EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar dos reales decretos-ley de vivienda: uno sobre la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta asequible, y otro sobre la estabilidad de los contratos de arrendamiento. Se publican en el BOE de este 7 de octubre.
- ¿Quién está detrás? Pedro Sánchez, que ha reclamado una convalidación rápida ‘por humanidad’ de ambas normas, con el impulso del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
- ¿Qué impacto tiene? Limita la compra de vivienda por debajo del 70 % del valor de mercado hasta 2030, suspende desahucios de personas vulnerables y obliga a las comunidades autónomas a ofrecer alternativa habitacional.
El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar este martes los decretos de vivienda. Sánchez pide ahora al Congreso que los convalide ‘por humanidad’ y con la vista puesta en las familias que no llegan a fin de mes.
Las dos normas —el Real Decreto-ley de protección de la función social de la vivienda y ampliación de la oferta asequible, y el de refuerzo de la estabilidad de los contratos de arrendamiento— se han publicado en el BOE de este 7 de octubre. Su convalidación recae en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno cuando las Cortes están disueltas o entre periodos de sesiones, ya que la convocatoria electoral ha dejado a las Cámaras en funciones.
Del veto a los fondos buitre al escudo antidesahucios: qué cambia de verdad
El primer real decreto-ley pone cerco a la actividad especulativa. Hasta el 31 de diciembre de 2030, las sociedades, fondos, y grandes tenedores cuya actividad sea la adquisición de inmuebles o de carteras de préstamos hipotecarios impagados tendrán limitada la compra de vivienda por un valor inferior al 70 % de su valor de mercado. La restricción no se aplicará cuando el destino sea el alquiler asequible o social, las residencias sociosanitarias, el alojamiento de colectivos vulnerables o las víctimas de violencia de género.
El escudo antidesahucios es la otra pata. El texto suspende los procedimientos judiciales cuando el ocupante es vulnerable y no dispone de alternativa habitacional, y mantiene esa protección si la Administración no ha ofrecido una vivienda alternativa. Si la comunidad autónoma competente no reacciona, dispondrá de dos meses para enervar la acción —asumir el pago que evita el desalojo— mientras el procedimiento judicial queda en suspenso.
La norma reforma además la Ley de Arrendamientos Urbanos para atajar el fraude en el alquiler de temporada y de habitaciones. Los contratos de corta duración deberán justificar la causa del desplazamiento del arrendatario, tendrán una duración mínima de 31 días y, si se encadenan más de dos, se convertirán de forma automática en residenciales. En las zonas de mercado tensionado, la suma de habitaciones alquiladas no podrá superar la renta que se aplicaría a la vivienda completa.
El capítulo fiscal completa el paquete. El alquiler de apartamentos amueblados con servicios hoteleros tributa ya al 10 % de IVA; los ayuntamientos podrán recargar hasta el 150 % del IBI a los pisos turísticos según el número de inmuebles; y la vivienda protegida permanente baja al 4 % de IVA superreducido. Los inquilinos con rentas inferiores a 33.007,20 euros podrán deducirse un 10 % del alquiler, y los propietarios que rebajen el precio podrán escalar la deducción hasta el 100 %.
Un escudo legal para quien alquila no es un gesto: es la frontera entre el derecho a un techo y la especulación sin freno.
El aterrizaje territorial y el pulso en la Cámara
El Gobierno calcula que la nueva línea TU CASA, dotada con 10.000 millones de euros, permitirá financiar hasta el 20 % del valor de la vivienda con préstamos de hasta 50.000 euros, al 0 % de interés y sin comisiones. Va dirigida al segmento de compradores jóvenes que hoy quedan fuera del mercado hipotecario tradicional. Sin alternativa habitacional no hay derecho a la vivienda.
La gestión recae en buena medida sobre las comunidades autónomas. Cuatro de ellas —Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y Cataluña— están gobernadas o copresididas por el PSOE, y sus ejecutivos tendrán que articular ahora los mecanismos para ofrecer techo a las personas vulnerables bajo amenaza de desahucio.
La convalidación en la Diputación Permanente no admite enmiendas: los grupos votan sí o no, y el rechazo supondría la derogación automática de ambas normas. Es el escenario que Ferraz quiere evitar y sobre el que ya trabaja el Grupo Parlamentario Socialista en un contexto de Cortes disueltas.
El Eje del Poder Socialista
El paquete de vivienda llega a Ferraz en un momento de reordenación interna. Lo que observamos es un movimiento de doble filo: blinda la bandera social por excelencia ante cualquier adelanto electoral, pero obliga al partido a sostener una mayoría con socios que no siempre comparten el ritmo. El precedente más cercano es el Real Decreto-ley 11/2020, aprobado durante el confinamiento, que suspendió por primera vez los desahucios de colectivos vulnerables y desató un pulso judicial con los juzgados y con el PP.
En el flanco territorial, los barones socialistas tienen ante sí una prueba de gestión. Emiliano García-Page ha defendido históricamente la autonomía fiscal de Castilla-La Mancha y ahora deberá encajar una norma estatal que le obliga a movilizar vivienda pública. Adrián Barbón y María Chivite afrontan el mismo reto en Asturias y Navarra, mientras que en Cataluña el Govern de Salvador Illa tendrá que coordinar sus propios instrumentos con los estatales.
El riesgo inmediato está en el calendario. La Diputación Permanente tiene un plazo reglado para convalidar, y cualquier retraso dejaría en el aire tanto el escudo antidesahucios como el segundo real decreto-ley, cuya entrada en vigor está fijada para el 15 de noviembre de 2026. El reloj corre en contra.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: ‘La vivienda es un derecho, no un activo financiero’: el PSOE se presenta como el único partido que pone límites a la especulación.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: convalidación de los dos reales decretos-ley en la Diputación Permanente del Congreso.
