El Grupo Parlamentario de Vox ha registrado este lunes en la Comisión de Interior del Congreso una solicitud para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca y dé cuenta de la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. La iniciativa parlamentaria, que añade una batería de preguntas escritas, se produce apenas dos días después de que la juez instructor del «caso Leire Díez» acordara la citación como investigados de ambos mandos. Desde el Gobierno se subraya que Marlaska goza de la plena confianza del presidente Sánchez y que la justicia sigue su cauce.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Vox ha pedido la comparecencia de Grande-Marlaska y registra preguntas sobre el mantenimiento en el cargo de la directora y el DAO, imputados por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia en el «caso Leire Díez».
- ¿Quién está detrás? El grupo parlamentario de Vox, que reclama explicaciones por la posible injerencia política en la Unidad Central Operativa (UCO).
- ¿Qué impacto tiene? La ofensiva opositora no altera la confianza del Ejecutivo en el ministro; fuentes de Interior insisten en la presunción de inocencia y el respeto a la separación de poderes.
La petición de comparecencia, registrada a primera hora de la mañana, exige que el ministro acuda al parlamento para explicar «por qué no se ha cesado a los responsables imputados y qué garantías ofrece el Gobierno de que no ha habido injerencia política en las pesquisas de la UCO». Pero, más allá del eco mediático, en Ferraz dan por hecho que el asunto no debilitará la posición de Marlaska, que acumula un sólido respaldo dentro del partido y del Gobierno. «Es un intento de ruido procesal en vísperas de ciclo electoral», resumen fuentes de la dirección federal.
La iniciativa de Vox y las imputaciones del «caso Leire Díez»
Mercedes González y Manuel Llamas fueron citados como investigados el pasado jueves por el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, en el marco de una pieza que indaga si se habría tratado de frenar las pesquisas de la UCO sobre supuestas irregularidades en el PSOE y el entorno del presidente. Según el auto, los hechos podrían encajar en los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. En concreto, se investiga si los mandos de la Guardia Civil intentaron interferir en las actuaciones de la unidad central cuando esta indagaba sobre contratos públicos.
La actuación de Vox se suma a otras iniciativas de control, y registra también preguntas sobre el encuentro de Mercedes González con Leire Díez, que el ministerio en un principio negó y que posteriormente ha quedado documentado en el sumario. En el Ejecutivo mantienen que no hubo irregularidad y que la comunicación entre la directora general y una ex alto cargo del PSOE se enmarca en la normalidad de la interloculación institucional.
La respuesta del Gobierno: confianza en Marlaska y respeto a la justicia
Minutos después de conocerse la petición de Vox, altos cargos del Ministerio del Interior trasladaron a este medio que «el ministro Grande-Marlaska no tiene ninguna intención de cesar a los investigados mientras el proceso esté abierto, porque la presunción de inocencia es un pilar del Estado de derecho». Añaden ademas que la UCO sigue operando con normalidad y que no existe ninguna directriz política sobre su labor investigadora.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Patxi López, ha calificado la maniobra de Vox como «pura pirotecnia veraniega» y ha recordado que el GPS no tiene previsto facilitar la comparecencia urgente: «Si la comisión debe tramitar la solicitud, será dentro de los plazos reglamentarios y con el escrutinio de las mayorías que hay en el Congreso». Esa respuesta, poco beligerante en los titulares, esconde el cálculo político: no cerrar portazo a Vox para evitar la imagen de opacidad, pero tampoco dar oxígeno a un movimiento que el PSOE considera instrumental.
Desde la oposición principal tampoco hay apoyo unánime: fuentes del PP consultadas no han confirmado si respaldarían la tramitación de la comparecencia, y se limitan a apuntar que, «ante una imputación de un alto mando, el ministro debe dar explicaciones en sede parlamentaria». La fractura entre los dos bloques opositores, habitual en esta legislatura, deja a Vox en minoría para forzar una convocatoria extraordinaria.
El Eje del Poder Socialista
En la sede de Ferraz la lectura estratégica es clara: al intentar llevar el ruido judicial al interior del Congreso, Vox pretende generar un desgaste acumulativo sobre el ministerio que gestiona las fuerzas de seguridad, uno de los flancos que la oposición de derechas viene explotando desde la anterior legislatura. Sin embargo, el PSOE tiene engrasado el mecanismo: el Grupo Socialista moverá el debate hacia la defensa de la integridad de la UCO y recordará que la Guardia Civil no se debilita por investigaciones en curso, sino por el intento de desprestigiarla desde las tribunas.
En el ámbito territorial, los presidentes autonómicos socialistas han guardado un perfil bajo. Emiliano García-Page, una de las voces más críticas con la gestión de Moncloa, no ha hecho declaraciones sobre las imputaciones, lo que se interpreta en la dirección federal como un silencio cómplice que evita abrir otro frente. En contraste, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, sí colgó un tuit esta mañana en el que defendía «la excelente labor de las fuerzas de seguridad, que no puede verse empañada por un proceso judicial que está en fase preliminar». El mensaje, muy alineado con la estrategia de Moncloa, refleja la sintonía entre los territorios cuando el ata que proviene de la derecha radical.
La lectura a medio plazo resulta nítida: aunque la solicitud de comparecencia genere ruido durante unos días, difícilmente logrará sacar a Marlaska de su despacho. La presidenta del Congreso, que marca los tiempos de la comisión, tiene mayoría progresista en la Mesa, y el Gobierno cuenta con tiempo suficiente para desactivar el alcance parlamentario de la iniciativa. La verdadera batalla, apuntan en el GPS, se librará dentro de unos meses, cuando el caso Leire Díez pueda tener ya más piezas sobre la mesa: «Entonces habrá algo de contenido; ahora mismo es pólvora mojada», confiesa un diputado de la mayoría.
Ahora mismo la petición de Vox es pólvora mojada: ruido, pero ningún resorte para desalojar al ministro.
El precedente histórico más citado en los mentideros socialistas es el «caso Kitchen», cuando una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje parapolicial mantuvo en el ojo del huracán al anterior ministro del Interior del PP. Ahora, sin embargo, la figura investigada no es la del ministro, sino la de la cúpula operativa de la Guardia Civil, y los delitos apuntan hacia una presunta protección de intereses del partido mayoritario. La diferencia no es menor y condiciona la estrategia defensiva: Moncloa tiene incentivos para alargar los plazos reglamentarios y diluir el impacto mediático antes de que llegue una hipotética votación.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La justicia actúa con independencia y el Gobierno respeta la presunción de inocencia; el ruido parlamentario de Vox es un intento de desgaste que no altera la confianza en el ministro Marlaska.
- Protagonista: Fernando Grande-Marlaska (ministro del Interior) y Patxi López (portavoz del GPS en el Congreso).
- Próximo hito: Reunión de la Mesa de la Comisión de Interior en la tercera semana de julio, donde se calificará la solicitud de comparecencia.
