Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ha comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional como testigo en el caso que investiga la supuesta trama coordinada por la ex militante Leire Díez y el ex número tres del PSOE, Santos Cerdán. La presidenta del partido ha negado cualquier conocimiento de la operativa de Leire Díez, aunque ha admitido, no obstante, que el sumario contiene «indicios preocupantes».
La declaración, que apenas ha durado media hora, ha girado en torno al papel de Narbona en la organización y a un mensaje de WhatsApp de abril de 2024, cuando Leire Díez le ofreció información para «reconducir» los ataques al presidente Sánchez, justo en el periodo de reflexión que este se tomó tras la imputación de su esposa. Narbona ha detallado que conoció a la ex militante en 2017, que no mantenía con ella una relación de amistad y que, ante el ofrecimiento, la redirigió al entonces secretario de Organización: «Le dije que esos temas los hablara con Santos Cerdán», ha afirmado.
Días más tarde, según su relato, preguntó a Cerdán por la utilidad de lo que Leire Díez había aportado y este le contestó que «no tenía nada que no se supiese ya». Narbona ha insistido en que ella no tiene facultades ejecutivas en la formación y ha recordado que por su cargo pasa más tiempo en el Congreso que en Ferraz. De hecho, ha reconocido que no conoce las reuniones reflejadas en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) que se celebraron en la sede del partido y en las que habrían participado, entre otros, Santos Cerdán y Juanma Serrano, ex director del Gabinete de Sánchez.
Los «indicios preocupantes»
Al ser interrogada por la fiscal Anticorrupción, la Unidad Central Operativa ha vuelto a aparecer en escena. Narbona ha calificado los indicios recabados por la UCO como «indicios preocupantes», aunque ha subrayado que toda la información que manejó en aquel mensaje de WhatsApp fue derivada. Sobre la reunión en Ferraz, ha respondido que no tenía constancia de ella y ha recordado que la política de comunicación del partido era competencia directa de Santos Cerdán.
La presidenta del PSOE también ha sido preguntada por la estrategia de acusación popular que mantiene el partido en el caso Kitchen. Ha admitido que desconoce si la decisión la toman los abogados o el partido y ha remitido a la Secretaría de Organización o a los servicios jurídicos. Este flanco, inédito en la causa, podría abrir una línea de investigación sobre la coherencia procesal del partido.
En paralelo, este miércoles han prestado declaración otros dos testigos. El ex teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado Diego Villafañe ha confirmado dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y con Leire Díez, aunque las ha calificado de ‘marcianas’ e intrascendentes. Ambos fiscales han asegurado que en esos encuentros, que duraron apenas quince minutos, se habló de quejas sobre fraudes de IVA en hidrocarburos y que Leire Díez acudió como acompañante, no como socia del despacho. Villafañe informó de la primera reunión a Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, pero no dejó registro escrito porque no lo consideró relevante.
La comparecencia de Cristina Narbona supone un nuevo capítulo en un caso que tensiona los equilibrios internos del partido sin llegar a desestabilizar su estructura de mando. La presidenta ha establecido un cortafuegos entre la presunta trama y la dirección federal: ella no conocía, y cuando preguntó a Cerdán, la respuesta fue que no había nada. Esta versión coloca a Ferraz ante un dilema estratégico: cooperar con la instrucción o defender la ausencia de responsabilidad orgánica.
El mensaje de WhatsApp que obra en el sumario no implica a Narbona en ninguna actividad irregular, y así lo ha recogido el propio juez Pedraz en sus autos. Sin embargo, el reconocimiento de que los indicios son ‘preocupantes’ alimenta la presión política y mediática. Desde la oposición, el PP ha aprovechado para exigir explicaciones al secretario general, Pedro Sánchez, pero en Ferraz se insiste en que el caso afecta a personas concretas, no al partido como institución.
Los barones socialistas comparten la lectura de que se trata de un «ruido inevitable» en un proceso judicial abierto, aunque algunos admiten en privado que la sombra de la instrucción sobre la antigua Secretaría de Organización -el peldaño que ocupaba Santos Cerdán- obliga a extremar la transparencia. El PSOE de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ha reiterado su confianza en la dirección federal, mientras que el PSC ha optado por un perfil bajo, coherente con su hoja de ruta centrada en la agenda catalana.
La declaración de Narbona traza una línea nítida entre la presunta trama y la dirección del partido: ella no sabía, y cuando le preguntó a Cerdán, la respuesta fue que no había nada de interés.
La próxima ventana crítica será la citación judicial de Santos Cerdán, que podría reavivar el debate sobre el modelo de organización interna y la separación entre las responsabilidades ejecutivas y las representativas dentro del PSOE.
