Von der Leyen resucita la compra conjunta de energía en la UE para abaratar la factura

La Comisión quiere agregar la demanda de gas y diésel de los Veintisiete y llevar el modelo de 2022 al siguiente nivel. Seis Estados, con España y Alemania a la cabeza, exigen además un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado ante el pleno de la Eurocámara que Bruselas quiere recuperar y ampliar la compra conjunta de energía, el modelo que estrenó en 2022, ante la escalada de precios del gas y el diésel.
  • ¿Quién está detrás? La Comisión Europea, con Alemania, España, Portugal, Italia, Austria y Polonia reclamando además un impuesto común y temporal sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas.
  • ¿Qué impacto tiene? Bruselas quiere agregar la demanda de los Veintisiete y rebajar la factura antes del invierno; el gas ha subido un 140% y el diésel ha doblado su precio desde marzo.

Von der Leyen resucita la compra conjunta de energía en la UE para frenar una factura disparada antes del invierno. La presidenta de la Comisión Europea ha anunciado ante el pleno del Parlamento Europeo que Bruselas quiere recuperar y ampliar el modelo que estrenó en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, y llevarlo ‘al siguiente nivel’ con un sistema que agregue la demanda y conecte a compradores con vendedores.

De 100.000 millones a un diésel que dobla su precio desde marzo

Los números que maneja la Comisión justifican la urgencia. La factura energética de los Veintisiete se ha encarecido en 100.000 millones de euros desde el inicio de la guerra en Irán, según el diagnóstico que la propia Von der Leyen trasladó a los eurodiputados. El bloque depende en gran medida de las importaciones de gas y petróleo que atraviesan el estrecho de Ormuz, y esa dependencia se paga en cada recibo.

El mercado lo refleja sin matices. El gas ha subido un 140% y el diésel ha duplicado su precio desde marzo. ‘Este aumento de precios se puede intensificar de cara al invierno’, advirtió la presidenta del Ejecutivo comunitario, que compareció ante la Eurocámara para preparar la cumbre de líderes de los próximos 15 y 16 de octubre.

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Fuera de la UE, el G7 ha decidido liberar 100 millones de barriles de sus reservas para abaratar el diésel y estudia ‘liberaciones adicionales’ según evolucionen los mercados. El grupo advirtió de ‘una volatilidad sin precedentes’ que, en sus propias palabras, amenaza la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos.

Alemania, España y Polonia aprietan: impuesto a los beneficios extraordinarios

La compra conjunta no es la única herramienta sobre la mesa. Alemania, España, Portugal, Italia, Austria y Polonia han exigido a la Comisión Europea que cree un impuesto común y temporal sobre los beneficios extraordinarios de las grandes energéticas y petroleras. El objetivo, según estos seis Estados, es ‘repartir el coste’ de la guerra en Irán de forma ‘más equitativa’.

Von der Leyen recupera el instrumento de 2022, pero el problema ya no es Moscú: es el estrecho de Ormuz y una factura que crece cada semana.

En la Eurocámara, la líder de los socialdemócratas, Iratxe García, ha reiterado la petición para gravar esas ganancias extraordinarias. Es un eje conocido: los países del sur y buena parte del este empujan medidas fiscales sobre el sector energético, mientras los frugales del norte miran de reojo cualquier figura que suene a impuesto europeo nuevo.

Von der Leyen

El Eje del Poder Europeo

La lectura estratégica exige separar dos pulsos que Bruselas intenta presentar como uno solo. El primero es energético: la compra conjunta devuelve a la Comisión al centro de la política de aprovisionamiento, un papel, que estrenó en 2022 y que ahora amplía con la agregación de demanda. El segundo es fiscal, y ahí la geometría es otra: seis Estados, con España en primera fila, quieren que las petroleras paguen parte de la factura.

Alemania firma la carta del impuesto, pero con matices. Berlín necesita contener el precio industrial sin romper su coalición ni abrir un frente con el sector energético, y por eso empuja soluciones europeas antes que nacionales. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia— ven en cualquier tasa común un precedente incómodo. Varsovia y Budapest, en cambio, apoyan el gravamen porque protegen al consumidor y erosionan el margen de las grandes compañías, a las que culpan de la escalada.

Para España el envite tiene dos caras. La compra conjunta puede rebajar la factura de hogares y empresas, porque el país importa la mayor parte del gas que consume y su mercado eléctrico queda expuesto al precio internacional. En paralelo, el impuesto a los beneficios extraordinarios es una vieja reclamación de Moncloa que choca con la doctrina del BCE y con la resistencia de los frugales. El ahorro, eso sí, depende de que Bruselas negocie como bloque y no deje que cada capital firme sus contratos por separado.

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La dimensión de medio plazo es la que de verdad se juega Europa. Von der Leyen cifra en 260.000 millones de euros anuales el ahorro en importaciones de gas y petróleo si el bloque cumple su objetivo de doblar la electrificación en 2040, el marco que recoge REPowerEU. Es la lógica comunitaria llevada a su conclusión: menos dependencia de terceros, más renovables e interconexiones. El precedente es el invierno de 2022, cuando la Unión compró gas de forma coordinada y logró llenar los almacenes sin que el precio se descontrolara; la diferencia es que entonces el adversario era Moscú y hoy el riesgo viene del estrecho de Ormuz.

El punto débil del plan es la ejecución. La compra conjunta se diseñó como plataforma voluntaria y su éxito dependió de que las grandes energéticas quisieran participar. Ampliarla a la agregación de demanda obliga a los Estados a ceder información comercial sensible y a aceptar que Bruselas fije prioridades de aprovisionamiento. Ahí es donde el eje franco-alemán y los países del sur tendrán que decidir si la unidad de compra pesa más que la soberanía de cada mercado.

Queda por ver si la cumbre convierte el anuncio en mandato. Von der Leyen ha puesto el marco; ahora son los líderes quienes deben decidir si la compra conjunta vuelve a ser la respuesta europea a una crisis de precios o si, una vez más, cada capital negocia por su cuenta y deja que la factura la paguen los ciudadanos. Dejémoslo, de momento, en un ‘ya veremos’.