El Ministerio de Hacienda da marcha atrás en la cesión de soberanía fiscal a Cataluña dentro del nuevo modelo de financiación autonómica, según el borrador consultado por El Economista. El texto, que se debatió ayer en la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), no incluye mención alguna a la cesión de competencias sobre el IRPF ni a la Agencia Tributaria catalana, a pesar del acuerdo de hace un mes entre la Generalitat y la Agencia Tributaria para calendarizar su traspaso hasta 2029.
Lo que el borrador no dice
Las 70 páginas del documento detallan parámetros técnicos que, en teoría, benefician a Cataluña: población, gasto sanitario, educación y servicios sociales, junto a correctores por superficie o dispersión. Sin embargo, la ausencia de la gestión integral del IRPF y de la Agencia Tributaria catalana choca frontalmente con las reivindicaciones de ERC. Hace solo un mes, la Generalitat firmó un programa de traspaso gradual del impuesto sin fechas concretas, pero se daba por hecho que la gestión llegaría en dos años. Ahora, Hacienda lo omite por completo.
El borrador tampoco menciona el principio de ordinalidad, ese concepto que las formaciones independentistas abrazan para que Cataluña mantenga su posición en el ránking de comunidades que más aportan y más reciben. La exministra Montero sí se había comprometido a respetarlo. La actual construcción, según admite el propio ministerio, no lo hace.
La soberanía fiscal que ERC exigía como línea roja se queda en un aumento de porcentajes del IRPF y el IVA, pero sin el traspaso real de la recaudación ni de la agencia propia.
Un diseño a medida de ERC (y de Junts en el Congreso)
El texto está pensado para contentar a los republicanos y, de paso, a Junts de cara a una futura votación. Pero la fórmula elegida por el departamento de Arcadi España es tan flexible que solo Cataluña podría acogerse a ella. Las comunidades autónomas tendrían que aceptar el nuevo modelo en comisión bilateral y adherirse expresamente a la caja común por un período de cinco años, a contar desde 2027, si sale adelante. Si no lo hacen, se quedan con el sistema de 2009.
Esto abre un escenario de financiación a dos velocidades. Las autonomías gobernadas por el PSOE, que ya mostraron recelos, pueden optar por mantenerse al margen. Mientras, Cataluña sería la única que se beneficiaría del nuevo esquema, diseñado para atender sus demandas históricas… pero con la letra pequeña recortada.
Hacienda reconoce que la construcción no respeta el principio de ordinalidad, el concepto técnico abrazado por las formaciones independentistas catalanas que establece que cada territorio tiene que ocupar la misma posición en en el ránking de comunidades que más reciben y que más aportan. La ausencia de este principio, pactado entre Salvador Illa y Oriol Junqueras, deja al president en una posición incómoda frente a su socio de legislatura.
La última baza: adhesión voluntaria y la promesa de 21.000 millones
Frente a la falta de apoyos, el Gobierno ofrece una salida opcional para casi todo: la adhesión al nuevo modelo, al sistema de entregas a cuenta inmediatas o al fondo IVA para pymes. Cataluña sería la gran favorecida de este último, al recibir el 56% del IVA recaudado por las liquidaciones de las pymes con domicilio fiscal en su territorio, una transferencia que no supone una mayor cesión del impuesto, pero sí un incentivo adicional.
Además, Hacienda se compromete a inyectar casi 21.000 millones adicionales al sistema, elevando la participación autonómica en el IRPF del 50% al 55% y en el IVA hasta el 56,5%. Estas cifras, sin embargo, palidecen ante lo que realmente pedía ERC: el control de la recaudación y de la agencia tributaria propia.
Observamos que el Govern de Illa se enfrenta a un dilema. El borrador avanza en términos económicos, pero retrocede en el símbolo político que da oxígeno a los republicanos en el Parlament. Sin la Agencia Tributaria catalana y sin la gestión del IRPF, el relato de soberanía fiscal se diluye. Y la fecha límite de 2027, con la opción de adhesión voluntaria, da margen para que otros territorios boicoteen el nuevo sistema. La multilateralidad se impone al pacto bilateral y enfría el calendario previsto.
El precedente inmediato es el acuerdo fallido de 2012, cuando la Generalitat de Artur Mas reclamó un pacto fiscal similar y se topó con el mismo muro en Madrid. Entonces, como ahora, el instrumento era un nuevo modelo que, a la postre, nunca vio la luz. La pregunta es si el actual Govern está dispuesto a vender como un triunfo lo que en la práctica es un modelo de financiación mejorado, pero sin la soberanía fiscal prometida.
