El suplementario de 87.600 millones de dólares que la Casa Blanca ha enviado al Congreso para financiar la Operación Epic Fury contra Irán reserva 782 millones para la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA). La cifra, enterrada en la letra pequeña del anexo remitido por el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell T. Vought, desvela una partida de inteligencia encubierta: 672 millones están destinados al desmantelamiento «completo y verificable» del programa nuclear iraní, incluyendo la retirada de uranio altamente enriquecido, hexafluoruro de uranio y combustible de reactores de investigación. Otros 95,5 millones quedan etiquetados como «apoyo a Epic Fury y otros fines clasificados». Le adelanto que esos 782 millones no son más que la punta del iceberg.
La partida nuclear: una operación de inteligencia con firma de la NNSA
No es habitual que el complejo de armas nucleares estadounidense aparezca en primera línea de una guerra convencional. Sin embargo, el desglose de Vought deja claro que la NNSA ya está sobre el terreno —o lo estará en breve— con equipos de verificación, escolta de materiales sensibles y unidades de respuesta a emergencias nucleares. Las declaraciones de un funcionario de la Casa Blanca a Fox News añaden que la financiación costeará «actividades de verificación dentro de Irán, apoyo a las inspecciones del OIEA, refuerzo de la detección de contrabando nuclear y la expansión de los Equipos de Apoyo a Emergencias Nucleares en todo Oriente Próximo». Traducción del oficio: inteligencia HUMINT y SIGINT desplegada para localizar, asegurar y extraer material fisible antes de que Teherán pueda ocultarlo o venderlo.
La jugada recuerda a la Operación Orión de mayo de 2026, cuando, tras la captura de Nicolás Maduro, la NNSA retiró de Venezuela 13,54 kilos de uranio altamente enriquecido de un reactor de investigación clausurado. Entonces fue una exfiltración limpia, sin disparos. Ahora, con Irán como escenario, la logística se multiplica. Y el riesgo también.
Teherán no ha firmado ningún acuerdo que dé acceso a sus centros nucleares, así que estos fondos se aprueban para una misión que, a día de hoy, no tiene base legal sobre el terreno. Es una apuesta de manual: autorizar el presupuesto antes de tener el control operativo, confiando en que la fuerza militar abrirá las puertas. En mi opinión, estamos ante una versión nuclear del «shock and awe» presupuestario.
Los agujeros negros del Pentágono: 15.600 millones en programas clasificados
Si la partida nuclear ya despierta recelos, el capítulo de Defensa es directamente opaco. De los 67.000 millones que el suplementario asigna al Departamento de Guerra, 15.600 millones se justifican con tres etiquetas: «prioridades de la Administración», «preparación operativa» y «programas clasificados». Ni una línea más. Eso significa que una cuarta parte del dinero para la guerra con Irán carece de trazabilidad pública. El grupo conservador Americans for Prosperity ya ha pedido explicaciones, y tengo claro que el Comité de Servicios Armados del Senado no lo dejará pasar.
Quienes hemos seguido de cerca el tradecraft presupuestario de Washington sabemos que bajo «programas clasificados» se esconden desde operaciones encubiertas de la CIA hasta plataformas de ciberguerra ofensiva gestionadas por el Cibercomando. La Operación Epic Fury bien podría incluir capacidad de ataque a sistemas de mando y control iraníes, interceptación de comunicaciones mediante APT o incluso la activación de agentes durmientes. Nada de esto aparecerá en las audiencias públicas.
Mientras tanto, el suplementario añade 1.500 millones para el Departamento de Estado, de los cuales 850 millones van a sistemas antidrón en embajadas de alto riesgo (Bahréin, Dubái, Karachi, Lahore y Riad) y otros 300 millones a construcción y mantenimiento de legaciones afectadas por el estallido de la guerra. El resto, cien millones, se empleará en la evacuación de ciudadanos estadounidenses. Un clásico: inteligencia consular y contrainteligencia sobre el terreno.
