Es 5 de julio de 2026. Cumplido un año y medio de su segundo mandato, Donald Trump acaba de empujar a la comunidad de inteligencia estadounidense a un precipicio que pocos creían posible. El presidente ha exigido al Director de Inteligencia Nacional la entrega de la lista maestra de objetivos de espionaje —el censo completo de individuos, redes y Estados sometidos a vigilancia HUMINT y SIGINT— y, en paralelo, ha nombrado directora de una de las grandes agencias de espionaje a Christina Norton, una operadora electoral republicana sin una sola hora de experiencia en seguridad nacional.
La exigencia de la lista maestra no tiene precedentes públicos desde la reforma de los servicios tras el escándalo Watergate. Según los informes adelantados por The New York Times, The New Republic y FCW/NextGov y recogidos por SpyTalk, Trump quiere ese documento —con toda probabilidad clasificado Top Secret— para su consumo directo, sin la mediación de los filtros que tradicionalmente protegen fuentes y métodos. Le adelanto que, si la información se confirma, hablamos de una decisión que pondría en riesgo décadas de oficio clandestino.
No es la primera vez que un presidente intenta controlar el espionaje con fines políticos, pero sí es la primera desde los años setenta en que se hace de forma tan explícita y sin cobertura legal aparente. La diferencia, me temo, es que ahora el destinatario de esa lista tiene un historial documentado de desprecio por las normas de clasificación y un director de Inteligencia —Bill Pulte— al que ha autorizado a desclasificar “lo que quiera”.
La lista de los deseos de Trump
La petición de Trump va mucho más allá de un briefing ejecutivo. Solicita el mapa completo de la actividad clandestina estadounidense: nombres de agentes reclutados, operaciones en curso, estaciones de escucha y, crucialmente, los objetivos prioritarios de las distintas agencias. Poner ese documento en manos de un presidente que ha filtrado datos clasificados por capricho es como regalarle una llave maestra a un pirómano.
Veteranos del oficio consultados por esta redacción hablan de “quiebra de confianza” entre la Casa Blanca y Langley. “Es la peor pesadilla de cualquier jefe de estación”, me dice un antiguo oficial de la CIA que prefiere mantener el anonimato. “Si tus fuentes sospechan que el presidente puede manejar sus nombres con la misma ligereza con la que tuitea, dejarán de hablarte”. Usted, que ha seguido la evolución del espionaje moderno, sabe que la confidencialidad es el único capital que tienen los servicios. Sin él, no hay HUMINT que valga.
De hecho, ya hay señales de alarma. Un tribunal federal acaba de ordenar a la administración que readmita a 19 oficiales de la CIA y del ODNI despedidos por su asignación a programas de diversidad. La sentencia, aún no ejecutada, subraya que la purga fue ilegal y añade un nuevo frente de tensión entre la comunidad de inteligencia y el poder político.
Christina Norton: una leal sin oficio de inteligencia
Mientras los despachos de Langley hierven, Trump ha decidido poner al frente de una de las agencias de espionaje estadounidenses a Christina Norton. La nueva directora —cuyo nombramiento aún no especifica si recae sobre la CIA, la DIA o la NSA, aunque fuentes cercanas apuntan a la primera— llega directamente desde el aparato electoral republicano. Ha sido monitora de elecciones y operadora política, pero su currículum no registra ni un solo día en el ámbito de la seguridad, la inteligencia o la defensa.
“El próximo 11S no se anunciará con un avión, sino con un clic. Pero si el mapa de nuestros secretos cae en manos del adversario, ni siquiera hará falta un ataque: el daño ya estará hecho”.
Norton encarna, según fuentes de la Casa de Castelló —eufemismo que usamos en este oficio para referirnos al CNI—, “el triunfo de la lealtad personal sobre la competencia técnica”. En otras palabras: el acceso a los secretos más sensibles del mundo se decide ahora por fidelidad partidista, no por aptitud para manejarlos. Usted y yo sabemos que en inteligencia la falta de pericia no se sustituye con doctrina política; se paga con vidas.
El paralelismo con la Rusia de Putin —otro antiguo oficial del KGB que colonizó los servicios con gente de su círculo— es tentador pero inexacto. Trump no viene del oficio, y eso lo hace más imprevisible. Donde Putin entiende el valor del silencio, Trump entiende el valor del espectáculo. La diferencia puede ser letal para los agentes que operan en territorio hostil.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Lo que está ocurriendo en Washington trasciende las fronteras estadounidenses. Cuando la mayor potencia de inteligencia del planeta se sumerge en una crisis de esta magnitud, los servicios aliados —incluido el CNI— se ven obligados a recalibrar sus protocolos de intercambio de información. Si la Casa Blanca puede desclasificar por capricho, ninguna agencia extranjera compartirá material sensible sin un seguro de que su origen quedará protegido.
El vector de amenaza que identifico aquí no es técnico, sino estructural: una politización extrema de los canales de mando que sustituye los criterios de oficio por lealtades personales. El atacante, en este caso, no es un Estado extranjero sino la propia presidencia de Estados Unidos, que al exigir la lista maestra y colocar a una operadora sin experiencia al frente de una agencia clave erosiona el blindaje que separa la inteligencia de la política. La defensora sería la comunidad de inteligencia estadounidense —la CIA, la NSA, el ODNI—, que por ahora resiste a través de filtraciones calculadas y recursos judiciales. Y los terceros interesados, cómo no, son Pekín, Moscú y, en menor medida, Rabat y Tel Aviv, que observan atentamente cada resquicio por el que pueda escaparse información clasificada.
A juzgar por la naturaleza del material —un listado de objetivos de espionaje que inevitablemente incluye identidades de fuentes, métodos de reclutamiento y ubicaciones de estaciones clandestinas—, estimo que la clasificación de la lista es Top Secret / SCI (Sensitive Compartmented Information). El daño potencial de una fuga o un manejo negligente podría tardar una década en repararse, si es que se repara.
El precedente histórico más cercano lo encontramos en los abusos de la era Nixon, que llevaron al Congreso a crear el Comité Church y a imponer las primeras barreras legales entre la Casa Blanca y el espionaje doméstico. Hoy estamos ante una reedición acelerada de aquel capítulo negro, solo que sin un Congreso dispuesto a investigar.
Escribí hace años en El quinto elemento que “los primeros que atacamos nuestra intimidad somos nosotros mismos”. Trump, sin embargo, no ataca su intimidad: ataca la de sus propios servicios. Y eso, en el juego más antiguo entre Estados, es como volarse uno mismo el puente antes de que lo cruce el enemigo.
