El astillero Arsenal-2 arranca en Sparrows Point, Maryland, con 6.600 millones de dólares entre inversión privada y fondos de la Armada.
Fue Donald Trump quien lo anunció este martes desde los propios muelles. Será el mayor astillero nuevo del país desde la Segunda Guerra Mundial: «Nada parecido a lo que estamos haciendo hoy». Anduril Industries, la compañía de defensa fundada por Palmer Luckey, aporta 3.700 millones de dólares. La Armada americana suma otros 2.900 y deja abierta la puerta a compras futuras que, según la Casa Blanca, podrían elevar el compromiso hasta los 21.000 millones.
«En estas orillas los obreros americanos construyeron una de las primeras fragatas de la Marina y forjaron el acero del Empire State; aquí los patriotas de Baltimore botaron el primer Liberty de la Segunda Guerra Mundial», recordó el presidente de Estados Unidos. El destinatario era una zona que fue corazón siderúrgico y dejó de serlo.
El catálogo es ambicioso. Saldrán de Sparrows Point componentes críticos para los submarinos de ataque de la clase Virginia —el programa estrella de la Armada—, tubos lanzatorpedos y la próxima generación de sumergibles no tripulados, los autonomous subs. Según Anduril, el complejo generará 2.000 millones de dólares de producción anual, 312 de ellos en salarios.
En empleo, la cifra que maneja la Casa Blanca es de 3.100 puestos directos en Maryland y 11.000 indirectos por el resto del país. Palmer Luckey lo resumió en redes: «Anduril está construyendo el mayor astillero de América desde la Segunda Guerra Mundial».
De los Liberty a los submarinos autónomos: por qué el astillero Arsenal-2 se levanta ahora
La decisión no sale de la nada. Desde comienzos de 2025 la Casa Blanca ha encadenado medidas para recuperar el terreno cedido: una orden ejecutiva para revitalizar la industria naval y marítima, la creación de una Oficina de Construcción Naval, tasas portuarias contra los buques construidos en China y un expediente del USTR (el Representante Comercial de Estados Unidos) contra el dominio chino del sector. El dinero no es el problema.
El astillero Arsenal-2 no es una obra pública: es el intento americano de recuperar una industria que Pekín domina con la mitad de la capacidad mundial.
Existe un paraguas legal que casi ningún lector europeo tiene presente: la Ley Jones, vigente desde 1920, obliga a que cualquier barco que transporte mercancía entre puertos americanos se construya en astilleros del país y navegue bajo bandera nacional. Ese blindaje protegió un mercado cautivo, pequeño y caro, y explica por qué Estados Unidos perdió competitividad mientras China, Corea del Sur y Japón se repartían la construcción civil.
El precedente que mejor ilumina lo que se juega Washington es la Armada de 600 buques que impulsó Ronald Reagan en los ochenta: superioridad naval financiada con presupuesto público y astilleros nacionales. Al caer la Guerra Fría se desmontó, y con ella se fue media industria. Ese manual ya se usó antes. Solo que el rival ya no es la URSS.
Lo que observa Navantia desde Ferrol y Cádiz
España no vende buques de guerra a la Armada americana, así que el impacto directo en la cuenta de resultados es limitado. El efecto real es otro: el astillero Arsenal-2 compite por lo mismo que Navantia: acero, electrónica,, y ingenieros y soldadores especializados en un mercado transatlántico que se ha vuelto escaso.
La empresa pública española, con plantas en Ferrol, Cádiz y Cartagena, tiene la hoja de ruta cargada con las fragatas F-110 y con programas europeos conjuntos. El problema no son los pedidos. Faltan manos. La propia industria naval europea lleva años advirtiendo de que la escasez de perfiles técnicos es el principal freno de cualquier plan de rearme.
A eso se suma el pulso por los contratos. Anduril Industries no es ajena al mercado europeo: compite con los grandes contratistas del continente por los presupuestos nacionales de defensa y por los fondos del paquete de rearme comunitario. Fabricar a gran escala en casa refuerza su posición negociadora en Bruselas y en Madrid.
Comparar con otros socios ayuda. Francia protege su industria naval con contratos de ciclo largo; Alemania discute cómo reconstruir su capacidad militar; Italia juega con Fincantieri como campeón nacional. España está en esa liga con un margen fiscal más estrecho. El resultado previsible no es que Sparrows Point le arrebate un contrato a Navantia, sino que encarezca el talento.
La Lógica de Washington
La lógica de la Casa Blanca es sencilla de enunciar y difícil de ejecutar: Estados Unidos quiere dejar de depender de cadenas de suministro que no controla. El problema que intenta resolver no es comercial, es de seguridad nacional. La Armada necesita más cascos y más rápido, y los astilleros capaces de construir grandes buques de guerra en el país se cuentan con los dedos de una mano. Washington no pide permiso.
Quien sostiene la apuesta es una coalición amplia dentro del Partido Republicano: senadores de estados costeros con empleo industrial, el lobby de defensa y el ala proteccionista que lleva años empujando el reshoring. El Partido Demócrata no ha discutido el fondo; sus reparos llegan por la vía presupuestaria y por los informes del Congressional Budget Office sobre sobrecostes navales.
El electorado de Trump entiende el mensaje sin traducción: fábrica que abre, empleo que vuelve. El riesgo está en el calendario. Un astillero no se levanta en un ciclo electoral, y la industria reconoce un cuello de botella de mano de obra especializada que ni el dinero resuelve de un año para otro.
Para España, la ventana relevante es la próxima década. Cada contrato europeo que se retrase en Ferrol o en Cádiz se decidirá en un mercado donde el astillero Arsenal-2 habrá subido el precio del talento. La próxima cita es presupuestaria: el Congreso deberá refrendar los tramos anuales del programa en los próximos meses.
Ficha del Caso
- El caso: Trump anunció en Sparrows Point (Maryland) la construcción de Arsenal-2, el mayor astillero nuevo de EE. UU. desde la Segunda Guerra Mundial, con Anduril y la Armada como socios.
- Datos clave: 3.700 millones de Anduril, 2.900 de la Armada y hasta 21.000 en compras futuras; 3.100 empleos directos, 11.000 indirectos y 2.000 millones de producción anual.
- Para España: sin impacto comercial directo, el proyecto tensiona el mercado transatlántico de talento naval y refuerza a Anduril frente a Navantia y otros contratistas europeos.
