La acusación contra Mercedes González, actual directora de la Guardia Civil y el general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Benemérita, que les llevará a sentarse frente al juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, como investigados en el Caso Leire, se apoya en la relevante «secuencia cronológica acreditada en el sumario, que evidencia una correlación material entre los contactos de la Sra. González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE», según sostenía la acusación popular que pidió su imputación, dictada el jueves por Pedraz:
‒ 9 de mayo de 2025: la abogada Leticia de la Hoz, representante legal de Koldo García, remitía a Leire Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a su cliente indicándole: «pásaselo a Mercedes a ver qué opina». Leire Díez respondía: «Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO».
‒ 10 de mayo de 2025: El diario El Mundo publicaba los mensajes de WhatsApp entre José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
‒ 11 de mayo de 2025: la UCO documentaba dos interacciones de whatsapp entre Mercedes González y Leire Díez, compatibles con la eliminación de la conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas.
‒ 11 de mayo de 2025, 11:30 h (dos horas después): el DAO, Manuel Llamas se reunía con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), general Cortés, para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración que, según la propia UCO, no podía proceder de dicha unidad, dado que en ese momento ni siquiera había intervenido los dispositivos electrónicos de José Luis Ábalos.
Para las acusaciones populares, «esta sincronía temporal -contactos con la trama, borrado de comunicaciones e inmediata apertura del expediente interno contra la UCO- no admite, a juicio de esta acusación, lectura distinta de la propia de un acto causalmente conexo con la actividad delictiva que se investiga». El juez Santiago Pedraz lo ha tomado en consideración y por eso llama como imputados a la directora de la Benemérita y su DAO.
La presión con las informaciones reservadas
Los testimonios de dos ex jefes de la UCO, los generales López Malo y Yuste fueron fundamentales. Las testificales practicadas los días 23, 26 y 27 de junio de 2026 ante el magistrado instructor permitieron acreditar que, entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, la cúpula de la Guardia Civil ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas (IR) dirigidas exclusivamente contra el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (DIECAN) de la UCO, todas ellas coincidieron en el tiempo con los avances de la UCO en las causas que afectaban al entorno del Presidente del Gobierno, su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y sus secretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán:
‒ IR 1/24 de Estado Mayor (4 de diciembre de 2024): ordenada por el DAO general Manuel Llamas a raíz de la publicación periodística sobre la cuenta de correo institucional de Dª. Begoña Gómez en el «caso Badajoz».
‒ IR mayo/2025: se abrió tras la reunión celebrada entre Mercedes González y Leire Díez en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.
‒ IR 1/25 de Estado Mayor (1 de septiembre de 2025, suscrita digitalmente por Mercedes González el 30 de agosto): abierta a raíz de la información publicada el 21 de julio de 2025 en el diario El Mundo con el título «Tensión en la UCO por la constante
intromisión del peón de Marlaska». En esa noticia se denunciaban las supuestas injerencias del DAO, general Llamas, en las causas que afectaban al Gobierno.
Tanto el general jefe de Policía Judicial como el que fuera jefe de la UCO como coronel, declararon bajo juramento que en ninguna de sus respectivas trayectorias profesionales habían conocido la apertura de informaciones reservadas de tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad, calificándolas de «excepcionales», «no habituales» y constitutivas de un «intento de intimidación».
Ambos mandos ratificaron también ante el juez Pedraz que el anterior director general de la Benemérita, Leonardo Marcos como el actual DAO les pidieron «ponerse de perfil» y «no ser proactivos» en aquellas causas con «afectación política», en particular en la causa relativa al hermano del Presidente del Gobierno, David Sánchez, ya juzgado y visto para sentencia por la Audiencia Provincial de Badajoz.
Una nota para el DAO fue ocultada
La jefatura de Información de la Guardia Civil elaboró el 29 de abril de 2025 una nota en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una «agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO», identificando nominativamente a Leire Díez como dinamizadora de la operación y advirtiendo, en términos literales: «El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil», reflejaba la citada nota.
Para las acusaciones populares, «el DAO Sr. Llamas ocultó deliberadamente dicha nota a la propia UCO durante diez días, hasta que el 8 de mayo de 2025 el general López Malo le presentó una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO. Sólo entonces el Sr. Llamas reconoció la existencia del documento. Esta conducta -ocultación de información operativa relevante a la unidad investigadora, en una causa que afectaba a la corrupción gubernamental- resulta, prima facie, incompatible con los deberes inherentes al cargo y susceptible de integrar tipos penales de los que se dirá».
Una de las acusaciones populares, la representada por Hazte Oír ya ha anunciado que pedirá prisión provisional para Mercedes González, directora de la Guardia Civil y para el DAO, general Llamas tras su próxima declaración judicial el 16 de julio. «La imputación por presunta obstrucción a la justicia es ya grave pero en sus cargos más. El riesgo de destrucción de pruebas es manifiesto y notorio en sus cargos y justo esos cargos facilitarían el que pudieran seguir continuando en la presunta acción delictiva», explican desde Hazte Oír.
