Hace una semana la Audiencia Nacional, en concreto el juez Santiago Pedraz, dictaba el auto de declaración como investigada de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda. Era la última de una larga lista, relacionada con el presidente Pedro Sánchez, que además tiene aspecto de no cerrarse. El jueves hacía lo similar con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil. Tras estas dos importantes imputaciones, el número de altos cargos, familiares directos, personas de confianza del presidente Sánchez o empresarios relacionados con estas personas que están siendo investigados en los juzgados en una decena de causas asciende a 126 personas. Un pesado equipaje para un gobierno que presumía de transparencia y lucha contra la corrupción.
La cabeza visible de todos ellos no es un alto cargo, precisamente, pero sí alguien muy relevante para el PSOE, su antiguo secretario general y ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Junto a él, sus hijas Laura y Alba y su secretaria personal y mujer de confianza, Gertrudis Alcázar. Pero en realidad, solo en esa causa, constan 23 imputados, en su mayor parte empresarios o particulares.
Los cargos públicos investigados o condenados son ya 26 en todas las causas que llevan el sello del PSOE. Los más importantes son el ex Secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y el ex fiscal general, Álvaro García Ortiz, que ya están condenados.
Al contrario que Ábalos, el fiscal García Ortiz sí obtuvo el apoyo del Gobierno casi en pleno, al menos de la bancada socialista. Algo similar ha ocurrido con la imputación de Mercedes González, todavía directora de la Guardia Civil y de la mencionada Belén Gualda, investigadas en el Caso Leire, a quienes el Gobierno ha mostrado su apoyo.
La lista de altos cargos sigue con la imputación del ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández y el ex vicepresidente, Bartolomé Lora, ambos altos cargos de María Jesús Montero cuando dirigía la cartera de Hacienda. También, en este segundo escalón de altos cargos se encontrarían Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, Javier Herrero, ex director general de Carreteras o la presidenta de Enresa, Olga García.
Otros cargos pertenecerían a las Fuerzas Armadas, desde el DAO de la Guardia Civil, el general Manuel Llamas, hasta el comandante Rubén Villalba o el subteniente Rodríguez, entre otros.
El caso más grave al que se enfrenta el PSOE no es, aunque lo parezca, el Caso Plus Ultra por el rescate de la SEPI a esta compañía aérea que ha imputado a Rodríguez Zapatero, sino la pieza separada del Caso Leire que se ocupa de la investigación sobre la financiación ilegal o legal del PSOE. En este caso, hay que mirar a Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, que es como el perejil de todas las salsas. Apareció en el Caso Koldo, está en el Caso Leire y en la pieza separada de financiación del PSOE. A Cerdán se le acusa de nueve delitos, entre ellos el de organización criminal.
Por debajo de ellos, están Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, imputada en el Caso Leire o Miguel Ángel Gallardo, cx presidente de la Junta de Extremadura cuya sentencia en el Caso David Sánchez está por llegar.
Otros personajes secundarios de la trama serían Koldo García, ex mano derecha de Ábalos, Jésica Rodríguez, que fue pareja del ministro o Joseba García, todos investigados desde el viernes. A ellos se suman las imputaciones de Cristina Álvarez, secretaria de Begoña Gómez y el juicio de Miguel Ángel Gallardo y Luis Carrero, «hermanito» amigo de David Sánchez, junto a otros diez cargos de la Diputación provincial de Badajoz, todos en la órbita del PSOE.
La familia del presidente Pedro Sánchez
Los familiares de dos presidentes socialistas, Zapatero y Sánchez, están bajo sospecha. Al primero le afecta la imputación de sus hijas Alba y Laura, propietarias de Whathefav, en el Caso Plus Ultra. Además, su esposa Sonsoles Espinosa ha sido incluida en una investigación patrimonial anunciada por Hacienda al juez instructor.
La familia de Pedro Sánchez, parece tenerlo peor. Su hermano David aguarda desde hace semanas la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que debe pronunciarse sobre si recibió o no trato de favor de la Diputación Provincial de Badajoz en su contratación como alto cargo. La esposa del presidente, Begoña Gómez, tampoco parece tenerlo fácil con la apertura de juicio oral dictada por el juzgado instructor y a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid dicte las fechas oportunas. Algo que, previsiblemente, no sucederá antes del otoño.
Los nombres que ocupan mayor lugar, por la cantidad, son los empresarios o trabajadores de empresas particulares. Son aproximadamente unas 70 personas. A la cabeza de todos ellos destaca ahora Julio Martínez Martínez, «Julito», amigo y hombre de confianza del presidente Zapatero. Habrá que esperar a ver si Martínez se decide a colaborar con la Justicia como hizo Víctor de Aldama en el Caso Koldo o se mantiene en sus trece y niega todo. Otro «gregario» de lujo es Antxón Alonso, empresario propietario de Servinabar, imputado en todas las causas donde está Santos Cerdán y Carmen Pano, la empresaria que contó lo de las famosas bolsas de dinero entregadas en el PSOE.
A este listado habría que sumar los abogados que últimamente aparecen en las causas y no como representación procesal precisamente. Leticia de la Hoz es la más conocida por ser defensora de Koldo García, investigada en el Caso Leire, pero también están Jacobo Teijelo en el mismo caso e Ismael Oliver y Miguel Palomero, en la causa Plus Ultra, entre otros.
