Los diputados prometieron eliminarlas y siguen cobrándolas religiosamente. Entre la asignación constitucional —el sueldo base de un parlamentario— y lo que finalmente recibe hay un conjunto de indemnizaciones, ayudas y prestaciones que rara vez se detallan en los debates sobre transparencia, pero que se abonan con puntualidad cada mes o se renuevan cada legislatura. Ni la crisis, ni los recortes, ni los cambios de color político en el Gobierno y en la Cámara han alterado su existencia ni sus cuantías.
Esta lista no recoge el sueldo, sino las cinco ventajas que se suman a él y que los grupos prometieron retirar: desde los 1.823,97 euros mensuales de indemnización por alojamiento para quienes no tienen su circunscripción en Madrid hasta una pensión que valora cada año de escaño como si se hubiera trabajado con sueldo de alto funcionario. Todas comparten la misma lógica: se regulan mediante acuerdos internos o convenios con empresas y administraciones, y ninguna se ha suprimido pese a los anuncios.
5La pensión del régimen especial de las Cortes: años de escaño computados con haberes de alto funcionario
El sistema nace de un convenio especial entre las Cortes Generales y la Tesorería General de la Seguridad Social, hoy recogido en el artículo 11 de la Orden TAS/2865/2003 y heredero de la Orden de 29 de julio de 1982. La clave está en la base de cotización: no se calcula sobre el salario que el diputado tenía antes de llegar al escaño, sino sobre la asignación parlamentaria, aplicando el tope máximo del grupo de cotización 1 del Régimen General, el reservado a ingenieros, licenciados y altos cargos. Cada año de mandato computa, así, con haberes de alto funcionario, y la cuota la abona íntegra el presupuesto de la Cámara. Si el parlamentario es funcionario público, las Cortes asumen además las cuotas de derechos pasivos, de modo que el tiempo en el escaño no interrumpe su carrera en Clases Pasivas, el régimen especial en el que siguen encuadrados los funcionarios de las Cortes Generales.
El mecanismo se completaba con el complemento que garantizaba la pensión máxima: bastaban once años de escaño para cubrir hasta el tope (con 7 años se cubría el 80% y con 9 el 90%). Se suprimió en julio de 2011, pero sin efecto retroactivo, de modo que quien ya había devengado el derecho sigue cobrándolo. En febrero de 2026 lo percibían 106 personas por un total de 124.499,30 euros al mes; en julio de 2025 eran 119 y 137.076,53 euros. Entre los beneficiarios hay exparlamentarios que nunca cotizaron a la Seguridad Social antes de ser diputados y que hoy cobran una pensión pública, precisamente porque el sistema computó sus años de escaño como si hubieran trabajado con el sueldo de un alto funcionario. El coste ronda los tres millones de euros al año.
