El perfil bajo del PSOE en materia de vivienda ha sido una constante que ha dejado un vacío político considerable en España. Mientras la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sigue políticas que comparten la misma lógica que el PP —centradas en la construcción masiva y en desgravaciones fiscales para rentistas como medidas estrella—, los resultados en la vida real muestran un problema creciente de acceso a la vivienda.
La ciudadanía lo percibe claramente, y Rodríguez aparece sistemáticamente como una de las ministras peor valoradas en numerosos rankings, lo cual es un reflejo de su escasa capacidad de respuesta frente a los problemas estructurales del mercado inmobiliario.
En contraste, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha demostrado valentía y capacidad de acción en un terreno donde pocos se atreven a intervenir: el de los derechos de los consumidores y el control del mercado de alquileres y alojamientos turísticos.
Su perfil ha crecido en popularidad, situándose entre los ministros mejor valorados en las últimas encuestas. Más aún, algunos sectores lo ven como un potencial candidato para las próximas elecciones generales del espacio de Sumar, aunque él mismo ha dejado claro que no tiene intención de asumir ese rol.
Su combatividad frente a grandes empresas y fondos inmobiliarios lo ha convertido en un enemigo público número uno de gigantes como Airbnb y Booking. Esta batalla por el derecho a una vivienda digna y por la protección de los consumidores se refleja en varias iniciativas que el Ministerio de Consumo ha llevado a cabo en los últimos meses, dejando a Isabel Rodríguez en un segundo plano.
PRÓRROGA Y CARTA
Hace unos días, el Ministerio de Consumo ha enviado una carta a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión recordándoles que deben prorrogar obligatoriamente los contratos de arrendamiento de vivienda que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos lo soliciten.
CaixaBank, Blackstone, CBRE, Cerberus, Santander, Sabadell, Unicaja, Renta Corporación, BBVA, Compañía Española de Viviendas en Alquiler SA (Cevasa), TPG Capital, Ares Management y Lone Star gestionan más de 100.000 viviendas en toda España. La medida se enmarca en el real decreto ley aprobado el 20 de marzo de 2026, con dos objetivos claros: congelar los contratos a punto de vencer y limitar las actualizaciones anuales a un tope del 2%.
Esto significa que los inquilinos podrán renovar sus contratos hasta un máximo de dos años adicionales sin incremento de renta, garantizando estabilidad y evitando desalojos forzosos en un contexto de creciente presión sobre el mercado del alquiler. La norma crea un derecho extraordinario de renovación que obliga a los arrendadores a aceptar la solicitud, manteniéndose los términos y condiciones del contrato vigente.
AIRBNB Y BOOKING
El Ministerio de Consumo no se detuvo ante las grandes plataformas turísticas. En diciembre de 2025, impuso a Airbnb una sanción de 64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia, afectando a más de 65.000 anuncios detectados como ilegales por la Unidad de Análisis de Consumo.
Las infracciones identificadas incluían prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa y obstrucción al suministro de información durante la inspección del ministerio. Airbnb solicitó medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para paralizar la multa, pero el tribunal rechazó sus argumentos, confirmando la firmeza de las sanciones.
Además, el ministerio impuso tres nuevas multas a la plataforma por un total de 75.000 euros por incumplimientos adicionales, reforzando la idea de que no hay empresa demasiado grande para incumplir la ley. El enfrentamiento con Booking es otro ejemplo del compromiso del ministerio.
Por otro lado, en 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 detectó más de 4.000 anuncios de alojamientos turísticos ilegales, especialmente en las Islas Canarias, y emitió un requerimiento a la multinacional para que los retirara.
La respuesta fue inmediata: Booking eliminó todos los anuncios identificados, mostrando colaboración con el ministerio. Según Bustinduy, esta acción es crucial para frenar la proliferación indiscriminada de alojamientos turísticos, una de las causas principales de la dificultad de acceso a la vivienda en zonas de alta demanda turística.
La actuación judicial previa con Airbnb sentó un precedente que permitió al ministerio intervenir con eficacia en este caso, consolidando la autoridad del gobierno frente a plataformas internacionales.
