El informe SOS Costas Canarias, presentado por la Fundación Canarina y el Observatorio de Sostenibilidad, ha revelado que casi 80.000 personas y once centrales eléctricas del archipiélago se encuentran en zona de riesgo por inundación marina. Las cifras, basadas en mapas oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, dibujan un litoral donde el 45% del suelo amenazado ya está urbanizado.
De las 1.500 hectáreas de superficie que pueden quedar bajo el agua en un temporal con periodo de retorno de 100 años, la huella humana es abrumadora. Las Palmas de Gran Canaria concentra el mayor peligro: 30.554 vecinos viven sobre la lámina de inundación, especialmente en el entorno de la Playa de Las Canteras. En Tenerife, el sur turístico suma 16.502 habitantes en riesgo, y Fuerteventura tiene a Corralejo y sus hoteles literalmente sobre la línea de marea.
El suministro eléctrico de las islas depende de once centrales, y diez de ellas están en zonas inundables. Seis presentan un riesgo extremo: la térmica de Jinámar en Gran Canaria, la de Las Salinas en Fuerteventura, la de Punta Grande en Lanzarote, y las de Las Caletillas en Tenerife, Los Guinchos en La Palma y Llanos Blancos en El Hierro. Solo la central de El Palmar, en La Gomera, queda a salvo.
El agua tampoco está garantizada. Las desaladoras y depuradoras, construidas a pie de costa por necesidad técnica, se convierten en puntos críticos. En Lanzarote, la desaladora de Montaña Roja abastece a toda la zona turística de Playa Blanca; en Fuerteventura, la potabilizadora de Puerto del Rosario está junto a la central térmica. Gran Canaria tiene las depuradoras de El Pagador y Arguineguín directamente amenazadas, y Tenerife suma 30 instalaciones de gestión de aguas en peligro.
Los centros turísticos no escapan. El camping de Punta del Hidalgo en La Laguna quedaría completamente cubierto por el mar, y los polémicos hoteles de la cadena RIU en el Parque Natural de Corralejo resultarían gravemente afectados. El patrimonio cultural también está en juego: más de 80 bienes, desde yacimientos arqueológicos hasta las salinas de Tenefé y Órzola, podrían perderse para siempre.
Las infraestructuras de transporte añaden otra capa de vulnerabilidad. La autovía GC-2 a su paso por Arucas, en Gran Canaria, podría quedar inutilizada en más de dos kilómetros de trazado. Mientras, los puestos de la Guardia Civil, Protección Civil y Cruz Roja situados en primera línea de playa verían mermada su capacidad de respuesta justo cuando más se les necesita.
El archipiélago pierde un kilómetro de costa cada tres meses y la artificialización del litoral ha superado todos los límites de la prudencia.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en pacto con el PP y ASG, tiene ahora sobre la mesa un informe que cuestiona décadas de desarrollo turístico y residencial a pie de playa. Canarias no es la única comunidad autónoma con este problema: Baleares afronta tensiones similares, pero la dependencia canaria de las infraestructuras costeras para la energía y el agua la convierte en un caso singular. La contestación social a proyectos como los hoteles de Corralejo ya había abierto un debate que el informe SOS Costas Canarias eleva de categoría.
El documento reclama protocolos de aviso a la población y señalización de todas las edificaciones en riesgo. Pero la clave política está en la ordenación del litoral: el Ejecutivo autonómico deberá decidir si endurece las restricciones a nuevas urbanizaciones en zonas inundables, un movimiento que chocaría con los intereses del sector turístico y de la construcción. Las elecciones autonómicas de 2027 añaden urgencia a una decisión que marcará el perfil de la próxima campaña. Por ahora, el mar sigue subiendo y el reloj avanza sin que ningún plan de adaptación haya pisado la arena.
Ficha Autonómica
- El caso: El informe SOS Costas Canarias, basado en mapas oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica, dibuja un escenario de alto riesgo por inundación marina en el archipiélago, con el 45% del suelo amenazado ya urbanizado.
- Datos importantes: 79.095 habitantes, once centrales eléctricas (seis en riesgo extremo), decenas de desaladoras y depuradoras, y más de 80 bienes patrimoniales en peligro. Las Palmas de Gran Canaria concentra 30.554 residentes afectados.
- Resumen: Canarias afronta un riesgo estructural que exige medidas urgentes de protección, señalización y revisión del planeamiento urbanístico. El Gobierno autonómico, con elecciones en 2027, deberá decidir si frena la construcción en primera línea de costa.
