EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Podemos, con Ione Belarra al frente, ha advertido este martes que no apoyará en el Congreso la prórroga de los alquileres si el decreto incorpora ventajas fiscales para los propietarios, una línea roja que exige Junts para dar su ‘sí’.
- ¿Quién está detrás? La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el ministro de la Presidencia (PSOE), Félix Bolaños, lideran las conversaciones a varias bandas.
- ¿Qué impacto tiene? Si no se desbloquea, la convalidación del decreto —prevista para la próxima semana— naufragaría, dejando sin efecto la limitación de rentas y la prórroga de contratos para miles de inquilinos.
Ione Belarra ha lanzado este martes un órdago parlamentario al Gobierno: Podemos no apoyará la convalidación del decreto de vivienda si el PSOE cede a la exigencia de Junts de incluir bonificaciones fiscales para los caseros. La secretaria general de los morados ha sido taxativa: “no vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva un decreto que premie a los especuladores inmobiliarios”. La advertencia deja en el aire la prórroga de la limitación de precios del alquiler, una de las banderas del Ejecutivo de coalición y un pilar del acuerdo de investidura con Sumar y los socios parlamentarios.
La línea roja de Podemos y las cesiones a Junts
En el centro de la tormenta está la negociación abierta con Junts per Catalunya. Los posconvergentes han condicionado su voto favorable a la inclusión de incentivos fiscales para los propietarios que alquilen sus viviendas —una vieja reclamación del sector que Podemos rechaza frontalmente—. Belarra advierte de que esa medida “desnaturaliza” el espíritu intervencionista de la norma, y ha exigido al PSOE que retire ese capítulo del texto antes de que llegue al Pleno. “Si quieren los votos de Junts que no cuenten con nosotros”, ha remarcado en una entrevista matinal.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista reconocen que el margen de maniobra es estrecho. Para que el Real Decreto-Ley supere la convalidación se necesita una mayoría simple en el Congreso, y sin el apoyo de los siete diputados de Junts ni los cinco de Podemos, la suma de Sumar, ERC, EH Bildu y PNV se queda corta. Fuentes del GPS consultadas por Moncloa.com admiten que el Ejecutivo baraja incluir algún tipo de desgravación fiscal limitada, similar a la que ya existe en comunidades como Cataluña, para seducir a Junts sin perder la confianza de la izquierda.
Negociación contrarreloj en el Congreso: plazos y cifras
El calendario aprieta. La convalidación está marcada en el orden del día del Pleno del miércoles de la próxima semana. Si el decreto decae, la prórroga automática de los contratos desaparecería de inmediato, y con ella la protección para algo más de cinco millones de inquilinos, según datos del Ministerio de Vivienda. También se esfumarían las nuevas restricciones a los desahucios sin alternativa habitacional.
La aritmética parlamentaria es tozuda. Sin el voto afirmativo de Podemos, el PSOE necesitaría atraer a Junts sin que ello provoque una rebelión aún mayor en la bancada socio la de Sumar. Y si ningún grupo minoritario cede, el Ejecutivo se enfrentaría a su primera derrota legislativa significativa en materia social, un golpe reputacional difícil de encajar. Cifras en mano: el decreto salió adelante en Consejo de Ministros con el respaldo unánime del ala socialista, pero en la Cámara necesita al menos 176 votos; ahora mismo sobre el papel no llega.
El Gobierno camina sobre la cuerda floja entre las exigencias fiscales de Junts y el portazo de Podemos; un movimiento en falso y la prórroga de los alquileres se desvanece.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz observa con preocupación el enroque de Belarra. La dirección federal sabe que esta votación es mucho más que un trámite: es la primera prueba de fuego para la reeditada coalición tras la crisis interna que apartó a Yolanda Díaz. Fuentes de la Ejecutiva consultadas por esta redacción subrayan que Sánchez “no va a permitir que Podemos ponga en jaque una ley de país”, pero también que no se regalará un fracaso que la derecha explotaría de inmediato. El dilema es genuino: si se cede a Junts, se tensa la relación con el espacio a la izquierda del PSOE; si se rechazan las demandas de los neoconvergentes, la prórroga muere.
El aterrizaje territorial agrava la ecuación. En Cataluña, donde gobierna Salvador Illa con el respaldo del PSC, cerca del 60 % de los contratos de alquiler están sujetos a la limitación de precios vigente. La Generalitat ya ha advertido de que una derogación automática provocaría un “terremoto social” en las áreas metropolitanas. Y en otras comunidades del PSOE —Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra— los datos de vivienda tensa se sitúan por encima de la media nacional. Los barones socialistas han trasladado en privado su inquietud al entorno de Moncloa.
La lectura estratégica en los pasillos del Congreso es clara: si el Gobierno fuerza la votación sin acuerdo, el riesgo de tumbar una medida socialista de bandera es muy real. El precedente de 2023, cuando la ley de vivienda se salvó por un solo voto gracias a una abstención de última hora, planea sobre las negociaciones. Aquel susto ya enseñó a Ferraz que los pactos a varias bandas son frágiles. Ahora, con Podemos fuera de la coalición pero con capacidad de veto, la geometría se ha vuelto aún más compleja. El PSOE defiende que la política de vivienda no puede ser moneda de cambio ni para la derecha ni para la izquierda maximalista, y fuentes de Moncloa apuntan a que en las próximas horas arreciarán los contactos discretos para buscar una fórmula intermedia que salve la prórroga sin humillar a nadie.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El Gobierno socialista es el único que protege a los inquilinos con medidas reales y no con gestos.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Sesión plenaria del Congreso para la convalidación del Real Decreto-Ley, prevista el miércoles de la semana entrante.
