El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la puerta a José Ángel Escorial Senante, administrador de Soluciones de Gestión, que importó y vendió las mascarillas tanto a empresas del Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos como al ministerio del Interior y los gobiernos balear y canario; en su denuncia contra Ramiro Grau, abogado zaragozano, primer denunciante ante la Fiscalía Anticorrupción del Caso Koldo. Es la segunda vez que alguien relacionado con la trama pierde contra Ramiro Grau una denuncia, ya que la primera fue la propia Soluciones de Gestión como empresa cuya demanda quedó sobreseída.
El caso había llegado hasta la Sala de lo Civil 1 del Tribunal Supremo, en recurso de casación. Pero mediante una providencia dictada el 4 de junio de 2025 los tres miembros del Alto Tribunal inadmitían el recurso de casación presentado por Escorial Senante «por falta de interés casacional».
En la providencia explican los tres magistrados del Supremo que «en la medida en que, en el presente caso, al entender la sentencia impugnada que la noticia acerca de las empresas que van a obtener pingües beneficios ante una situación de emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19 y su relación con el Gobierno o con determinadas Comunidades Autónomas, constituye un hecho de una extraordinaria relevancia pública y de especial sensibilidad; sin que las expresiones referidas al recurrente Sr. Escorial puedan considerarse “indudablemente injuriosas”; y no pudiendo dudarse del carácter defectuoso de parte de las mascarillas; no muestra ninguna discrepancia relevante, objetiva, respecto de aquellos criterios sobre el juicio de ponderación, expresados, entre otras muchas, en la reciente sentencia 536/2025 de 3 de abril que desestima un recurso, si no idéntico, muy similar, al presente, de modo que no puede afirmarse que la información alcance el grado de vulneración del derecho al honor que se pretende en la demanda, por lo que procede su inadmisión al no existir razones por las que la Sala Primera del Tribunal Supremo deba pronunciarse sobre la cuestión o cuestiones planteadas en el recurso (art. 483.3º LEC)».
Además, el Supremo declara firme la sentencia recurrida, impone las costas al recurrente, José Ángel Escorial, y dicta que contra la resolución no cabe recurso alguno por lo que el ex administrador de Soluciones de Gestión solo podría acudir ya al Tribunal Constitucional en amparo si considerase algún derecho constitucional dañado.
La sentencia a la que se refiere el Tribunal Supremo ya fue adelantada por MONCLOA cuando la Sección Vigésimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid desestimaba el 8 de mayo el recurso de apelación presentado por José Ángel Escorial contra una sentencia previa que absolvía a Ramiro Grau por varias tribunas de opinión publicadas en dos diario digitales. La sentencia fue notificada el 22 de mayo de 2024. El Tribunal ratificaba así una sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid dictada el 27 de febrero de 2023 que fallaba que «debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda y se debe imponer la condena de las costas causadas a la parte actora».
PRECURSOR DEL CASO KOLDO
En abril de 2020 Grau publicó un artículo titulado «Chanchullo del dinero público: Ábalos y José Ángel Escorial, la extraña pareja». En el mismo adelantaba los puntos claves que desembocaron en el Caso Koldo en febrero de 2024. Grau se refería a la adquisición en pleno estado de alarma por el COVID 19 de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) del que era titular el ex ministro José Luis Ábalos, mediante un contrato de emergencia a favor de «Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L.» de la que entonces era administrador José Ángel Escorial Senante.
En ese artículo Ramiro Grau advertía que la empresa de Escorial había sido investigada en 2017 por Agencia Tributaria, entre otros hechos, algo que sería más tarde confirmado por la Fiscalía Anticorrupción tras la investigación del Caso Koldo. De hecho, Soluciones de Gestión figura como investigada dentro del caso que se sigue en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. A pesar de todo, el 12 de noviembre de 2020 el empresario denunció al abogado por intromisión ilegítima en el derecho al honor.
El 27 de febrero de 2023 se dictó sentencia en la que se absolvía libremente a Ramiro Grau y dos páginas web también demandadas por albergar el artículo de Grau y se imponían las costas procesales al denunciante, José Ángel Escorial. Pero el empresario interpuso recurso de apelación, que ahora ha sido desestimado.
Contra la sentencia cabía interponer recurso de casación, pero el Tribunal ya advertía entonces que «habrá de fundarse en infracción de normas procesales y sustantivas, aunque no concurra interés casacional, porque, esta sentencia se ha dictado para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de amparo».
INFORMES DE LA UCO
José Ángel Escorial Senante aparece en varias ocasiones en los informes de la Guardia Civil relativos a la investigación del Caso Koldo y en los escritos de la Fiscalía Anticorrupción para la Audiencia Nacional, que instruye la causa e incluso fue detenido el 20 de febrero de 2024 cuando estalló el escándalo.
La primera vez que el nombre de Escorial se encuentra en el sumario del Caso Koldo lo hace asociado a la empresa «Soluciones de Gestión», cuando los investigadores escribieron que «la mercantil era propiedad de Íñigo Rotaeche Lachiondo y de Luis Presa Medina, al mismo tiempo estaba administrada por José Ángel Escorial, si bien la sociedad estaba controlada por el grupo Cueto».
En otro apartado del informe entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa, los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explican que «respecto a sus órganos sociales (Soluciones de Gestión) en el momento de los hechos investigados, cuenta con un administrador único, Purdey Investment SL, propiedad de José Ángel Escorial Senante y su capital social estaría participado por Erromar Soluciones Digitales, propiedad de Íñigo Rotaeche Lachiondo (…)». Ambos empresarios mantienen la condición de investigados en el Caso Koldo desde el principio.
Además, otro informe de la UCO sobre el Caso Koldo fechado el 23 de septiembre de 2022 atribuía a una empresa vinculada a Escorial Senante, «Consultoría Estrategia y Fiscalidad Corporativa SL», el cobro de 8.373,20 € de una transferencia desde Soluciones de Gestión tras la venta de las mascarillas.
