David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, se enfrenta a partir de este jueves a un escenario judicial de final incierto. La Audiencia provincial de Badajoz le juzga a partir de este jueves por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Las pruebas contra él son cinco fundamentalmente.
Si el Tribunal considera probado que la Diputación de Badajoz creó el puesto de Coordinador de los conservatorios ex profeso para Sánchez, obviando el concurso público o amañándolo con el permiso de Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente de la Diputación, Sánchez y el resto de imputados, hasta un total de 11, serán declarados culpables.
En el extraño caso de que las defensas de los acusados consiguieran demostrar que la cadena de correos electrónicos incautados por la UCO hubiesen sufrido alguna alteración, la causa decaería por completo y David Sánchez junto con el resto de imputados se libraría de una segunda condena.
La declaración del hermano del presidente del Gobierno, prevista para el primer día del juicio, no tendrá lugar hasta, como pronto el 1 de junio, lunes. No obstante, el jueves 28 de mayo arrancará el juicio contra Sánchez y otros 10 funcionarios de la Diputación Provincial de Badajoz, por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Las sesiones tendrán lugar el 28 y 29 de mayo y luego se reanudarán el 1, 2, 3 y 4 de junio a las 10 de la mañana. El primer acusado en responder a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y de los abogados de todas las partes será el propio David Sánchez.
Pero antes, el Tribunal constituido en la Audiencia Provincial de Badajoz deberá decidir sobre unas nuevas testificales pedidas y las cuestiones previas planteadas por todas las partes.
En este caso será un tribunal profesional y no un jurado popular el encargado de dictar sentencia, por lo que no se perderá el primer día en la constitución de un jurado popular. La «culpa» la tiene el delito de prevaricación administrativa, expresamente excluido de los procedimientos de jurado popular.
Los dos primeros días de las sesiones en la Audiencia Provincial de Badajoz estaban previstas al interrogatorio de todos los imputados que ahora deberán esperar al día 1 de junio. En cualquier caso, el primero en la lista será David Sánchez, pero tras él será el ex presidente de la Diputación y ex diputado autonómico socialista Miguel Ángel Gallardo, el encargado de dar respuestas a las preguntas de las acusaciones populares, la fiscalía y los abogados de todas las partes.
El auto de procesamiento dictado en su momento por la juez Beatriz Biedma recogía hasta cinco hechos imputados a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Creación adhoc de un puesto público para su beneficio
La juez sostiene que el puesto de «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios» de la Diputación de Badajoz fue creado específicamente para ser ocupado por David Sánchez, sin que existiera una necesidad real planteada por los directores de los conservatorios.
Manipulación del proceso de selección
El proceso de selección, según el auto, fue dirigido para asegurar la adjudicación del puesto a David Sánchez, otorgándole la máxima puntuación en los criterios que se sabía que él cumplía. El testimonio de otra candidata, Cristina de Frutos, fue determinante pues mantuvo que la entrevista fue una mera formalidad y que no se les dio igualdad de oportunidades a todos los candidatos.
Simulación de legalidad en la contratación
Se formalizó un contrato de alta dirección con funciones y obligaciones que, según la juez, no se cumplieron en la práctica, ya que David Sánchez centró su actividad en el proyecto «Ópera Joven» y dejo de realizar las funciones de coordinación de los conservatorios.
Adaptación del puesto a sus preferencias personales
El auto de procesamiento dictado por Biedma respondía que se modificó la denominación y funciones del puesto para ajustarlas a las actividades que realmente realizaba, sobre todo las relacionadas con la ópera, eliminando incluso la incompatibilidad para permitirle otras actividades.
Uso de su influencia para beneficiar a terceros
Se imputa a David Sánchez que usó su posición e influencia en la Diputación de Badajoz para facilitar la creación y adjudicación de un puesto de confianza da Luis María Carrero, persona que ya formaba parte de su entorno personal y profesional, ya que colaboraba con él antes de ser contratado por la Diputación.
Los delitos que se le imputan a David Sánchez son prevaricación administrativa y tráfico de influencias, al haberse creado y adjudicado puestos públicos vulnerando, supuestamente, los principios de igualdad, mérito y capacidad y utilizando la influencia personal para obtener beneficios propios y para terceros.
Todos los hechos están documentados en el escrito de acusación de la juez Biedma y están ampliamente documentados en su resolución, con ejemplos concretos de correos electrónicos, testimonios y análisis de los procedimientos administrativos implicados.
7 acusaciones, 8 abogados y 11 imputados
Las 7 acusaciones populares estarán representadas por otros tantos abogados. Además de que cada imputado tiene el suyo, excepto cinco funcionarios que comparten a dos abogados. Es decir, un total de 8 abogados para los 11 imputados. Por todo ello, está previsto que las sesiones para los interrogatorios se alarguen más de lo previsto.
También existe la posibilidad de que los acusados se nieguen a responder a algunas o todas de las partes personadas en este macroproceso, pues están en su derecho. Este hecho podría acortar notablemente las sesiones de juicio.
Tras Sánchez y Gallardo serán interrogados Francisco Martos, actual alcalde de Castuera y Diputado Delegado del Cultura y Deportes, Manuel Candalija, director del Área de Cultura, Deportes y Juventud; Emilia Parejo, coordinadora en la Delegación de Igualdad, Félix González, Jefe del Servicio Apoyo Jurídico e Inspección; Cristina Núñez, concejala en Talavera La Real y ex Delegada en el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social; Juana Cintas Calderón, concejala en el Ayuntamiento de Olivenza y Jefa de Recursos Humanos en la Diputación; Elisa Moriano, ex directora del área de Cultura; Luis María Carrero, jefe de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas y amigo personal de David Sánchez y Ricardo Cabezas, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Badajoz.
Si todo funciona tal y como está programado, algo difícil durante la celebración del acto de juicio oral, a partir del miércoles 3 de junio comenzarán a desfilar hasta 34 testigos por la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz. Entre ellos, los directores de los conservatorios de música de Badajoz que, supuestamente, tenían de jefe a David Sánchez, Álvaro Jaén, ex diputado autonómico de Podemos que fue el primero en denunciar la contratación del hermano de Sánchez y hasta tres peritos que han emitido informes sobre la legalidad o no de la contratación de David Sánchez.
Todos los testigos están obligados a decir la verdad y a responder a todas las preguntas planteadas. La última sesión del juicio se guarda para que declaren los 9 guardias civiles que intervinieron en las diligencias realizadas durante la investigación, como el cálculo del patrimonio de David Sánchez o la averiguación de que se había interesado por el alquiler de un piso en Badajoz antes de conocer que había ganado el concurso público para su plaza.
David Sánchez coordinador de los conservatorios
Hay que recordar que David Sánchez fue contratado en julio de 2017 por la Diputación Provincial de Badajoz como Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música con un contrato firmado por el entonces diputado provincial Antonio Garrote, responsable del área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación de Badajoz. El nombramiento fue autorizado con la firma del entonces presidente de la dicha diputación y número 1 del PSOE en la provincia, Miguel Ángel Gallardo.
En el año 2022, el puesto fue modificado y pasó a denominarse Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, sin pasar el trámite administrativo necesario. La investigación de la juez Beatriz Biedma sostiene que esta plaza fue creada sólo para él, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a empleos públicos.
La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias. La instrucción del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, terminó atribuyendo delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El caso adquirió mayor notoriedad mediática después de que la UCO de la Guardia Civil registrase en dos ocasiones la sede de la Diputación pacense.
