Valdecarros sumará 51.656 viviendas, el 55% con protección pública. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eligió este miércoles el desarrollo del sureste capitalino para reivindicar su receta frente al debate nacional sobre el acceso a la vivienda: libertad de compra, de alquiler y de inversión sin trabas.
El ámbito ocupa 19 millones de metros cuadrados en el distrito de Villa de Vallecas y, según las estimaciones que maneja el Gobierno regional, albergará a unos 155.000 residentes y generará en torno a 70.000 empleos directos, con una inversión total prevista de 8.000 millones de euros. Es, en palabras de Ayuso, ‘una ciudad dentro de Madrid’.
Cuántas de esas 51.656 viviendas serán realmente asequibles
Del total, más de 28.000 pisos contarán con algún tipo de protección pública: el 55% del ámbito. El Gobierno regional promoverá directamente más de 10.000 viviendas protegidas, de las que 7.400 corresponden a la Agencia de Vivienda Social (AVS) y 2.600 a el Plan Vive, la fórmula de alquiler a precio asequible con suelo público y gestión privada.
Las obras de los primeros edificios arrancarán, según el calendario oficial, antes de que acabe el año y afectarán a más de 13.300 viviendas. Ese primer paquete es una cuarta parte del ámbito. El resto llegará por fases a lo largo de la próxima década, un plazo que en los desarrollos del sureste se ha estirado siempre más de lo previsto.
El modelo que Ayuso contrapone a los decretos del Gobierno
Desde Valdecarros, la presidenta resumió su posición: ‘Nosotros creemos en la libertad de compra, de alquiler y de inversión sin trabas, con una Administración garante, siempre buscando el incentivo, porque la escasez no se soluciona repartiendo, sino multiplicando la oferta. Añadió que ‘esto no va de anuncios efectistas ni tampoco de castigar el ahorro particular’.
La visita llegó el mismo día en que el Consejo de Gobierno, reunido en la Real Casa de Correos, confirmó que pone en manos de la Abogacía General de la Comunidad la posible impugnación de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros. El portavoz regional, Miguel Ángel García, los calificó de ‘un fraude y un panfleto electoral’ y sostuvo que darán ‘la puntilla’ a un mercado del alquiler que, según sus datos, ha perdido 400.000 pisos desde que el actual Gobierno llegó a La Moncloa. Es una cifra del Ejecutivo autonómico, no una estadística independiente.
Valdecarros es la prueba de esfuerzo del modelo: 8.000 millones de inversión y un calendario que se medirá en la próxima década, no en el próximo mandato.
La acampada de Sol y el frente judicial
A pocos metros de ese Consejo de Gobierno, en la Puerta del Sol, se mantiene la acampada por la vivienda asequible que la Comunidad quiere desalojar. El Ejecutivo autonómico exige al delegado del Gobierno en Madrid que actúe ‘de inmediato’ contra una ocupación que considera ilegal y que, según sus propias estimaciones, ha provocado pérdidas superiores al 60% , en los comercios de la zona. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado, por ahora, las medidas cautelares que había pedido la Comunidad.
Con ese fondo, los decretos estatales de vivienda esperan su convalidación o derogación en la Diputación Permanente. La Comunidad sostiene que el trámite, si sale adelante con una mayoría que no se corresponde con la del Congreso, sería ‘un fraude de ley y una estafa’. Su anuncio de acudir a los tribunales añade una capa más a un conflicto competencial que, casi con seguridad, se decidirá en los juzgados.
Lo que Valdecarros no arregla del precio del alquiler
Madrid ya tiene experiencia con promesas de este tamaño. El Plan Vive, lanzado en 2020 con tres fases y con suelo público cedido a promotores privados, llegó a sus primeros inquilinos con retrasos acumulados y una oferta por debajo del objetivo inicial. El precedente del Plan Alquila apunta en la misma dirección: la Administración puede mover suelo y agilizar licencias, pero no fija por decreto el ritmo del hormigón ni el precio final del metro cuadrado.
La comparación con otros marcos ayuda. La Ley del Suelo madrileña obliga a reservar, con carácter general, un mínimo del 30% de la edificabilidad residencial en los nuevos desarrollos; Valdecarros se va al 55%. Cataluña aplica ese mismo umbral a toda promoción nueva y a las rehabilitaciones de gran escala. El matiz importa: el porcentaje de Valdecarros forma parte del planeamiento de un ámbito concreto y no garantiza que el próximo desarrollo del sureste lo repita.
Queda por ver quién financia y a qué ritmo. De las más de 10.000 viviendas protegidas anunciadas, solo las del Plan Vive cuentan con un esquema de colaboración público-privada ya rodado; el resto depende de la Agencia de Vivienda Social, que arrastra listas de espera y una parte de su parque en mal estado. Si el calendario se cumple, Madrid verá grúas en Valdecarros antes de que acabe el año. Las primeras llaves tardarán bastante más. La próxima cita de esta pelea no está en el sureste, sino en la Diputación Permanente y en el Tribunal Superior.
