La Fiscalía de Madrid confirma que siete de cada diez menas examinados en 2024 eran mayores de edad, y los fraudes se triplicaron. Las cifras, muy por encima de la media nacional del 39%, revelan una práctica creciente de falsos menores que acuden a las puertas de comisarías y centros de acogida sin pasaporte para acceder a las ventajas del sistema de protección de la Comunidad.
El tapón en el Gregorio Marañón y el retraso de hasta ocho meses
En 2024 se abrieron 848 expedientes de determinación de edad en Madrid —frente a los 482 de 2023—, pero casi la mitad, 470, se archivaron porque los jóvenes abandonaron el recurso antes de someterse a la prueba radiológica. De los 378 a los que sí se les practicó la radiografía de muñeca en el Hospital Gregorio Marañón, el único centro habilitado, solo 112 resultaron ser menores. Los otros 266 eran adultos que mentían al declarar que no habían cumplido la mayoría de edad.
El desbordamiento del sistema sanitario ha llevado a demoras de hasta ocho meses en la emisión de los informes, según denuncia el Ministerio Público. La llegada masiva de extranjeros a través del aeropuerto de Barajas —1.110 solo en 2024, sobre todo en vuelos desde Casablanca y Egipto— saturó también los recursos de acogida. A ello se suma ahora la derivación de subsaharianos llegados en pateras a los campamentos de Carabanchel y Alcalá de Henares, habilitados por Migraciones.
Los fraudes se han disparado: en 2023 se detectaron 88 casos de adultos que fingían ser menores; en 2024, 266. El triple. Mientras tanto, el Gobierno regional ha remitido ya 119 expedientes a la Delegación del Gobierno para que repatríe a jóvenes problemáticos, apelando al interés superior del menor y a su reagrupación familiar en origen. Sin embargo, fuentes policiales reconocen que la colaboración consular es mínima y que las repatriaciones efectivas son «muy complicadas de conseguir».
Solo 112 de los 378 jóvenes radiografiados eran realmente menores. El resto mintió sobre su edad para acceder al sistema de protección.
La batalla política: repatriaciones bloqueadas y acusaciones de ilegalidad
La Comunidad de Madrid sostiene que ninguna de las 119 solicitudes de retorno ha sido tramitada por la Delegación del Gobierno. Mientras, 40 de esos jóvenes ya han cumplido la mayoría de edad mientras seguían bajo tutela autonómica, y otros 29 expedientes se han convertido en denuncias penales por falsos menas. Las tres primeras detenciones, avanzadas por ABC, corresponden a ciudadanos de Malí, Marruecos y Argelia que en realidad tenían entre 20 y 22 años.
El equipo de Isabel Díaz Ayuso acusa al Ejecutivo central de imponer un reparto de cupos «ilegal» que, a su juicio, no ha pasado por la conferencia sectorial y que obliga a Madrid a asumir 2.471 plazas, solo por detrás de Andalucía (3.009) y Cataluña (2.829). El portavoz regional, Miguel Ángel García, ha calificado el procedimiento de «atropello» y avanza que los servicios jurídicos autonómicos ya estudian posibles acciones legales.
En paralelo, el proceso extraordinario de regularización ha sacado a la luz peticiones de jóvenes que, al presentar ahora documentación, se ha comprobado que mintieron en su día alegando la minoría de edad. Un goteo que añade nuevas aristas a un fenómeno que, según la Fiscalía, supera con creces las cifras nacionales.
Un patrón que se repite: la crisis de los menas y el choque institucional
El colapso de 2024 no es un hecho aislado. La Comunidad de Madrid ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados desde 2018, y solo el año pasado llegaron 2.442. La tensión entre el gobierno autonómico y La Moncloa es una constante desde la crisis de Canarias, cuando el Ejecutivo central comenzó a derivar migrantes a la península sin pactar las capacidades con las regiones. Cataluña y País Vasco, de hecho, quedaron fuera del sistema de repartos forzosos, lo que el gobierno de Ayuso interpreta como un trato de favor político.
En esta redacción observamos una doble falla: la determinación de edad depende de un único hospital para toda la región y los plazos de ocho meses hacen que el fraude sea casi inevitable mientras el joven sigue tutelado. La falta de colaboración institucional —con la Delegación del Gobierno sin tramitar los expedientes de retorno y la Fiscalía desbordada— agrava la sensación de impunidad. El resultado es un dato demoledor: siete de cada diez que se hacen pasar por menores no lo son, y la cifra crece año tras año. El próximo movimiento, si la vía judicial prospera, podría acabar en el Tribunal Supremo; mientras, los centros de protección siguen recibiendo a adultos que el sistema no logra identificar a tiempo.
