Vox ha abierto este miércoles un frente discursivo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al rechazar de plano el diagnóstico climático que el dirigente popular compartió con Pedro Sánchez tras el incendio de Los Gallardos. La portavoz nacional del partido, Pepa Millán, ha contrapuesto a la tesis del cambio climático un llamamiento a centrar el debate en la gestión forestal, la limpieza de los montes y la recuperación de actividades tradicionales que, a su juicio, han sido “criminalizadas” por el “fanatismo climático verde”. La discrepancia, apenas unos días después de que el PP y Vox sellaran su acuerdo de gobierno, deja en evidencia las tensiones de fondo que recorren la coalición andaluza recién estrenada.
La posición de Vox: gestión forestal y prevención, sin excusas climáticas
“El cambio climático no puede ser una excusa para descargar responsabilidades”, ha declarado Millán en una intervención que no solo ha cuestionado al presidente del Gobierno, sino también al relato ofrecido por el propio Moreno en su visita al Puesto de Mando Avanzado de Turre. La diputada ha exigido que la atención se centre en las carencias de la gestión del monte y en la necesidad de reforzar las tareas de prevención, desde el desbroce controlado hasta el pastoreo, actividades que, sostiene la formación, han sido relegadas por “políticas ambientales que asfixian al mundo rural”.
Vox sitúa el origen del problema en la aplicación de normativas que, a su entender, dificultan el mantenimiento de los espacios forestales y abandonan a los habitantes del medio rural. La portavoz ha insistido en que la recuperación de usos tradicionales del campo es la mejor herramienta preventiva, un argumento que la dirección nacional del partido ha reiterado en los últimos años cada vez que se produce una catástrofe de este calibre. Frente a la alusión de Moreno a los “incendios de nueva generación” favorecidos por el clima, Vox desplaza el foco hacia la acción humana sobre el territorio.
Esta toma de posición no es improvisada. En las negociaciones que alumbraron el Gobierno andaluz, la formación de Santiago Abascal convirtió la revisión de las políticas medioambientales en una de sus líneas rojas. El acuerdo programático incluye la revisión de la normativa forestal, la adaptación de la legislación ambiental a criterios que ambas partes consideran “realistas” y el alivio de la presión regulatoria sobre el campo, todo ello enmarcado en un cuestionamiento de fondo al Pacto Verde y la Agenda 2030.
Primer roce en la coalición y reacciones de la oposición
La discrepancia ha emergido en el momento más delicado: con la Junta volcada en la reconstrucción de las zonas calcinadas, después de un fuego que ha dejado trece fallecidos y más de 7.000 hectáreas arrasadas. Moreno había aprovechado su comparecencia conjunta con Sánchez para defender una política de “preparación ante emergencias” e incluso planteó incorporar formación en protección civil al sistema educativo. La respuesta de Vox, apenas veinticuatro horas después, rompe la imagen de unidad que ambos socios intentaban proyectar.
El impacto parlamentario ha sido inmediato. Por Andalucía registró ayer mismo la solicitud de comparecencia del presidente de la Junta para que explique la gestión del incendio, una petición que su coordinador, Antonio Maíllo, ha vinculado expresamente al acuerdo PP-Vox y a la revisión de las políticas climáticas que contempla. El grupo de izquierdas trata de ensanchar la brecha abierta entre los socios, consciente de que el nuevo Ejecutivo andaluz aún está perfilando sus equilibrios internos.
La presión de Vox no se limita a una declaración: el partido obliga al PP a retratarse en la gestión ambiental desde el primer día de gobierno.
En paralelo, la formación ha completado la reorganización de su grupo parlamentario. Javier Cortés asumirá la portavocía en la cámara andaluza en sustitución de Manuel Gavira, quien ha pasado a ocupar la vicepresidencia de la Junta. Será desde esa tribuna desde donde Vox deberá defender una posición ambiental que ya marca distancias claras con la expresada por el propio presidente autonómico.
Lectura estratégica: marcar perfil por la derecha desde la primera crisis
La controversia del incendio de Los Gallardos revela que Vox no está dispuesto a diluir su identidad programática por el mero hecho de haber entrado en un Gobierno regional. Al contrario, la dirección del partido entiende que la coalición con el PP solo será electoralmente rentable si mantiene visible una alternativa propia, especialmente en los asuntos que vertebran su discurso, como la crítica a las políticas climáticas y la defensa del mundo rural.
El suceso permite al partido de Abascal desplegar un argumentario que ya había ensayado en incendios anteriores: responsabilizar de la devastación a la falta de limpieza de montes y al abandono de las medidas preventivas, en lugar de a supuestos patrones meteorológicos. Esta línea, que conecta con un electorado rural y con sectores descontentos con la transición ecológica, será previsiblemente uno de los ejes de presión de Vox sobre el Gobierno andaluz en los próximos meses.
La celeridad con la que Pepa Millán ha salido a corregir el diagnóstico de Moreno indica, además, que la cúpula nacional no ha dado margen a la ambigüedad. El mensaje es inequívoco: la entrada en un ejecutivo autonómico no rebaja ni un ápice la oposición de Vox a lo que considera “fanatismo climático”. La prueba de gobierno acaba de comenzar y la discrepancia de Almería adelanta que las fricciones con el PP van a ser una constante en los debates sobre medio ambiente.
