La Comissió de l’Estatut del Diputat ha propuesto este martes que la Mesa del Parlament sancione con una falta leve a Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, y a Joan Garriga, portavoz de Vox. La sanción económica podría oscilar entre los 600 y los 12.000 euros, aunque no se descarta una simple amonestación pública. El tercer expediente, el de la diputada de Vox Júlia Calvet, ha quedado archivado porque la comisión no ha apreciado intencionalidad en sus palabras.
Fuentes parlamentarias consultadas por Moncloa.com confirman que la Mesa del Parlament tomará la decisión definitiva antes de que acabe julio. La Comissió de l’Estatut del Diputat, reunida a puerta cerrada con un representante de cada grupo, ha elevado sus dictámenes con el voto favorable de todos los partidos salvo los de las formaciones afectadas. El órgano que preside Antoni Castellà (Junts) y en el que Jordi Albert (ERC) ejerce de secretario ha considerado que tanto Orriols como Garriga vulneraron el artículo 7 del código de conducta, el que regula el respeto y el decoro parlamentario.
De ‘Companys asesino’ a los ataques a Driouech: las conductas que han encendido los expedientes
Joan Garriga colocó en su escaño carteles con la inscripción ‘Companys asesino’ y vinculó a los socialistas con drogas y prostitución. Para la ponencia interna, esos hechos constituyen una falta leve porque atentan contra el decoro de la cámara. En el caso de Sílvia Orriols, la investigación se ha centrado en las intervenciones en las que acusó a la diputada republicana Najat Driouech de «normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico» por llevar velo. La comisión ha documentado hasta siete ocasiones en las que la líder de Aliança Catalana habría acosado a Driouech, y ha instado a la Mesa a que comunique a los partidos la posibilidad de denunciar a Orriols ante la Fiscalía.
En ese mismo apartado, el dictamen señala que la libertad de expresión debe ser compatible con el código y subraya que es «clave evitar el acoso y el señalamiento sistemático a un diputado». El caso Calvet, en el que la diputada de Vox responsabilizó a la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, de liderar la «corrupción» en la DGAIA, quedará sin sanción al no apreciarse dolo.
Una reforma del reglamento para endurecer las sanciones por discursos de odio
Junto a las propuestas de sanción, la Comissió de l’Estatut del Diputat recomienda a la Mesa que impulse una reforma del reglamento del Parlament. El objetivo es concretar mejor los supuestos sancionables y, si hay consenso, endurecer las medidas contra los discursos de odio dentro del hemiciclo. «La libertad de expresión debe ser compatible con el código de conducta», insisten fuentes de la comisión, que llevan meses tramitando los expedientes pero cuya resolución se ha dilatado por la baja médica del presidente Castellà.
Cuatro nuevos expedientes a Vox: el goteo continúa
La misma sesión ha acordado abrir cuatro nuevos expedientes a diputados de Vox. Alberto Tarradas insinuó que deportarían a Driouech cuando gobernaran; a pesar de disculparse, la Mesa ha trasladado el caso a la comisión por primera vez sin que lo pidiera ningún grupo. Rafael Villalonga será investigado por haber llamado «delincuentes» a los diputados de la CUP. Júlia Calvet, ya archivado su expediente anterior, afronta uno nuevo por afirmar que «no se puede ser solidario con los de fuera mientras se abandona a los de casa» durante una comparecencia de Juventud África Negra. Por último, María García Fuster verá su actitud escrutada por haber insistido en el «Companys asesino» durante la comisión de control de la CCMA.
La Mesa del Parlament, con mayoría independentista y socialista, tiene ahora la oportunidad de enviar una señal nítida en la recta final del curso político.
Lo que busca la Mesa: marcar territorio antes del parón
La decisión se tomará en pleno julio, con la legislatura a medio gas y el calendario político ya inclinado hacia el nuevo curso. En Moncloa.com analizamos este movimiento como un intento de la Mesa —integrada por PSC, ERC, Junts y la CUP— de demostrar que el código de conducta no es papel mojado y que la ofensiva verbal de la derecha más dura empieza a tener costes tangibles. No es casualidad que la propuesta llegue apenas unas semanas después de que Vox rompiera los pactos autonómicos con el PP. El Parlament catalán lee el momento y aprieta.
El precedente más cercano es la sanción de 2025 a la misma Orriols por una falta leve que se saldó con una amonestación por escrito. Aquella vez la Mesa optó por la vía más suave; ahora, con el catálogo de conductas ampliado y cuatro expedientes más en trámite, el abanico de sanciones se abre. La horquilla de 600 a 12.000 euros permitirá calibrar la contundencia que se quiere exhibir.
Hay, sin embargo, un riesgo evidente: convertir a las sancionadas en mártires de su causa. Tanto Orriols como Garriga ya han anunciado que recurrirán y que utilizarán el micrófono parlamentario para denunciar «censura». La líder de Aliança Catalana, que gobierna Ripoll con mayoría absoluta, puede capitalizar el castigo en clave local. Garriga, por su parte, tiene margen para agitar a la bancada de Vox y seguir instalado en la estrategia de confrontación que le funciona en los sondeos. La Mesa lo sabe y por eso la reforma del reglamento que asoma en el horizonte busca también blindar jurídicamente las sanciones futuras.
Ahora la pelota está en el tejado de la Mesa. La decisión se comunicará en los próximos días y, salvo sorpresas, incluirá multa para los dos investigados. Será la primera vez que el Parlament active la vía económica por faltas de decoro.
El Parlament se va de vacaciones, pero los expedientes no caducan.