Los 782 millones de la NNSA no son un capítulo de desarme: son la primera fase de una operación encubierta que se pagará con deuda, sin pacto previo con Irán.
Once mil millones para agricultores y mil para la estación Penn: la guerra como coartada
El suplementario también huele a maniobra política. Casi el 23 % de los fondos se desvía a partidas que poco tienen que ver con Irán. La más llamativa: 11.100 millones para el Departamento de Agricultura, de los que 10.000 millones se destinan a ayudas temporales a los agricultores de cultivos en hilera y especializados, y otros 1.100 millones exclusivamente para los productores de Florida, castigados por tormentas invernales. El sondeo de Brookings que recoge The Cipher Brief es demoledor: apenas un 24 % de los votantes rurales blancos considera que la economía va bien. Trump necesita asegurarse ese granero electoral.
Luego está el billón de dólares para la renovación de la estación Penn de Nueva York y otro medio billón para el Servicio de Parques Nacionales en Washington. El congresista demócrata Jerrold Nadler ha denunciado que Trump ya intentó un quid pro quo: fondos federales a cambio de bautizar Penn Station y el aeropuerto de Dulles con su apellido. Así se construye un suplementario de guerra en 2026.
Hacía más de medio siglo que un presidente no vinculaba un conflicto bélico a una subida de impuestos —la última vez fue Lyndon Johnson en 1968, con una sobretasa del 10 % para financiar Vietnam—. Ahora, republicanos y demócratas coinciden en cargar el coste a déficit. Y el déficit, según el Tesoro, ya ha aumentado en 1,25 billones de dólares hasta mayo de este año, con un gasto del Pentágono 20.000 millones superior al del ejercicio anterior.
Dossier Moncloa: Ojos en la Sombra
Desde el punto de vista de la inteligencia, este suplementario revela tres capas simultáneas de actividad encubierta. La primera es la desactivación del programa nuclear iraní, que combina desmantelamiento físico con verificación HUMINT y monitorización SIGINT de la NNSA y el OIEA. La segunda, mucho menos visible, es el bloque de 15.600 millones en programas clasificados del Pentágono, que presumiblemente financia operaciones cibernéticas ofensivas, interferencia de comunicaciones y posiblemente la activación de redes de agentes en suelo iraní. La tercera capa es la diplomática: los 1.500 millones para el Departamento de Estado revelan un despliegue de contramedidas antidrón que solo se explica si se esperan represalias asimétricas contra intereses estadounidenses.
El vector de amenaza que subyace es una operación de bandera propia mal disimulada: se presenta como una partida de seguridad nuclear, pero en realidad es la primera fase de una intervención que aspira a vaciar el uranio iraní antes de que Teherán pueda reaccionar. Como antecedente histórico, recuerdo el caso de la Operación Plumbat en 1968, cuando el Mossad interceptó en alta mar un cargamento de uranio destinado a Israel. Entonces se hizo con sigilo y sin presupuestos públicos. Ahora se hace con un anexo presupuestario filtrado. El oficio, a veces, pierde la elegancia.
En el tablero español, el CNI y el CCN-CERT monitorizan de cerca cualquier tráfico de material nuclear por el Mediterráneo. No me consta que esta operación tenga aún un capítulo en la Península, pero si la crisis se enquista, la frontera sur podría convertirse en ruta de tránsito para agentes iraníes o de Hezbolá. Escribí en El quinto elemento que «el próximo 11S empezará con un clic», y añado hoy que la próxima guerra puede financiarse con partidas que nadie lee hasta que es demasiado tarde.
Estimo que el nivel de clasificación del material que manejan la NNSA y los programas del Pentágono en este suplementario roza el Top Secret/SCI. Cuesta imaginar que un plan para desmantelar uranio de un país en guerra activa no esté protegido al máximo nivel. Si el Congreso exige transparencia, quizá veamos algún detalle en las comparecencias del subsecretario de Defensa (Contralor), Jules W. Hurst III, hoy mismo ante el Comité de Servicios Armados del Senado. No cuenten con ello.
