Las acusaciones populares en el Caso Begoña Gómez han llamado solo como testigo para que declare a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, en la pieza separada que se instruye por el contrato firmado por la empresa de Juan Carlos Barrabés con la empresa pública Red.es. Se trata de averiguar si los 4.053.500 euros adjudicados a Barrabés fueron entregados siguiendo la Ley de contratos del Estado sin intervención ajena. Begoña Gómez y su ayudante Cristina Álvarez son llamadas como testigos, pero las acusaciones populares piden la declaración como investigadas de 17 personas.
Las acusaciones, encabezadas por la asociación Hazte Oír y formadas por el particular Marco Antonio Caballero, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Politica de España, Vox, Manos Limpias y la UCM, explican en el escrito presentado ante el juzgado de Instrucción 41 de Madrid que el «expediente ha llegado al conocimiento del Juzgado por Decreto de la Fiscalía Europea de 8 de junio de 2026, que dejó sin efecto su previa avocación -tras revocarla el Juez de Garantías del Tribunal Central de Instancia, Plaza n.º 6, por auto de 4 de junio de 2026- y dio traslado a esta Plaza del atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el contenido de las comunicaciones electrónicas obrantes en las cuentas Office 365 de trece personas».
Según las acusaciones los indicios de la investigación de la Fiscalía Europea «suponen una actuación dolosa de los técnicos evaluadores de Red.es dirigida a asegurar la adjudicación del contrato a la unión temporal en la que participaba el investigado, mediante el enmascaramiento de un defecto material de su oferta y la construcción artificiosa de las puntuaciones. Por ello, entre otras cosas, corresponde investigar por qué motivo se quiso dar este trato «de favor» a la mercantil vinculada a Barrabés; si recibieron instrucciones, y de quien».
Los licitadores no pudieron impugnar
La cuestión principal de esta pieza está en que «el propio técnico evaluador advirtió el defecto y, acto seguido, resolvió ocultarlo a los demás licitadores. Así consta en el comentario interno suscrito por don Pablo Osuna García el 30 de diciembre de 2020, incorporado a los borradores del informe de valoración y recogido tanto en el atestado de la Unidad Central Operativa como en el Decreto de la Fiscalía Europea de 8 de junio de 2026: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal […]».
El resto de licitadores no impugnaron en su momento la valoración de ese criterio porque, según el escrito de acusación, «se les hurtó, deliberadamente, el dato que habría permitido impugnarla. La falta de reacción de los competidores no es indicio de regularidad: es el resultado buscado de la ocultación».
Tratándose de un contrato financiado con fondos europeos y con un presupuesto base de licitación de 4.053.500 euros -cuantía que excede en más de ochenta veces el umbral típico de cincuenta mil euros-, «la obtención de la adjudicación mediante la ocultación dolosa de un defecto material de la oferta es indiciariamente subsumible en la modalidad de obtención indebida de fondos mediante ocultación de las condiciones que hubieran impedido su concesión: la ausencia del Libro Blanco habría impedido la máxima puntuación», añaden.
Begoña Gómez
Respecto a Begoña Gómez, sostienen los acusadores que, «en el expediente 044/20-ED no consta carta de apoyo o recomendación suscrita por Begoña Gómez Fernández, a diferencia de lo que sucede en los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, donde sí concurren tales cartas y que hoy investiga la Fiscalía Europea (…). Justamente por ello resulta necesario investigar cuál fue el origen o impulso de ese favorecimiento inicial -una indicación, una comunicación, una instrucción verbal-, extremo hoy no esclarecido; y solo del resultado de esa investigación podrá derivarse, en su caso, alguna consecuencia que ahora no cabe anticipar.
De Cristina Álvarez, la ayudante de la esposa del presidente, dicen las acusaciones que «no resulta de las actuaciones, a la fecha, elemento alguno que vincule directamente a Cristina Álvarez Rodríguez con la tramitación interna del expediente 044/20-ED ni con la confección de sus informes de valoración» y es por ello que «esta parte no interesa su imputación en esta pieza».
Las acusaciones, sin embargo, si piden la declaración como imputados del empresario Juan Carlos Barrabés y de varios funcionarios, adscritos a Red.es. Entre ellos de Luis Prieto Cuerdo, responsable del área de Economía Digital de Red.es y firmante de los informes de valoración de los tres expedientes, así como de varios técnicos que intervinieron en la evaluación y en la elaboración de los informes de valoración de los expedientes.
Asimismo, el escrito presentado el 2 de julio en el juzgado madrileño recoge la solicitud para que declaren como investigados los seis miembros de la mesa de contratación y «la persona que firmó la resolución de adjudicación del expediente 044/20-ED y, en particular, si resultare ser él, don David Cierco Jiménez de Parga, Director General de Red.es al tiempo de los hechos, quien cesó en dicho cargo en mayo de 2021″.
