La semana pasada la abogada de Koldo García, el ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, hacía una petición cuando menos inusual al Tribunal Supremo. Pedía que le dejasen reunirse junto al abogado de Ábalos, el propio ministro y su cliente, Koldo García en una sala del Centro Penitenciario Madrid V, en Soto del Real.
Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, pedía al Alto Tribunal que autorice «de forma excepcional y proporcional las comunicaciones y visitas conjuntas» en prisión entre el ex asesor ministerial, el ex ministro Ábalos y sus respectivos equipos legales antes del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Por si quedaban dudas, la petición deja claro que las defensas de ambos acusados irán a la par en el juicio que arranca este martes en el Tribunal Supremo.
Ábalos y Koldo ingresaron juntos en prisión en noviembre de 2025, en el módulo de enfermería de Soto del Real, aunque ahora ya tienen celdas separadas. Salen del módulo al patio al mismo tiempo, coinciden en los desayunos, comidas y cenas y hacen vida conjunta en prisión. Pero la letrada pedía esas comunicaciones «conjuntas entra los acusados y sus respectivos letrados», el «uso de ordenador portátil y soportes de almacenamiento» para estudiar la causa y la habilitación de una sala «sin barreras físicas».
Además, la abogada explicaba que, evidentemente, «existe un acuerdo total y explícito» con el abogado del ex ministro, Marino Turiel, «para trabajar de forma conjunta en la estrategia de defensa». El acuerdo, continúa, responde a la «necesidad imperiosa de una defensa conjunta». «Sin reuniones conjuntas, es imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos», remarcaba.
La abogada ponía de manifiesto lo que no se había dicho nunca en voz alta pero se deducía de sus estrategias procesales. Escrito que presentaba uno, el otro se adhería. El único que viene disintiendo de esta estrategia es el letrado de Víctor de Aldama, el tercer imputado que es juzgado a partir de este martes, puesto que al comienzo de la investigación llegó a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.
De hecho, antes de que se decretase su ingreso en prisión, ambos siguieron estrategias similares, coordinadas o no, negándose a declarar.
Koldo García se negaba a declarar argumentando que todavía no le habían devuelto los dispositivos incautados y, por tanto, no podía defenderse convenientemente en un nuevo interrogatorio. Su abogada, Leticia de la Hoz, ha usado una y otra vez en este mismo argumento durante los últimos meses y ha pedido en varias ocasiones que le fueran devueltos esos dispositivos, hasta que consiguió copia informática de los teléfonos móviles incautados.
LA CONEXIÓN DE KOLDO Y ÁBALOS
La conexión entre ambos investigados es de tanta confianza que incluso Koldo García explicó que guardaba un disco duro con información del ex ministro. Atrás quedaron aquellos días tras el 20 de febrero de 2024, cuando fueron detenidas 20 personas, entre ellas Koldo García y Víctor de Aldama, en los que Ábalos manifestaba que apenas conocía a Koldo García, que le hacía de chófer, le llevaba los papeles y poco más.
Sin embargo, luego se demostró que la cercanía era tanta que incluso Koldo y su pareja Patricia Úriz, sufragaban gastos de Ábalos sin que constase luego la devolución de ese dinero. Entre los gastos se incluían incluso cosas tan privadas como el pago de la pensión alimenticia de uno de los hijos de Ábalos. Uno de los informes de la UCO revelaba además que el PSOE pagaba supuestos sobresueldos a Ábalos y Koldo con dinero en efectivo, y que esos sobres para Ábalos los recogían tanto Koldo como Patricia.
Koldo García llegó a pedir ante el Supremo que no investigase los contratos en dos empresas públicas dependientes del ministerio de Transportes y de los viajes oficiales que, supuestamente costeó el propio ministro Ábalos a la que entonces era su pareja, Jésica Rodríguez, algo que a priori no le iba ni le venía. Pero aún así la representación legal de Koldo García presentaba un escrito ante el Alto Tribunal, oponiéndose a la petición de las acusaciones populares que habían solicitado esta medida tras escuchar la declaración de la propia Jésica Rodríguez ante el Supremo.
El argumento de la defensa de Koldo García es que esta petición supone «una evidente intención de plantear una investigación prospectiva que no puede ser aceptada por los investigados, al suponer la evidente vulneración de sus más esenciales derechos fundamentales, inherentes a la condición procesal que ostentan en el procedimiento». Es solo uno de la docena de ejemplos donde se pone en evidencia que ambos van de la mano al banquillo de los acusados a partir de este martes.
El 2 de marzo se producía uno de los últimos movimientos procesales del ex ministro, que desde su Twitter escribía: «He planteado a la Sala II del Tribunal Supremo una cuestión de competencia y de inhibición en favor del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional tras conocer el último atestado de la UCO de fecha 24 de febrero de 2026, cuyo asunto es «Informando sobre avances de la investigación» y que identifica la continuación de la misma sobre la contratación de mascarillas en mi etapa de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana». El Supremo no le hizo caso y el día 3 dictó un auto de inicio del juicio.
La abogada de Koldo García presentaba el último recurso el 31 de marzo y lo hacía ante el Tribunal Constitucional contra el auto del Tribunal Supremo. En el recurso de amparo, al que tuvo acceso Europa Press, la abogada del ex asesor, Leticia de la Hoz, argumentaba que han sido vulnerados sus derechos fundamentales, como ya hizo ante el Supremo el pasado 17 de marzo y que ya fue rechazado por el alto tribunal.
La defensa de Koldo subrayaba que el Supremo habría perdido la competencia del juicio tras la renuncia al acta de diputado de Ábalos a finales de enero y a la ausencia de aforamiento, al tiempo que acusa al alto tribunal de «priorizar el rigorismo de los plazos y la comodidad judicial sobre los derechos fundamentales».
La defensora explicaba que «la UCO ha realizado una interpretación sesgada y descontextualizada de los mensajes. La falta de acceso a la fuente original impide a los peritos de la defensa construir una línea temporal verificable, analizar los metadatos y revisar la coherencia cronológica de las comunicaciones para desmontar las hipótesis policiales y aportar el verdadero contexto de las conversaciones».
La defensa del ex asesor critica además que «el relato acusatorio se sostiene en un pacto opaco extraoficial» con el empresario y también acusado Víctor de Aldama, «prometiendo beneficios penales a cambio de incriminar» a Koldo García.
«Con este pacto clandestino se fabrica inadvertidamente una ‘verdad de artificio’ y nos obliga a entrar al juicio en una posición de absoluta inferioridad», señala en el recurso.
Asimismo, la defensa de Koldo denuncia que a los supuestos actores beneficiarios de las conductas ilícitas se les otorgue «una inmunidad indebida a cambio de testimonios incriminatorios».
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 para el empresario Víctor de Aldama, el tercer acusado de esta trama. Se les acusa de varios presuntos delitos, entre ellos organización criminal, cohecho, tráfico de influencias o malversación.
Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su ex asesor -ambos en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre-, mientras que para el empresario solicitan, 7 años, la misma pena que el fiscal.
El juicio comienza este martes 7 de abril y contará con más de 70 testigos, divididos en 13 sesiones.
