El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no tiene hoy una línea base fiable del programa nuclear de Irán. Seis años de inspecciones restringidas, los bombardeos estadounidenses e israelíes de 2025 y 2026, y la negativa de Teherán a cooperar con los inspectores han generado dos lagunas de conocimiento que ningún negociador puede ignorar. Y la prisa no ayuda: el memorando entre Estados Unidos e Irán da solo sesenta días para alcanzar un acuerdo. Le adelanto que sin una declaración iraní exhaustiva y nuevas autoridades de verificación, cualquier trato nacerá cojo.
La herencia del JCPOA: verificación exhaustiva pero insuficiente
El Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015 estableció el régimen de verificación más intrusivo que el OIEA había administrado hasta entonces. Irán se comprometió a reducir sus centrifugadoras operativas a 5.060 IR-1, limitar el enriquecimiento al 3,67% y recortar sus reservas de uranio enriquecido a 300 kilos. Todo ello mantenía el tiempo de fuga —el necesario para acumular material fisible para una bomba— por encima del año. Las medidas incluían vigilancia continua de la producción de componentes, monitoreo en tiempo real del enriquecimiento y acceso diario de los inspectores a las plantas de Natanz y Fordow.
Sin embargo, aquel andamiaje se mostró débil fuera de los emplazamientos declarados. Irán se negó a permitir el acceso a bases militares amparándose en la Sección T, que teóricamente permitía inspeccionar emplazamientos relacionados con la militarización del programa. La OIEA aceptó que Irán recogiera sus propias muestras ambientales en Parchin, un gesto que el exdirector general adjunto Olli Heinonen calificó de insuficiente. Las dudas no eran infundadas: en 2018, el Mossad sacó de Teherán medio centenar de carpetas con documentos sobre el Proyecto Amad, que detallaban trabajos clandestinos con explosivos de alta potencia y detonadores. Aquella información llevó a los inspectores a un almacén en Turquzabad con partículas de uranio natural de origen artificial que Irán nunca ha podido explicar. La operación del Mossad, la mayor exfiltración de documentos nucleares desde la caída de la Unión Soviética, confirmó lo que muchos temían: el JCPOA no veía lo que ocurría bajo la alfombra.
Las dos lagunas críticas: centrífugas fantasma y uranio bajo los escombros
Hoy el agujero es doble. Primero, desde febrero de 2021 Irán suspendió la aplicación del protocolo adicional y las medidas de transparencia específicas del JCPOA. Negó al OIEA el acceso a las fábricas de centrifugadoras de Karaj, Natanz e Isfahán, y a las plantas de enriquecimiento, de agua pesada y de concentrado de uranio. En junio de 2022 ya había retirado todos los equipos de vigilancia. El director general, Rafael Grossi, lo resumió con crudeza: «Hemos perdido la continuidad del conocimiento». Preguntado en 2023 sobre la posibilidad de que Irán hubiera desviado centrifugadoras, respondió sin adornos: «No lo sabemos».
Esa incertidumbre no es retórica. Si Irán produjo un 10% más de centrifugadoras de las instaladas en sitios declarados entre 2021 y mayo de 2025, dispondría de más de 1.300 máquinas avanzadas no contabilizadas, suficientes para alimentar una pequeña planta de enriquecimiento encubierta. Los bombardeos de 2025 y 2026 —que probablemente destruyeron las centrifugadoras operativas en Natanz y Fordow— convierten esas máquinas ocultas en la vía más viable para reconstituir el programa. La Montaña Pico, un presunto emplazamiento de enriquecimiento en construcción desde 2020 y protegido por granito a mayor profundidad que Fordow, se ha convertido en el punto focal. Trump aludió a él en marzo de 2026: un sitio «protegido por granito» donde Irán reanudaba trabajos. El OIEA nunca lo ha inspeccionado.
La segunda laguna atañe al paradero del uranio enriquecido ya declarado. Antes de los ataques de junio de 2025, Irán almacenaba unos 440 kilos de uranio al 60% de pureza, 184 kilos al 20% y 6.024 kilos al 5% o menos. Tras los bombardeos, Teherán suspendió la cooperación con los inspectores. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que el material estaba «bajo los escombros». Grossi sugirió que la mayor parte del uranio al 60% seguía bajo Isfahán y Natanz, pero también reconoció que era «lógico presumir» que Irán hubiera movido parte del material antes de los ataques. Imágenes satelitales de convoyes con barriles azules saliendo de Isfahán en junio de 2025 son elocuentes, pero no determinan qué contenían ni adónde fueron. Sin una contabilidad verificada, cualquier marco de disposición del uranio capturará solo una fracción del problema.
El espionaje no se mide por las redes que se desmantelan, sino por las que siguen vivas el tiempo suficiente como para que ya no importe. Con las centrifugadoras, ocurre lo mismo.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
La inteligencia que falta aquí es de tres tipos: HUMINT dentro del programa, SIGINT sobre las comunicaciones del Organismo de Energía Atómica de Irán y GEOINT sobre los movimientos en los túneles. Ningún servicio occidental tiene hoy una penetración profunda en el aparato nuclear iraní, y la deserción o muerte de científicos clave durante las operaciones de 2025-2026 ha fragmentado aún más el conocimiento institucional. Irán, además, ha compartimentado el programa hasta extremos que dificultan incluso la reconstrucción de lo ocurrido: ni siquiera un gobierno plenamente cooperativo podría hoy dibujar un mapa completo.
La categoría del vector de amenaza es una pérdida masiva de continuidad de conocimiento —una falla de inteligencia por diseño— agravada por ataques cinéticos que han enterrado o desplazado material fisible. Las agencias atacantes son, por un lado, la OIEA y los servicios occidentales que la respaldan (CIA, MI6, Mossad, DGSE, BND) como defensores de la verificación; por otro, el propio Irán, que ha explotado los vacíos del JCPOA y las restricciones autoimpuestas para negar el acceso. Los terceros que miran con atención son Rusia y China, socios de Teherán en la maquinaria de centrifugación y potenciales receptores de tecnología o materiales en un escenario de ruptura total. El nivel de clasificación del material que falta —desde el número exacto de centrifugadoras no instaladas hasta la ubicación precisa del uranio al 60%— es, sin duda, de alto secreto: su revelación podría reconfigurar las opciones de ataque preventivo o de contrabando nuclear.
El precedente histórico que tengo más presente es la operación del Mossad de 2018, pero también el fallo de inteligencia que permitió a Corea del Norte avanzar hacia la bomba en los noventa. Entonces, como ahora, la confianza en las inspecciones declarativas y la falta de fuentes humanas fiables llevaron a subestimar la capacidad clandestina. Hoy, con la Montaña Pico perforada en roca viva y un uranio al 60% cuyo paradero es un rumor de pasillo, cualquier acuerdo que se firme en los próximos sesenta días sin una declaración iraní completa, sin acceso complementario a los sospechosos y sin un presupuesto de verificación multiplicado, será papel mojado para la no proliferación. El reloj corre, y lo que está en juego no es un tratado más: es la capacidad de Occidente de saber si Irán cruza la línea roja sin haberla detectado jamás.
