El País Vasco ha asegurado una financiación estatal de 407 millones de euros para los programas de dependencia en 2027, blindada por el Concierto Económico frente a cambios de gobierno. El consejero de Hacienda, Nöel D’Anjou, confirmó este miércoles el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del Concierto, que fue validado el martes en el Congreso de los Diputados.
El incremento progresivo hasta los 407 millones
La cifra que recibirán las tres diputaciones forales supone un salto respecto a los ejercicios anteriores: en 2025 la aportación estatal fue de 166 millones de euros y en 2026 ascenderá a 280 millones, según los datos facilitados por el Gobierno Vasco. En 2027, el cálculo parte de un gasto total estimado de 904,8 millones en dependencia, a los que se aplica un índice corrector de 0,90 para homogeneizar el coste con el resto de comunidades, lo que deja una base reconocida de 814 millones. La mitad, 407 millones, serán transferidos desde la Hacienda estatal a las haciendas forales.
El índice corrector responde a la necesidad de ajustar el gasto vasco, que históricamente ha sido superior en términos absolutos al de otras regiones, para evitar un incremento desproporcionado de la factura estatal. Sin ese ajuste, la aportación podría haber superado los 450 millones, por lo que la cifra final de 407 millones representa el máximo acordado dentro de los parámetros pactados.
Blindaje institucional y respaldo del Concierto
El acuerdo garantiza que el Estado financie el 50% del gasto ajustado y, al estar amparado por el Concierto Económico, no podrá ser modificado por futuras mayorías en las Cortes Generales ni por un cambio de Ejecutivo. “El proceso de negociación no ha sido sencillo”, afirmó D’Anjou, que destacó los 46 acuerdos alcanzados con el Gobierno de Pedro Sánchez desde abril de 2025 para ampliar las capacidades fiscales de Euskadi. En la rueda de prensa también estuvieron las diputadas de Hacienda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, quienes calificaron el pacto de “hito” en la colaboración institucional.
Las tres haciendas gestionarán los nuevos fondos para reforzar servicios como la atención residencial, los centros de día, la teleasistencia y la ayuda a domicilio. La inyección de recursos permitirá a las diputaciones ampliar las plazas y mejorar la calidad de las prestaciones, según adelantaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
La Comisión Mixta, eje de la relación bilateral
A diferencia de otras comunidades autónomas, donde la financiación de la dependencia se negocia anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, el País Vasco la integra en su marco foral bilateral. Esta particularidad, propia del Concierto y del Cupo, blinda los acuerdos alcanzados frente a vaivenes legislativos y otorga estabilidad a las cuentas vascas. La dependencia, competencia compartida, ha sido fuente recurrente de conflictos autonómicos; en el régimen común, las comunidades dependen de las transferencias anuales y de los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales, sujetos a renegociación. El modelo foral vasco, en cambio, permite acordar la financiación directamente con el Gobierno central al margen de la dinámica presupuestaria.
El trabajo en la Comisión Mixta comenzó en abril de 2025 y, según D’Anjou, ha permitido cerrar 46 pactos que amplían las competencias fiscales vascas. La validación en el Congreso el martes, sin oposición destacada, consolida la senda de ingresos prevista hasta 2027. El acuerdo no solo incrementa los recursos, sino que refuerza la bilateralidad como método de relación financiera entre Euskadi y el Estado.
El blindaje vía Concierto asegura que la financiación estatal no dependa de los Presupuestos Generales del Estado, sino de un pacto bilateral inalterable por futuras mayorías.
Con este incremento, las diputaciones forales dispondrán de 407 millones de euros en 2027, una cifra que contrasta con los 166 millones de 2025 y que, al quedar fuera de la negociación presupuestaria ordinaria, blinda la política de dependencia vasca de posibles tensiones políticas en Madrid. El pacto, además, puede ser observado por otras comunidades que reclaman mayor corresponsabilidad fiscal en la gestión de los servicios sociales.
