condonación de deudas a empresas concesionarias sin los debidos controles y garantías legales puede tener graves consecuencias para las arcas públicas y la confianza ciudadana en las instituciones. La decisión del tribunal en este caso tendrá un gran impacto en el futuro de la gestión pública en Móstoles y servirá como precedente para otros casos similares.
