Las 134 estaciones base de telefonía móvil que se reparten por los tejados de Ourense no solo aseguran la cobertura y la llegada del 5G: generan un negocio silencioso que mueve miles de euros al año en alquileres de azoteas, a menudo lastrado por contratos obsoletos que las comunidades de vecinos apenas revisan.
La telaraña urbana de Ourense
Según datos del Ministerio de Industria recopilados por la plataforma Antenasgsm, la ciudad cuenta con 134 emplazamientos activos. La mayoría se concentran en el centro —calles como Progreso, Santo Domingo, Concordia o Pizarro— y la presencia se diluye en barrios periféricos como Barrocás o Mariñamansa. El 93 % de las estaciones (124) ofrece tecnología 4G y casi la mitad (65) ya incorpora 5G, un despliegue que avanza a buen ritmo en la capital ourensana.
El mercado se reparte entre los cuatro grandes operadores del país, que compiten por situar sus equipos en los puntos más altos. Detrás de cada instalación hay una comunidad de vecinos que percibe una renta mensual o anual por ceder la azotea. Pero la letra pequeña de esos contratos, firmados hace años o incluso décadas, rara vez se ha actualizado al ritmo del mercado inmobiliario ni de la propia tecnología.
Contratos obsoletos y la letra pequeña
La práctica habitual, según explica Alfonso Ramírez, de la consultora Civic Consultores, es que las operadoras agoten los plazos de vigencia sin renegociar y dejen la instalación en situación de «precario». Así, cuando el contrato vence, la comunidad se encuentra con una antena que sigue funcionando pero con unas condiciones económicas muy por debajo de las actuales.
«La estrategia de las compañías consiste en agotar el plazo y dilatar el acuerdo. Después, la comunidad se enfrenta a la disyuntiva de aceptar lo que hay o demandar un desahucio», detalla Ramírez. La abogada Miriam Sáez, que ha llevado varios litigios similares, confirma que los operadores no temen acudir a los tribunales porque «cada día que pasa, ellos ganan económicamente», aunque añade que la balanza judicial suele inclinarse del lado de los propietarios.
Las actualizaciones de renta pueden alcanzar incrementos del 150 %, según la consultora, un dato que anima a cada vez más comunidades a sentarse a negociar.
El Laboratorio Gallego
Ourense, con sus 134 azoteas, refleja una realidad que se repite en otras ciudades gallegas y del resto de España. El despliegue del 5G —que requiere una mayor densidad de antenas— está forzando a miles de comunidades a revisar contratos que, en muchos casos, se remontan a la era del 2G o del 3G. En Galicia, el fenómeno adquiere especial relevancia por la dispersión poblacional y la necesidad de garantizar cobertura en zonas donde la rentabilidad es baja, lo que hace que los operadores se aferren a las ubicaciones consolidadas.
A nivel normativo, la Ley General de Telecomunicaciones ampara a las operadoras, pero en las comunidades de propietarios la decisión de mantener o instalar una antena requiere el voto favorable de tres quintas partes de los dueños que representen, a su vez, tres quintas partes de las cuotas de participación. Este quórum refuerza la posición negociadora de los vecinos, sobre todo cuando se asesoran antes de firmar renovaciones automáticas. En los últimos meses, según fuentes del sector, los nuevos acuerdos están elevando las rentas entre un 50 % y un 150 %, una revalorización que transforma el ruido de las antenas en una fuente de ingresos notable para las comunidades.
El debate sobre la salud, aunque recurrente, carece de respaldo científico. La Organización Mundial de la Salud ha reiterado que las emisiones de estas estaciones, incluidas las de 5G, operan muy por debajo de los límites de seguridad y que, además, las antenas proyectan la señal hacia el exterior, no hacia el interior del edificio donde se asientan. El verdadero riesgo para los vecinos no está en las ondas, sino en dejar pasar la oportunidad de actualizar un contrato que, con los años, ha quedado muy lejos del precio de mercado.
Ficha del Caso
- El caso: Ourense alberga 134 antenas de telefonía en azoteas con contratos de alquiler que, en su mayoría, no se han revisado en años y que las comunidades empiezan a renegociar ante el despliegue del 5G.
- Datos importantes: 124 estaciones ofrecen 4G, 65 ya tienen 5G. Los contratos suelen vencer sin renovación automática y las actualizaciones de renta pueden llegar al 150 %. La normativa exige un quórum de 3/5 de los propietarios para instalar o mantener la antena.
- Resumen: La historia de Ourense es un ejemplo de cómo la digitalización está convirtiendo un conflicto inmobiliario en una oportunidad económica, con implicaciones que van más allá de Galicia y se repiten en toda España.
