Es difícil de entender que personas cercanas al presidente del Gobierno Pedro Sánchez tengan una reunión donde les chivan la existencia de un complot policial para impedir que alcance esa Presidencia y nadie se lo cuente al afectado. Eso es lo que dijeron en sus declaraciones en sede judicial tanto Antonio Hernando, actual secretario de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales pero que entonces ocupaba el cargo de director adjunto de Presidencia, y Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.
Hernando dijo al juez Arturo Zamarriego, que lo interrogó sobre su participación en una reunión junto a Leire Díez, fontanera del PSOE, y junto a Santos Cerdán, secretario de organización en la sede socialista de Ferraz, que no le dijo nada de la misma a Pedro Sánchez. Cerdán también aseguró que no comunicó nada a su jefe directo y secretario general de su partido.
La memoria es algo muy selectivo y este lunes Hernando no supo recordar en qué fechas se reunieron en un despacho de la calle Ferraz, Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Santos Cerdán, Ion Antolín, secretario de Estado de Comunicación, y él mismo. Todo ello a pesar de que no han pasado siquiera dos años de la reunión. Menos mal que Cerdán tiene mejor memoria y recordó que fue en abril de 2024 cuando se produjeron dos reuniones con Leire Díez. Eso sí, ninguno de los dos se lo contó a su jefe directo, Pedro Sánchez. O bien el presidente del Gobierno no se entera de nada o los testigos querían «hacerle la cama» a su jefe.
Al menos los testigos sí han recordado el motivo: Leire Díez, entonces militante socialista fue a avisarles de que el famoso comisario Villarejo había investigado los negocios de las saunas del suegro de Pedro Sánchez. Para ello aportaba la prueba de unos audios del año 2014 entre el comisario jubilado y el secretario de Estado de Seguridad de aquella época, durante el gobierno de Mariano Rajoy.
Cerdán también recordó que había hablado con Leire Díez después de salir de la prisión de Soto del Real (Madrid) donde se encontraba en prisión preventiva hasta el pasado mes de diciembre, después de que ella le llamase para «solidarizarse» con el ex secretario de Organización del PSOE.
El ex diputado socialista navarro tampoco avisó al presidente del Gobierno, y máximo responsable de su partido, su jefe directo en el PSOE, de las citadas reuniones. De ninguna de las dos. También dijo que no le interesaban los audios sobre las saunas que ofrecían Leire Díez y el empresario Pérez Dolset, porque era material que ya se conocía públicamente. No fuera a ser que hubiese algo nuevo.
LA REFLEXIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ
En cualquier caso, es extraño que las reuniones coincidan en el tiempo con el período que el presidente del Gobierno se tomó para reflexionar, que fue del 22 al 26 de abril de 2024. Coincidencias o no, ambos testigos juran no haber contado nada de esas reuniones a Pedro Sánchez. En cualquier caso, luego el presidente del Gobierno regresó con fuerzas renovadas y denunciando una campaña orquestada contra él por parte de las antiguas «cloacas» del Estado desde hacía 10 años.
El problema con los testigos es que este «silencio» respecto a la figura de Pedro Sánchez lo señala todavía más, porque es difícil de creer que el director adjunto de tu gabinete y tu mano derecha en el partido te oculten algo de tal magnitud. Nadie se lo cree y el juez tampoco, a pesar de que los testigos tienen la obligación legal de responder con la verdad.
Tras estas declaraciones la primera en abrir fuego fue la coordinadora nacional jurídica del partido Vox, Marta Castro, que ejerce una de las acusaciones populares. Castro afirmó que «las cloacas del PSOE están siendo analizadas» y que se constataba «cómo el PSOE institucionaliza una actuación ilícita e ilegal y cómo cualquier estructura, ya sea del Gobierno o incluso de su propia estructura de partido, está siendo utilizada para intereses privados, intereses comunes», además de arrastrar «las luchas internas que ya vienen desde las primarias del PSOE» y recordó que estos hechos «han aparecido en varias ocasiones durante muchos años», citando 2017, 2021 y 2024, y ha señalado que ahora habrá que ver «cuál es el alcance de la intervención de Leire, de Cerdán, de Hernando y de toda la estructura del PSOE».
El juez Zamarriego investiga a la ex militante del PSOE Leire Díez por presuntamente buscar información contra jueces, fiscales y guardias civiles que trabajan en los casos de corrupción, que afectan al PSOE y a familiares de Pedro Sánchez, a cambio de favores. Leire Díez enmarca todos sus contactos en la investigación que estaba realizando para un libro.
Es decir, en lenguaje judicial Zamarriego investiga si Díez lideraba una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» de instituciones estatales con el fin de «anular o malbaratar» sus investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
El instructor tendrá que esclarecer si Díez buscaba información de forma independiente como periodista, tal y como sostuvo ella en su declaración del pasado mes de noviembre, o si tenía algún vínculo con el PSOE o con Cerdán, como se le escucha decir en una de las grabaciones de las reuniones que mantuvo con empresarios en la que asegura que era “mano derecha” del ex secretario de Organización de los socialistas.
Cuando se conocieron esas grabaciones, desveladas por el diario El Confidencial, Hazte Oír y Vox acudieron a los tribunales para denunciar a Leire Díez. En esos audios se escucha a Díez ofreciendo favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado en otra trama relacionada con los hidrocarburos, a cambio de información comprometedora contra miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía.
Luego se publicó también el contenido de otra reunión celebrada en mayo de 2025 en la que, según Fiscalía, la investigada intentó sobornar al fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa. En su declaración ante el juez, Díez se desvinculó de las grabaciones. Aseguró que no se reconocía en ellas y pidió que se declarara su nulidad.
El próximo 9 de febrero están llamados a declarar los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero, ya que en la empresa de éste último habría tenido lugar el encuentro entre Leire Díez y Stampa.
Leire Díez tiene abierta otra causa en la Audiencia Nacional tras ser detenida por orden del Juzgado Central de Instrucción 5 el pasado 10 de diciembre, en un procedimiento todavía secreto en el que se investiga si cobró comisiones implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI.
