El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, la reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la ha remitido al Congreso para que inicie su trámite parlamentario. La norma, que sustituye a la ley vigente desde 1982, regula por primera vez los ‘deepfakes’ creados con inteligencia artificial (IA) sin autorización y los contenidos de ‘true crime’.
Según ha confirmado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el texto ha sido enriquecido con los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado. Bolaños ha subrayado que la ley pretende «devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y a los ciudadanos y quitarles parte de ese poder a los grandes oligarcas tecnológicos».
Las claves de la reforma: ‘deepfakes’, ‘true crime’ y consentimiento
Estos son los principales cambios que introduce la norma:
- Deepfakes con fines comerciales, prohibidos: por primera vez se considera ilegítimo el uso de la voz o la imagen de una persona sin su autorización con fines publicitarios o comerciales mediante IA. Se exceptúan los contextos claramente satíricos, recreativos o de ficción, donde no será necesario advertir de que se ha usado esta tecnología.
- ‘True crime’ bajo control judicial: cualquier afectación al derecho al honor, la intimidad o la imagen de la víctima será considerada una injerencia ilegítima, sin importar si el autor busca lucro o daño. Esto permitirá suspender la comercialización de series, libros o productos audiovisuales.
- Consentimiento de menores a los 16 años: se eleva la edad para prestar consentimiento sobre la propia imagen, pero la Fiscalía será parte en todos los procedimientos que afecten a menores y se podrá revisar si el consentimiento perjudica al interés del menor.
- Testamento digital y protección de personas fallecidas: cualquier persona podrá dejar por escrito la prohibición de usar su imagen o voz tras su muerte con fines comerciales, y designar a alguien para autorizar excepciones.
- Indemnizaciones sin banalizar: se prohíben las indemnizaciones simbólicas y se fijan criterios como la gravedad de la intromisión, el prestigio del medio difusor o la prolongación en el tiempo. El condenado podrá ver publicados en el BOE sus datos y el importe de la indemnización si la víctima lo solicita.
Respecto a los ‘deepfakes’ —imágenes o voces generadas artificialmente que suplantan a una persona real—, la reforma aclara que cuando el contexto sea claramente satírico o de ficción no hará falta advertir explícitamente de que se ha empleado IA. Sin embargo, nadie podrá utilizar imágenes extraídas de redes sociales personales «para ponerlas en otro contexto alejado de la finalidad que uno tenía cuando la cuelga en su propia red social», ha señalado Bolaños. La excepción serán los hechos de relevancia pública.
En cuanto al ‘true crime’ —género que recrea crímenes reales con impacto en las víctimas—, el ministro ha remarcado que «es irrelevante que el autor del delito quiera provocar un daño a la víctima u obtener un beneficio económico: si hay una afectación al derecho al honor, a la intimidad o a la imagen de la víctima, será una injerencia ilegítima».
Devolver el poder sobre su propia imagen a las personas y quitárselo a los oligarcas tecnológicos es el objetivo declarado de la reforma, según Bolaños.
El consentimiento de los menores se fija en los 16 años, pero la norma introduce una salvaguarda: aunque un menor de 16 o 17 años consienta, si ese consentimiento resulta contrario a su interés, la intromisión seguirá siendo ilegítima. La Fiscalía intervendrá en todos los procedimientos que involucren a menores. Ahora, la ley permite que el menor que tenga 16 años otorgue su conformidad, pero se evaluará siempre si esa decisión le perjudica.
Contexto y trámite parlamentario: una ley esperada desde 1982
El nuevo texto sustituye a la ley orgánica de 1982, que no contemplaba el impacto de las redes sociales ni de la inteligencia artificial. La reforma forma parte del ‘Plan de Acción por la Democracia’ del Ejecutivo y ha superado una segunda vuelta en el Consejo de Ministros tras recibir más de una decena de informes de órganos consultivos. Ahora inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas.
Bolaños ha insistido en que la ley mantiene «un equilibrio razonable en materia de libertad de expresión y libertad creativa», permitiendo el uso de la IA en sátiras o ficciones sin obligación de etiquetado. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha destacado que «esta nueva norma actualiza la legislación vigente para hacer frente a los retos de las redes sociales y de la inteligencia artificial».
Lo que cambia para los ciudadanos y los próximos pasos
A efectos prácticos, cualquier persona podrá solicitar medidas cautelares para frenar la difusión de imágenes o voces generadas por IA que le suplanten sin permiso, tanto si se usan en publicidad como en contenidos de entretenimiento. Las plataformas y productoras de ‘true crime’ deberán extremar el respeto a las víctimas, ya que podrán ser obligadas a retirar sus obras si vulneran derechos fundamentales.
El texto se remite ahora al Congreso, donde comenzará el debate parlamentario. No hay plazos legales máximos para su aprobación, pero el Gobierno confía en que vea la luz antes de que finalice la legislatura. Una vez aprobada por las Cortes y publicada en el Boletín Oficial del Estado, la norma entrará en vigor a los 20 días de su publicación, salvo que se establezca un régimen transitorio.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta la reforma de la Ley del Derecho al Honor y la ha enviado al Congreso.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, y los órganos consultivos que han participado (CGPJ, Fiscalía, AEPD).
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El Congreso inicia la tramitación parlamentaria de la ley, que podría aprobarse en los próximos meses si no encuentra bloqueo político.
