El Ayuntamiento de Alcàsser, gobernado por el PP, pagó 55.176 euros a la consultora Beta Consulting S.L. sin ningún contrato que amparara el desembolso, según ha constatado la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción (conocida como la Agencia Antifraude) en una resolución hecha pública este mes. Los pagos, que se extendieron durante más de un año y medio, corresponden a servicios de comunicación institucional y creación de contenidos audiovisuales para el consistorio.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Agencia Antifraude ha detectado 19 facturas por valor de 55.176 euros abonadas a Beta Consulting S.L. tras vencer un contrato menor, sin cobertura legal.
- ¿Quién está detrás? El Ayuntamiento de Alcàsser, presidido por el popular Alberto Primo, y la consultora de comunicación Beta Consulting.
- ¿Qué impacto tiene? La investigación se archiva por una licitación posterior aún sin adjudicar, pero los pagos continúan y la oposición denuncia un uso irregular de fondos públicos para la imagen del alcalde.
Los pagos sin amparo contractual
El origen del caso se remonta a agosto de 2023, cuando el Ayuntamiento adjudicó a Beta Consulting un contrato menor de 14.580 euros (más IVA) para la asistencia en comunicación institucional, con una duración de seis meses. Una vez finalizado ese plazo, el servicio no se interrumpió y el consistorio siguió abonando mensualmente las facturas, pese a no existir ya ningún vínculo contractual.
La Agencia Antifraude abrió una investigación tras recibir una denuncia y requirió documentación al consistorio en julio de 2025. Entre los papeles remitidos, la propia Intervención municipal ya había reparado las facturas de mayo y junio de aquel año al advertir la ausencia de contrato. “Se verifica que desde la finalización del contrato menor hasta el 22 de octubre de 2025 se han contabilizado 19 operaciones contables con la mercantil Beta Consulting S.L.”, recoge el informe de Antifraude.
En total, el importe agregado de esas operaciones alcanzó los 55.176 euros. La agencia calificó los hechos como “malas prácticas susceptibles de corrección” y constató la inexistencia de expediente administrativo alguno que diera cobertura a los pagos. Sin embargo, el caso no ha derivado en sanciones.
Los 55.000 euros se abonaron sin un solo papel que los justificara, y la Intervención municipal ya había puesto el grito en el cielo.
El alcalde, Alberto Primo, ha defendido la actuación municipal argumentando que la comunicación institucional es “un servicio esencial como es información y comunicación debida a la ciudadanía”. Además, ha destacado que el archivo de la investigación por parte de Antifraude demuestra que todo está en orden.
Una licitación que no logra cerrar el caso
El motivo del archivo fue la publicación, el 31 de octubre de 2025, de una licitación para contratar los mismos servicios por un valor estimado de 107.771 euros y un plazo de dos años. La Agencia Antifraude consideró que con ese paso se subsanaba la irregularidad. La paradoja es que, más de ocho meses después, el contrato sigue sin adjudicarse.
Al concurso se presentaron cuatro empresas. Beta Consulting quedó en segundo lugar, pero las dos primeras clasificadas fueron excluidas por razones formales y una baja temeraria, respectivamente. La segunda excluida recurrió al Tribunal de Recursos Contractuales, que ha suspendido el proceso de adjudicación hasta que resuelva el fondo del asunto. Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa abonando las facturas a la misma consultora: las últimas corresponden a los meses de abril y mayo de 2026.
Desde el PSPV, el portavoz municipal José Cuevas denuncia que “el alcalde se está pagando una campaña de imagen durante dos años y medio de manera irregular”. Cuevas subraya que la comunicación institucional “no es un servicio esencial para la población como la recogida de basuras” y lamenta que el PP utilice “los recursos públicos para vender una gestión que está siendo nefasta”.
El Escenario Valenciano
El expediente de Alcàsser no es un caso aislado en la Comunitat Valenciana. Varios ayuntamientos gobernados por el PP han sido señalados en los últimos años por un uso laxo de los contratos menores, una figura pensada para adjudicaciones puntuales y de escasa cuantía. El propio Ministerio de Hacienda ha advertido en repetidas ocasiones sobre el abuso de esta modalidad contractual en las administraciones locales, y la Agencia Antifraude mantiene abiertas varias investigaciones similares.
La lectura política también tiene su enjundia. El alcalde de Alcàsser se ampara en la resolución de Antifraude para dar por cerrado el asunto, pero la oposición y los informes de intervención señalan una gestión cuanto menos opaca. Mientras el Tribunal de Recursos Contractuales no se pronuncie y no se adjudique el contrato, los pagos sin cobertura legal seguirán engrosando la factura de una irregularidad que, por ahora, nadie ha querido o podido frenar.
Ficha del Caso
- El caso: El Ayuntamiento de Alcàsser (PP) pagó 55.176 euros a la consultora Beta Consulting S.L. durante año y medio tras finalizar un contrato menor, sin respaldo contractual.
- Datos importantes: 19 facturas sin contrato, una licitación de 107.771 euros publicada en octubre de 2025 aún sin adjudicar y facturas que se siguen abonando en 2026.
- Resumen: La Agencia Antifraude archivó la investigación al considerar que la licitación subsanaba la irregularidad, pero el procedimiento está suspendido y los pagos continúan, lo que mantiene vivo el debate sobre el uso de fondos públicos en comunicación institucional.
