Dulce, madre de cinco hijos, tres menores, fue desalojada ayer de su vivienda pública en Moratalaz pese al llamamiento de la ONU. La familia ocupaba el inmueble, ubicado en la conocida corrala de ‘El Ruedo’ junto a la M-30, sin título legal desde hace un lustro una situación a la que recurrieron tras intentos fallidos de acceder a una vivienda de protección oficial.
El piso es propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid. La unidad familiar, que incluye a un menor con síndrome de Down, residía allí desde 2021 sin contrato, después de que los servicios municipales denegaran su solicitud de vivienda pública al considerar que los baremos oficiales no permitían alojar a una familia de tantos miembros.
La alternativa ofrecida: una habitación compartida o un albergue
Según denuncia el Sindicato de Inquilinas de Moratalaz, la AVS no presentó una solución de realojo viable. La única opción planteada, a través de servicios sociales, fue una plaza en un piso de uso compartido o el ingreso en un albergue temporal. “Son alternativas inviables para sostener la convivencia familiar y atender las necesidades del menor con discapacidad”, sostienen desde la organización.
El desahucio se ejecutó ayer, 15 de julio, en el segundo intento tras un primer conato el 3 de julio, que fue suspendido gracias a la movilización vecinal. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU había solicitado formalmente la paralización para evitar “daños irreparables” a los menores, pero no fue atendido.
El cruce de acusaciones políticas y la ausencia del Samur Social
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, acudió al lugar mientras se materializaba el desalojo. También se personó Cuca Sánchez, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento, quien criticó con dureza al PP. “La AVS y la EMVS son el mayor casero desahuciador de la región”, afirmó, acusándolas de priorizar la venta de suelo a fondos de inversión.
La ONU pidió parar el desalojo, pero la administración actuó sin garantizar un techo digno para los menores.
Sánchez también denunció la ausencia del Samur Social durante el procedimiento, una omisión que calificó de “grave” al tratarse de un desahucio con menores implicados. El Samur Social, recordemos, está obligado a intervenir en estos casos para evaluar la situación y ofrecer alternativas de emergencia.
Por qué este caso retrata los fallos estructurales de la vivienda social en Madrid
El desahucio de Dulce no es un hecho aislado. Cada año, la Agencia de Vivienda Social lleva a cabo decenas de lanzamientos de sus propios inmuebles, muchos de ellos con familias vulnerables, una paradoja que los colectivos de vivienda denuncian reiteradamente. El requerimiento de la ONU pone sobre la mesa la tensión entre la legalidad de una ocupación sin título y la protección de la infancia.
Este caso recuerda al desahucio de 2018 en la Cañada Real, cuando una madre con niños pequeños acabó en la calle pese a las promesas de realojo del Ayuntamiento. Entonces, la presión social logró una solución de emergencia después de semanas. En Moratalaz, la familia lleva horas en la incertidumbre. Ninguna administración —ni la Comunidad ni el Ayuntamiento— ha explicado por qué no se buscó una alternativa antes de ejecutar el lanzamiento. Y mientras tanto, los menores se quedan sin hogar.
El caso tendrá ahora que resolverse en el ámbito de los servicios sociales de urgencia. Mientras, el debate sobre la función social de la vivienda pública vuelve al primer plano en la capital.
