El PP bloquea en el Senado el Tratado de Amistad con Francia y aísla a Sánchez

La mayoría absoluta del PP en la Cámara alta bloqueará este jueves la ratificación del acuerdo firmado por Sánchez y Macron en 2023. Génova considera que el artículo 2.4 vulnera tres preceptos constitucionales y busca que el Tribunal Constitucional resuelva antes de seguir adelan

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El PP bloqueará el próximo jueves en el Senado la ratificación del Tratado de Amistad con Francia al considerar que vulnera la Constitución.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo y el Grupo Parlamentario Popular, con mayoría absoluta en la Cámara, que elevarán un requerimiento al Tribunal Constitucional.
  • ¿Qué impacto tiene? El tratado queda congelado, aislando al Gobierno de Sánchez en su relación bilateral clave y postergando cualquier cumbre de alto nivel entre ambos países.

El Partido Popular utilizará este jueves su mayoría absoluta en el Senado para bloquear la ratificación del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia, firmado en enero de 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. La decisión, respaldada por un informe de los servicios jurídicos de la Cámara, busca que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del artículo 2.4 del texto, que permite la asistencia de un ministro del otro país a los Consejos de Ministros al menos una vez cada tres meses y por rotación. El PP sostiene que dicho precepto vulnera los artículos 13.2, 23.2 y 98.1 de la Constitución.

El bloqueo constitucional: votación, calendario y preceptos cuestionados

El Pleno del Senado de este jueves incluirá, antes de la votación sobre la ratificación del tratado, una resolución para remitir un requerimiento al Tribunal Constitucional. Con los 120 senadores del PP, la medida saldrá adelante sin obstáculos. El dictamen de los servicios jurídicos, emitido por la secretaría general del Senado, considera que las dudas de constitucionalidad no han sido resueltas por el canje de notas interpretativas entre los ministerios de Exteriores español y francés, que precisaba que la invitación al ministro extranjero se produciría «para participar en los márgenes del Consejo». «Esa cláusula ni modifica la redacción del artículo 2.4 ni forma parte stricto sensu del texto del Tratado», señalaron los letrados, que añadieron que tampoco queda claro qué significa exactamente “los márgenes del Consejo”.

No es la primera vez que el tratado tropieza en las Cortes. El 12 de febrero de 2025, el Senado ya aprobó un requerimiento similar, pero decayó cuando el Congreso denegó la ratificación el 14 de mayo de ese año. Ahora, el Gobierno ha vuelto a remitir el texto por procedimiento de urgencia, y el PP ha activado de nuevo su veto en la Cámara alta. Portugal, ante una cláusula análoga, expresó su rechazo en su momento, recuerdan fuentes del Senado.

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La airada reacción del Gobierno: Albares acusa al PP de sabotear los intereses españoles

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reaccionó con dureza al anuncio del PP, acusándolo de «jugar a un juego muy peligroso», «sabotear los intereses de los españoles» y «obstruir y boicotear» un tratado que calificó de «imperativo para proteger las exportaciones españolas». Albares recordó que Francia es el «principal socio» de España, donde viven 300.000 españoles y cuyas empresas dan empleo a medio millón de personas en territorio español. Fuentes diplomáticas francesas añadieron que el tratado «culmina décadas de trabajo conjunto en defensa, cooperación judicial y política europea».

Para Génova, sin embargo, la defensa de la Carta Magna pesa más que la oportunidad diplomática. El PP entiende que permitir a un miembro del Gobierno extranjero acceder al Consejo de Ministros, aunque sea en sus márgenes, vulnera el artículo 98.1 de la Constitución, que reserva esa potestad al Rey y a los titulares de los departamentos españoles. La estrategia popular pasa por forzar un pronunciamiento del Constitucional que siente jurisprudencia y limite futuras cesiones de soberanía mal encauzadas.

Para Génova no se trata de un simple veto: es la defensa de la arquitectura constitucional y el precedente que marcará la negociación de futuros acuerdos internacionales.

El Eje del Poder Popular

La votación del jueves no es solo un debate jurídico: consolida al Senado como el principal contrapeso del Gobierno que el PP puede activar gracias a la mayoría absoluta heredada de los resultados de 2023. Desde que Feijóo asumió las riendas, la Cámara alta se ha convertido en una correa de transmisión de rechazos a medidas emblemáticas de Moncloa —desde la ley de amnistía hasta el techo de gasto—, y ahora también en la llave, para paralizar compromisos internacionales cuando entran en colisión con el orden constitucional.

En el plano interno, el movimiento fortalece la imagen del partido como guardián de la soberanía nacional, un argumento que resuena con nitidez en las once comunidades autónomas que gobierna. Y en el tablero europeo, pone de relieve que el principal partido de la oposición no está dispuesto a aceptar tratados que, a su juicio, desbordan los límites de la Constitución, un mensaje que puede encontrar eco en socios conservadores del Viejo Continente.

La decisión, eso sí, tensiona la relación bilateral con el Elíseo y retrasa sine díe la visita de Estado de los Reyes a Francia. El tratado pretendía devolver aquella visita de hace once años y elevar el vínculo a un nivel estratégico. Ahora, todo queda congelado hasta que el Tribunal Constitucional resuelva, un plazo que puede prolongarse meses. Mientras, la diplomacia española queda expuesta a un parón que el PP justifica en la defensa de la norma fundamental, en lo que podría leerse como un ensayo general de cómo actuará la oposición ante futuros acuerdos macro.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: El PP blinda la Constitución frente a un Gobierno que intenta vaciarla a través de tratados internacionales. Sin claridad constitucional, no hay ratificación.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente del Partido Popular).
  • Próximo hito: Votación del Pleno del Senado el jueves 9 de julio de 2026 para elevar el requerimiento al Tribunal Constitucional.