Vox pide al Tribunal Supremo que los nacionalizados por la ley de nietos no puedan votar el 29-N. La formación de Santiago Abascal ha registrado este lunes un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal para exigir que se ejecute la suspensión cautelar acordada el pasado mes de septiembre.
El partido sostiene que la resolución del Supremo ‘no admite interpretación’ y recuerda que el auto acordó suspender los efectos electorales de esa norma ‘para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse’. Sobre esa base, Vox construye una petición muy concreta: que el pronunciamiento de septiembre se traduzca en instrucciones verificables antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre.
Qué pide Vox al Tribunal Supremo y con qué argumentos
En el escrito registrado este lunes, Vox reclama a los magistrados que requieran a la Junta Electoral Central para que informe, en un plazo máximo de 24 horas, de las medidas adoptadas y de las instrucciones dadas para ‘garantizar el estricto cumplimiento del auto del Supremo’. El partido quiere cerrar cualquier resquicio. Si la Junta no hubiera adoptado aún esas medidas, pide a la Sala que le ordene tomarlas de inmediato y que le comunique el resultado.
La segunda petición afecta directamente al censo. Vox solicita que se requiera a la Junta Electoral Central o a la Oficina del Censo Electoral para que remita a la Sala el listado anonimizado de las personas inscritas en el CERA (el Censo Electoral de Residentes Ausentes) que tengan suspendido su derecho de voto, ‘con expresión de la provincia de asignación’. En tercer lugar, pide que se declare que la suspensión acordada ‘es aplicable a las elecciones del 29 de noviembre de 2026’.
Sobre el fondo, Vox advierte de que al CERA se han incorporado personas que ‘no han acreditado debidamente los requisitos de descendencia y exilio’. De ahí su conclusión: ‘el censo electoral utilizable el 29 de noviembre no puede incluir con derecho efectivo de voto a quienes fueron incorporados mediante la presunción de exilio cuestionada, aunque formalmente constasen inscritos a 1 de agosto’.
El Supremo ya cerró la puerta al voto de los inscritos en el CERA por la ley de nietos. Vox sostiene que ahora toca ejecutar esa suspensión.
Qué recorrido tiene el escrito y qué plazos se abren
El escrito no abre un procedimiento nuevo. Se apoya en una medida cautelar ya dictada y reclama los instrumentos para hacerla efectiva sobre el censo que se utilizará el 29 de noviembre. La Sala debe decidir ahora si asume esas peticiones y si fija el plazo de 24 horas que Vox propone, una cifra que responde a la necesidad de actuar antes del cierre definitivo del censo electoral.
En septiembre, el Tribunal Supremo paralizó cautelarmente el voto de las personas ya inscritas en el CERA nacionalizadas por la ley de nietos, así como las nuevas inscripciones, para preservar ‘la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados’. El pronunciamiento puede consultarse en el portal del Poder Judicial, y su ejecución en la parte organizativa corresponde a la Junta Electoral Central, el órgano arbitral de los comicios.
Por el momento no consta pronunciamiento público del Gobierno ni del PP sobre esta petición. Vox ha trasladado el pulso al terreno judicial con un argumento que no depende de la mayoría parlamentaria, sino del cumplimiento de una resolución ya dictada.
La lectura estratégica: por qué Vox judicializa el censo antes del 29-N
No es un movimiento aislado. Vox llegó al auto de septiembre después de impugnar los efectos electorales de la ley de nietos y ahora trata de impedir que ese pronunciamiento quede en papel mojado. En la lectura de la formación, un censo cuya composición está discutida abre la puerta a impugnaciones posteriores y debilita la credibilidad de la propia votación.
Hay un precedente que explica la insistencia. El partido ha hecho de la exigencia de instrucciones expresas a la administración electoral una constante cada vez que un tribunal ha puesto límites a normas con efectos sobre las urnas. En esta ocasión acompaña la reclamación con un calendario: los comicios del 29 de noviembre de 2026 y un plazo de 24 horas que, si la Sala lo acepta, dejaría a la Junta Electoral Central sin margen para demorar la respuesta.
La lectura que hacemos es que Vox ha llevado al Supremo una batalla que no puede resolver en el Congreso. El partido mantiene, en paralelo, su discurso de campaña: Santiago Abascal reclama unas elecciones ‘libres, limpias y sin violencia’ y sostiene que Vox está ‘absolutamente preparado’ para ofrecer a España las soluciones que, a su juicio, necesita.
Queda por ver cómo responde la Sala y con qué margen cuenta la Junta Electoral Central, que deberá informar de sus instrucciones si los magistrados aceptan el requerimiento. La decisión sobre el censo condicionará el marco en el que se celebre la votación del 29 de noviembre.
