El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordaba el pasado 14 de julio citar como investigados para este 9 de septiembre a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y al abogado Ismael Oliver en la causa en la que investiga una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, conocida como Caso Leire.
En un auto, el magistrado acordó también la citación como testigos de dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, que ya declararon a finales de julio. En ese acto se les devolvieron los terminales móviles que se les intervinieron en el registro del PSOE de 27 y 28 de mayo. El juez quería que aportasen las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por «cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Juan Manuel Serrano y Leire Diez«.
Pedraz recuerda que este requerimiento se efectuaba en su condición de testigos y que, por tanto, se les informó previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibió de su obligación de colaborar con la Justicia. La declaración de las dos secretarias, a las órdenes directas de Ana María Fuentes, fueron de especial trascendencia.
El magistrado autorizó igualmente a los Agentes del Departamento de Investigación Económica de la Unidad Operativa «el visionado de cuantas comunicaciones se localicen para identificar aquellas que pudieran tener una relación directa con los hechos objetos de la concreta investigación en la presente causa, así como el listado de datos de contacto que figuren almacenados tanto en la memoria del teléfono, como en cualquier tarjeta SIM o de almacenamiento que se alojen en los dispositivos. Dicha diligencia deberá realizarse a presencia del investigado asistido de su letrado».
No al teléfono de la gerente del PSOE
Sn embargo, el juez acordó no acceder al clonado del teléfono del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, ni al de la gerente del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, que ahora acude como investigada.
En cuanto a esta última, el juez señalaba que ostenta la condición de investigada por haber emitido como gerente del partido sendas notas de encargo dirigidas a justificar el pago de las cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijleo en fechas en las que no consta «que estos letrados estuvieran prestando asesoramiento jurídico al partido y existiendo indicios relevantes de que con esos pagos se buscaba retribuir a Leire Diez».
No obstante, el magistrado explica que esta actuación de la gerente supone «una concreta y auxiliar intervención que constituiría falsedad en documento mercantil cometida por particular y que la sitúa más en la figura del coautor o cómplice que como responsable principal del delito de organización criminal o de los demás cometidos», explicaba en su auto. Todo ello, añade sin perjuicio «de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa».
Esta citación a declarar tiene que ver también con la «pieza separada económica» que decidió abrir Pedraz, para recabar determinada información bancaria en relación con los posibles pagos efectuados por la trama investigada por, supuestamente, intentar desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
En la introducción del informe de la UCO sobre Ana María Fuentes los agentes afirman que «lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Santos (Cerdán), como Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, .. .) de algunos de sus miembros».
Sobre Ana María Fuentes Pacheco, Directora Gerente Federal del PSOE, también dice la UCO que «habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico Oliver & Partners SL, vinculado Ismael Oliver Romero y otra con Jacobo Teijelo Casanova. De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados». Esa circunstancia la ha llevado a estar imputada.
Las cuentas del PSOE
Además, el magistrado ya pidió información a 12 entidades bancarias de alrededor de 80 cuentas bancarias en las que figuran como intervinientes el PSOE y los investigados Ismael Oliver, Gaspar Zarrías y Jacobo Teijelo, entre otros para saber el destino de los fondos del PSOE.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil indicaba en el mismo informe que el PSOE usó empresas del ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y del abogado Ismael Oliver, que ejerció la defensa del ex asesor Koldo García, para pagar 43.225 euros a la ex militante Leire Díez. La UCO cree que el PSOE usó una empresa del ex dirigente socialista Zarrías para pagar a la ex militante Leire Díez 16.000 euros y otra del abogado Oliver para transferir 27.255 euros.
El ex diputado socialista Gaspar Zarrías ya declaró ante el juez el 16 de abril de 2026 que Leire Díez trabajó para su empresa Zaño y de ahi el pago de esa cantidad de dinero.
En un auto el titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia atendía la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir una pieza separada a raíz de un oficio presentado por la UCO. En su resolución, el instructor ordenó que los datos sensibles económicos recabados sean utilizados por la UCO para hacer un informe, pero «evitando que el traslado abierto y su integro volcado en las actuaciones permita su pública difusión (que se torna imposible de controlar)».
Además, una vez elaborado el oportuno informe, indicaba Pedraz, se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa. Una vez finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones.
Decía Pedraz que «se requirió a la unidad para que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. (solicitud inicial obra en el oficio de fecha 01.06.2026 nº 3643/2026 de fecha 01.06.2026). De momento, todavía no ha llegado el informe que afecta a seis cuentas bancarias del PSOE entre los años 2024 y 2025.
En el citado oficio se dejaba constancia de que Leire Díez habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes a dos letrados: Ismael Oliver Romero y Jacobo Teijelo Casanova. El primero de ellos, conforme a lo expuesto previamente, habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propio Leire, a través de Oliver Gruppe SL. El segundo, Jacobo Teijelo Casanova, habría sido empleado igualmente como instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal».
Ahora la gerente del partido tendrá que explicar a Pedraz si esos pagos fueron autorizados por ella o si al menos los conocía, aunque la orden viniese del Secretario de Organización, que entonces era Santos Cerdán.
El primer abogado de Koldo
La declaración como imputada de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, es de gran interés porque de sus palabras dependerá de que el PSOE se vea afectado por varios delitos, entre los que no se descarta el de financiación ilegal, que afectaría directamente a la línea de flotación del partido. En cualquier caso, Fuentes está llamada a declarar para que explique si el partido realizó pagos a Leire Díez y en qué conceptos.
Este miércoles también declarará Ismael Oliver, abogado ligado al PSOE y primer letrado de Koldo García. Los investigadores de la UCO sospechan que una de sus sociedades, Oliver Gruppe, fue usada para canalizar los pagos del partido a Leire Díez.
Pese a haber quedado fuera de la investigación como imputadas, dos secretarias del partido tuvieron que aportar sus conversaciones entre abril de 2024 y junio de 2025 con Santos Cerdán, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes; Juan Manuel Serrano y Leire Díez. La entrega de los mensajes sirvió para acotar las instrucciones que recibieron, las gestiones realizadas y la participación de Santos Cerdán.
La UCO había señalado en su informe a las dos administrativas por tareas como la compra de billetes para la ex militante socialista, y había sostenido que Cerdán puso el partido al servicio de una supuesta «estructura criminal». Hay que recordar que la declaración de una de ellas en el Tribunal Supremo, en concreto de Celia Rodríguez, ya puso en un brete al PSOE. De hecho, su declaración fue usada como un indicio para abrir la investigación en una pieza separada de la presunta financiación irregular del PSOE.
