EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? Inquilinos y propietarios de viviendas sin aire acondicionado, especialmente en los barrios más vulnerables del sur y este de la Comunidad de Madrid.
- ¿Cuándo ocurre? El debate parlamentario arrancará en septiembre de 2026, aunque la PNL no tiene carácter vinculante inmediato.
- ¿Qué cambia hoy? La propuesta abre la puerta a que una vivienda pierda la habitabilidad si no puede refrigerarse, y reclama ayudas directas de hasta 2.500 euros por equipo.
Más Madrid ha registrado una PNL en la Asamblea para exigir que todas las viviendas cuenten con refrigeración activa o perderán la calificación de habitabilidad. El movimiento llega tras un junio con dos olas de calor que superaron los 40 grados en municipios como Aranjuez o Alcalá de Henares, y después de que la Agencia Estatal de Meteorología proyecte un incremento de hasta 6 grados en las máximas anuales para las próximas décadas.
La portavoz del grupo, Manuela Bergerot, ha sido clara: “Una temperatura agradable en casa no debería ser un lujo”. En su opinión, los cambios en la normativa autonómica de diseño y calidad de la vivienda son urgentes porque “una vivienda que no protege del calor extremo no garantiza la dignidad de quienes la habitan”. La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama modificar el decreto de habitabilidad para que, igual que se exige un sistema de calefacción en invierno, sea obligatorio uno de refrigeración eficiente en verano.
Por qué Más Madrid considera obsoleta la normativa de habitabilidad
El texto registrado argumenta que el concepto tradicional de habitabilidad se ha quedado corto. El actual decreto autonómico de calidad de la vivienda solo obliga a proteger las casas de las bajas temperaturas, pero ignora el escenario de calor extremo que ya es estructural en Madrid. La formación cita los modelos climáticos que apuntan a un incremento de hasta 6 grados en las temperaturas máximas anuales, y recuerda que miles de madrileños soportan más de 30 grados dentro de sus hogares durante semanas.
De ahí que la propuesta incluya la exigencia de que los sistemas de refrigeración sean activos y de alta eficiencia energética. No bastaría, por tanto, con instalar un ventilador o con bajar persianas. La PNL apunta directamente a la instalación de bombas de calor, splits o aerotermia, tecnologías que permiten enfriar y calentar con un consumo moderado. El coste estimado de estos equipos oscila entre 400 y 2.500 euros, a lo que se suman unos 800 euros adicionales por la instalación de cada aparato.
Las ayudas directas: hasta 2.500 euros y prioridad para los barrios más pobres
Consciente del impacto económico, Más Madrid reclama una línea de ayudas directas para comprar e instalar los sistemas. La prioridad la tendrían los barrios y municipios más vulnerables, especialmente los que acumulan viviendas de renta antigua sin ningún tipo de climatización. La portavoz ha insistido en que los caseros también deben hacerse “responsables garantizando aire acondicionado y climatización para todos”, lo que implicaría obligaciones añadidas para los arrendadores en en los distritos del sur y del este de Madrid capital.
Se trata de la primera vez que una formación de ámbito regional plantea la refrigeración como un derecho vinculado a la cédula de habitabilidad. Hasta ahora, la Comunidad de Madrid se había limitado a bonificar fiscalmente las obras de eficiencia energética, pero sin imponer un requisito mínimo de confort térmico en verano. La PNL, en todo caso, no es vinculante: dependerá de la mayoría del PP en la Asamblea y de si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la convierte en proyecto de ley.
Una vivienda que no puede enfriarse en verano es tan inhabitable como una que no puede calentarse en enero.
El vacío legal de la Comunidad y el precedente de la Ley de Vivienda estatal
Desde esta redacción observamos que la petición de Más Madrid no es un brindis al sol. La Ley de Vivienda estatal de 2023 ya mencionó por primera vez la necesidad de garantizar condiciones de habitabilidad compatibles con el cambio climático, aunque sin concretar medidas. La Comunidad de Madrid, por su parte, actualizó en 2022 el Decreto de Habitabilidad para endurecer el aislamiento térmico invernal, pero dejó fuera cualquier obligación sobre refrigeración estival. Esa omisión es ahora el blanco de la PNL.
El escenario que dibuja la formación de Bergerot es real: el sur metropolitano, con barrios como San Diego o San Cristóbal de los Ángeles, concentra viviendas construidas antes del año 2000 sin ningún tipo de instalación de aire acondicionado. Muchas de ellas están protegidas por regímenes de renta antigua, y sus inquilinos —a menudo mayores— sufren golpes de calor cada verano. La propuesta, sin embargo, plantea dudas sobre cómo financiar la instalación masiva de equipos sin que el coste recaiga sobre los propietarios más modestos o sobre los inquilinos mediante subidas de renta.
En cualquier caso, la iniciativa tiene ya un valor político: sitúa la emergencia climática en el centro del debate sobre vivienda y obliga al Ejecutivo regional a retratarse. El PP tendrá que decidir este otoño si apuesta por una regulación de mínimos o si cierra la puerta a un estándar de confort que, a juicio de Bergerot, “no debería ser un lujo”. El reloj corre: los veranos de 40 grados ya son norma en Madrid, no excepción.
