La Mesa del Congreso ha aprobado este martes la suspensión de la acreditación de prensa durante un mes a Vito Quiles y a Bertrand Ndongo, dos comunicadores que han sido señalados por su labor crítica. Vox denuncia la medida como un intento del Gobierno por silenciar a la disidencia mediática.
La libertad de prensa, bandera de Vox
La formación que lidera Santiago Abascal ha cargado contra la decisión, calificándola de “atentado a la libertad de información”. Fuentes del partido consultadas por Moncloa.com aseguran que, para Vox, se trata de “un nuevo capítulo del acoso institucional a los periodistas que incomodan al Ejecutivo de Pedro Sánchez”. El partido recuerda que las instituciones deben proteger la pluralidad y no utilizarse para acallar a la oposición.
Una sanción de un mes con el PP en contra
La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, ha retirado durante un mes las acreditaciones de Quiles y Ndongo tras considerarlos responsables de interrumpir sendas ruedas de prensa. El Partido Popular votó en contra de la sanción, alineándose con el criterio de que se trata de una restricción desproporcionada. La resolución se ampara en el reglamento de la Cámara, que castiga las infracciones graves contra el normal funcionamiento de las dependencias parlamentarias.
No es la primera sanción que padecen estos comunicadores. A principios de mayo, la Mesa acordó la retirada cautelar de sus pases de prensa por el “notable deterioro” de la situación en las salas de prensa. Dos semanas después, a Quiles se le impuso una sanción en firme de tres meses por grabar sin permiso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y difundir las imágenes. Ndongo, por su parte, recibió aquel mismo día un plazo adicional para presentar alegaciones por su conducta en una rueda de prensa de Sumar el pasado 25 de noviembre.
El expediente resuelto este martes corresponde precisamente a aquel incidente de noviembre, en el que Ndongo interrumpió la comparecencia de los portavoces de Sumar. El letrado instructor consideró probadas dos infracciones graves, aunque apreció como atenuante la brevedad de la interrupción y el hecho de que el periodista terminase desistiendo. Pese a ello, la Mesa ha decidido aplicar la sanción de un mes —la máxima posible para una infracción de esta naturaleza—, descartando la posibilidad de rebajarla a leve.
La acumulación de castigos puede llevar a la expulsión definitiva de ambos periodistas, una perspectiva que Vox denuncia como un intento de silenciar a los críticos.
A ambos comunicadores les quedan varios expedientes por resolver, algunos de ellos por supuestas infracciones muy graves, como los insultos que Ndongo profirió contra la diputada de Sumar Aina Vidal. La normativa parlamentaria establece que la acumulación de dos o más sanciones graves en un año puede ser considerada una infracción muy grave, susceptible de conllevar la expulsión permanente. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio creen probable que se aplique este criterio a Quiles y Ndongo, dadas las múltiples denuncias que pesan sobre ellos.
Vox y la batalla contra el ‘lawfare’ mediático
Para Vox, este caso trasciende la anécdota y se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para controlar el relato en los medios. La formación de Abascal viene denunciando lo que llama “lawfare institucional” contra periodistas y creadores de contenido afines a la oposición. La votación en la Mesa —con PSOE y Sumar a favor y el PP en contra— refuerza, a juicio de la dirección nacional, la idea de que las fuerzas de izquierda utilizan los resortes del Estado para perseguir al disidente. “Mientras el bipartidismo se reparte los sillones, el régimen sigue acosando a quienes les hacen frente”, trasladan desde Bambú.
